Los resultantes electorales de la jornada dominical

Por Amando Basurto –

Ya se ha enfatizado la importancia de la jornada electoral del día domingo al ser el prefacio a las elecciones generales del próximo año. Vale la pena hacerlo aquí de nuevo. Todavía falta tener a mano los resultados finales de las elecciones llevadas a cabo en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz para poder hacer un análisis completo de lo ocurrido, si embargo es posible señalar un par de resultantes cuya relevancia será mayor conforme pasen los días y los conteos distritales y la calificación de la elección se realicen.

Primero, parece haber un partido ganador en la contienda del domingo. El Movimiento de Regeneración Nacional se posicionó fuertemente en el Estado de México a pesar de su probable derrota. El corto margen reportado con el 97% de las casillas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares entre los candidatos de MORENA y del Partido Revolucionario Institucional es de menos de 3% lo que indica que, a pesar del poderío electoral del PRI en aquel estado, a penas le fue suficiente para no perder. Pero más importante que el margen de diferencia entre ambos candidatos es la cantidad de votos que gana el partido de López Obrador en total. Hay que recordar que la lista nominal del Estado de México contiene poco más de 11 millones de posibles votantes y por ello representa fundamental en las aspiraciones de cualquier partido a ganar elecciones presidenciales. La cosecha de MORENA el pasado domingo rebasa un millón quinientos mil votos, convirtiéndola en la primera fuerza política en el Estado de México (ya que Alfredo del Mazo obtuvo arriba de un millón novecientos pero sólo tras la suma de los votos aportados por PRI, PVEM, PANAL y ES en coalición). A esto habría que sumar las cosechas electorales de MORENA en las elecciones llevadas acabo justo hace un año tanto en Veracruz como en la Ciudad de México. En el primer caso, el candidato Cuitláhuac García (MORENA) obtuvo poco más de 809 mil votos por debajo de dos coaliciones electorales (una PAN/PRD y otra PRI/PVEM/PANAL/AVE); en el caso de las Ciudad de México MORENA obtuvo (en las elecciones a la Asamblea) casi 750 mil votos, convirtiéndose en la primera fuerza política en la capital del país. Esto quiere decir que MORENA es hoy la primera fuerza electoral en tres de los cuatro estados con los padrones electorales más grandes (el otro caso es Jalisco).

Esto no quiere decir que Regeneración Nacional vaya en caballo de hacienda rumbo la contienda electoral de próximo año, ni mucho menos. El principal enemigo de ese partido es la soberbia y egolatría de su dirigente (y su dirigencia en lo general) y, por ello, el primer reto a vencer es el caudillismo que tanto daño político le ha causado a nuestro país históricamente. Lo que los resultados arriba mencionados indican es que estamos entrando en un momento parteaguas en la historia electoral en nuestro país que se caracteriza, uno, por requerir coaliciones para ganar elecciones (ya sea que la izquierda encuentre una manera de ir en coalición o que se fragmente en el intento de detener al partido de más rápido crecimiento electoral) y, dos, por haber abierto una escotilla falsa a las candidaturas independientes (que muy difícilmente podrá contender contra las maquinarias partidistas y de coalición en el 2018).

Pero más allá de los partidos políticos y de sus “triunfos” del pasado domingo hay una segunda resultante que habrá que seguir de cerca: el actuar de las autoridades electorales (institutos y cortes). La mala, ineficaz, o cómplice acción de estas autoridades es el un problema fundamental en nuestro sistema político. Habrá que esperar a ver lo que sucede y habrá que estar pendientes del resultado de conteos distritales y de la calificación de las elecciones (tan sólo en el Estado de México se registraron casi doscientos casos de posibles delitos electorales en la jornada del domingo). Mientras elecciones con la enorme cantidad de irregularidades como las disputadas el domingo no sean descalificadas por las instancias judiciales, el sistema electoral mexicano seguirá preso de una corrupción legalizada que perpetúa, con razón, la incredulidad ciudadana en sus instituciones. Se requiere de medidas políticas, legales y judiciales radicales para romper con el círculo vicioso (hoy tan común) de la corrupción electoral en nuestro país. Sin estas medidas no podemos llamar a nuestro sistema político, ni siquiera de manera laxa, una democracia.

 

Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México
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El nuevo subalterno de Peña Nieto y la autoritaria re-alineación del PRI

Por Amando Basurto –

No es de extrañar que, tras la jornada electoral del mes pasado, se den cambios en las dirigencias de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI). Y no es que cada proceso electoral requiera de un cambio en la dirigencia de los partidos políticos, sólo en aquellos a los que los resultados no favorecieron. Si, entiendo que los miembros del PRD han hecho berrinche porque no se les reconoce que “ganaron” de la mano del Partido de Acción Nacional en estados electoralmente relevantes como es el caso de Veracruz, pero el fracaso de la dirigencia de Agustín Basave Benítez no se reduce a consolidar al PRD como partido satélite del PAN sino que incluye una total incapacidad para navegar las aguas turbias del tribalismo perredista. Y no, a muchos no nos tomó por sorpresa la dimisión de Basave, siempre fue evidente que no pertenecía y que su liderazgo sólo entraba con calzador.

Sorpresa generó, si, la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del PRI a pesar de los malos resultados electorales porque uno podía pensar que la ropa sucia se lava mejor en casa y sin tenderla a la vista de todos. La salida de Beltrones pareció apresurada e impregnada de desaire. Pero la mayor sorpresa la provoca lo rápido con que la dirigencia del PRI se ha renovado, indicando una ofensiva desde los pinos con la intención de tomar las riendas del partido y someterlo más explícitamente al liderazgo del presidente de la república y su gabinete. En un ejemplar proceso de fast-track o de dedazo-eficaz, Enrique Ochoa Reza se presenta el día de hoy triunfante (al ser candidato único, que usualmente es lo antagónico a “de unidad”) y rinde protesta como el flamante presidente del PRI por los próximos tres años a sólo un día de haberse registrado como candidato.

La presencia de Beltrones en la presidencia del PRI mantenía un delicado equilibrio entre las fuerzas tradicionalmente políticas del partido y la tecnocracia incrustada en la administración federal. Con la llegada de Ochoa ese equilibrio de desvanece; la tecnocracia extiende sus redes sobre el PRI y lo envuelve con la intención de alinear aún más al partido con el ejecutivo nacional. Al final Ochoa no será un líder sino un subalterno tanto de Peña Nieto como de Luis Videgaray. El discurso de toma de posesión de Ochoa hace explicito esta intención de profundizar la simbiosis entre partido y gobierno (al mayor estilo del “partidazo”): “Propongo que los funcionarios de gobierno vayan a reunirse con el partido donde esté presente… Así es como los logros del gobierno son los logros del PRI, las solicitudes del partido deben ser respondidas con políticas públicas por parte del gobierno.” Difícilmente se podría expresar de mejor manera la añoranza a aquel corporativismo de mediados del siglo pasado en el que el partido único era la correa de transmisión entre la sociedad y el gobierno.

Francisco Labastida ha salido ahora a tratar, no de defender, sino a llamar a la cordura y “darle el beneficio de la duda” al hoy presidente del PRI. Lo más interesante de la declaración de Labastida no es lo que expresa sobre Enrique Ochoa sino lo que dice del PRI y del proceso antidemocrático al que los miembros del partido tienen que volverse a acostumbrar. Labastida sugiere que no hay que entramparse pensando si el proceso de selección del presidente del partido puede o no ser más democráticas, no se hagan bolas, dice: “los nombramientos de los presidentes del partido y de los candidatos a gobernadores los ha hecho siempre el presidente de la república y el presidente del partido.” Así pues, el nuevo-viejo PRI nos regala una estampa más de autoritarismo político como la manera más eficaz para enfilarse hacia las elecciones del próximo año.

¿Será que el servilismo político de Ochoa Reza como cabeza del PRI servirá para mejorar las perspectivas electorales en los siguientes dos años? ¿Quién asumirá responsabilidad si esta nueva presidencia del partido no funciona? Y aún más, ¿quién colectará los frutos si esta nueva amalgamación entre PRI y gobierno federal funciona? ¿Cuál será el botín para Enrique Ochoa en caso de que su servil-liderazgo resulte exitoso?

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

Bonita Democracia

Terminó la temporada electoral de este 2016 y tras una jornada de sorpresas para unos y de desencantos para otros vale la pena hacer un alto y pensar qué sucedió.

La mayor parte de la prensa anuncia esta jornada como un día de pérdida para el PRI y de ganar para el PAN, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿De verdad ganó el PAN o la gente simplemente dice “no más”?

Llama la atención que particularmente Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas hayan por fin dejado al PRI detrás, después de décadas (casi nueve) de estar bajo gobierno priistas. Puede entenderse que bajo los niveles de violencia y crimen en los que viven, particularmente Veracruz y Tamaulipas, la gente decidiera probar otra opción ¿sin embargo qué opciones hay?

Parece ser que la gente votó desde el hartazgo, completamente comprensible, pero hay que preguntarse si de verdad se votó por una nueva opción, si de verdad el PAN tiene la facultad y la distinción para poder resolver estos grandes problemas que aquejan a la población de los estados que han ganado.

Cuesta trabajo entender qué propuestas se pueden plantear cuando en algunos de estos estados, como es el caso de Durango, Quintana Roo y Veracruz el PAN gana en alianza con el PRD partido que por definición y en planteamientos de agenda ha sido antagonista del PAN, si quisiéramos entenderlo como una alianza entre la derecha y la “izquierda”. ¿Cómo desde estos desencuentro lograrán acuerdos?

Quizás la gran sorpresa para el PAN es Chihuahua un estado tradicionalmente priista en donde gana con Javier Corral, un político panista que se ha caracterizado por sus constantes enfrentamientos con la propia cúpula del PAN y por en numerosas ocasiones no se ha alineado a la disciplina panista y más bien ha demostrado integridad y coherencia con los temas que ha empujado desde su trabajo como legislador. Será interesante ver qué tan íntegro se mantiene en la gubernatura y desde luego se le extrañará como legislador.

Por otro lado seguimos viendo tendencias priistas en estados que si bien ha pasado por transiciones que el PRI gane francamente no revela gran sorpresa tal es el caso de Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Sinaloa que pese a los índices de violencia, desacuerdo social, gran pobreza que anteriores gobiernos priista no han podido (o no ha querido) resolver, el voto les sigue favoreciendo.

Tenemos además el escenario de la Ciudad de México en donde la elección se caracterizó por su bajísima asistencia, sólo 30% del padrón asistió a votar. Muchos aducen la falta de información de qué se trataba la elección y lo atípico de la misma, la elección del constituyente. El resultado favorece en la elección a  Morena aunque dado el diseño de conformación del Constituyente el PRD es quien tendrá mayoría en la asamblea ¿democrático el proceso?

Qué pasa con las izquierdas en el país, cuando  Morena y PRD van separados y el PRD incluso prefiere una alianza con la derecha, que buscar un proyecto desde sus agendas con un movimiento más afín como Morena. ¿Qué hubiera pasado en Veracruz si el escenario hubiera sido una alianza del PRD-Morena y no con el PAN? Parece que el PRD no confía en su agenda, y está solo buscando la sobrevivencia electoral, sus alianzas con el PAN dan señales de no tener más propuesta ni solidez y desde luego de poca congruencia. A Morena por otro lado habrá que tenerla en el ojo dadas sus ganancias, si bien no en gubernaturas, sí logaron posicionarse de manera interesante en los congresos de Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México, será su prueba de oro para ver qué tan opción pueden ser para quienes confían su voto rumbo al 2018 y habrá que ver que tan dispuestos o hábiles están para unir izquierdas y no irse solos, porque así me temo que poco lograrán a nivel nacional.

Otro proceso electoral más, tildándolo de democrático, pero lo cierto es que este país muestra cada día más que estamos lejos de la democracia cuando no hay verdaderas opciones que respondan a la ciudadanía. Cuando tenemos partidos aliados que tradicionalmente son antagonista; cuando el PAN se proclama ganador de algo que ni siquiera construyeron y que no queda claro que estén preparados o verdaderamente interesados para afrontar; cuando hay un PRI que gobierna al país y continúa en sus mismas prácticas sin ánimo de cambio pese al hartazgo de la ciudadanía; cuando ante la opción de dar espacio a la ciudadanía a que decida su futuro en la Ciudad de México ésta no cree en ello y los resultados le dan la razón, gana un partido que no tendrá la mayoría.

Y sobre todo esto unos legisladores que pareciera esperan las elecciones para tener moneda de cambio y que llevan meses discutiendo un urgente sistema anticorrupción como si este fuera la herramienta que les permitirá o darle el traste a sus opositores o acomodarlo a gusto para seguir en las mismas pero no generar cambios.

Y después de las elecciones ¿qué? ¿Esperar a ver si ahora sí viene un cambio? ¿Seguir sentados para tener solo como oportunidad de participación las elecciones? Bonita democracia…

 

– Melissa Ortiz Massó

Melissa Ortiz Massó es activista social especialista en poder legislativo, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Promotora del Parlamento y Gobierno Abierto @melamalo

Partidocracia y constitución CDMX

Por Amando Basurto –

Nada más notable en ingeniería institucional que la edificación de un cuerpo político. Ejemplos históricos hay muchos, pocos realmente ejemplares. Las constituciones tienden a ser el epítome de la concentración de poder o una expresión de las tensiones entre la constitución del poder político y el resguardo de derechos individuales. Es por ello que muchas constituciones comienzan con una retahíla de derechos mucho antes de definir tanto las instituciones como los espacios de participación política ciudadana y las herramientas para la transparencia y rendición de cuentas.

En el caso de la constitución de la Ciudad de México, los primeros temas que parecen centrales en la ingeniería institucional son: primero, ya que conocemos perfectamente los graves costos de la partidocracia en México, ¿cómo dificultamos que la recientemente creada CDMX se vuelva presa fácil de los partidos políticos? Es decir, ¿cuáles son las instituciones que deben ser planteadas para contrapesar el poder corporativista y el compadrazgo político característicos de los partidos en México? Digo, para no vernos pronto en la penosa y tortuosa tarea de “re-ciudadanizar” la política de la capital. Y segundo, ¿cómo aseguramos que desde el principio los funcionarios del gobierno de la ciudad rindan cuentas? Es decir, ¿cuáles serán los medio por los cuales se sancionará la corrupción oficial?

Sin embargo, hoy el tema se ha centrado en equilibrar el poder partidista dentro del constituyente. Mientras el grupo asesor para la redacción del proyecto es mayoritariamente perredista (y simpatizantes de izquierda), 40 de los 100 constituyentes son miembros actuales del Congreso y 6 serán designados por el Presidente Peña. Esto quiere decir que el Partido Revolucionario Institucional obtendrá una importante (si no mayoritaria) representación en la asamblea constituyente. El resto de la Asamblea Constituyente (60 individuos) será electa entre partidos y aquellos que logren registrarse como independientes. Por desgracia aquí los candidatos independientes jugarán en contra del posible equilibro de fuerzas partidistas en la asamblea, porque a más constituyentes independientes, mayor la posible representación del PRI.

La batalla política se tornará más violenta en tanto la Asamblea decida modificar en un mayor grado el proyecto presentado por el grupo asesor de Miguel Ángel Mancera. En vez de concentrarse en construir instituciones políticas modernas y democráticas, los partidos pueden simplemente tratar de dividirse de mejor manera el pastel político que la ciudad representa. Por ello, la constitución de la CDMX puede acabar consolidando la partidocracia mexicana en vez de empoderar a la ciudadanía; enfatizar la centralizad de los derechos políticos de los residentes de la capital será fundamental, pues, en los trabajos de la Asamblea Constituyente.

 

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, NY y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México

Entre ‘anárquicos’ y ‘oficialistas’: la descomposición política de México

Posiblemente, la descomposición política de un país se puede medir por el extremismo con el que se expresa el descontento social o la disciplina partidaria. Nuestro país parece estar viviendo un nuevo episodio de atrofia política en la que el gobierno parece no encontrar otra manera de lidiar con la violencia de la protesta más que con la amenaza de castigos más ejemplares y en la que la oposición se siente mayoriteada y desplazada.

Los desmanes callejeros que se vivieron en la ciudad de México el pasado 2 de octubre dan cuenta de un sector de la sociedad cuya radicalización es totalmente apolítica; es decir, que se manifiesta ausente de objetivo político explícito, que no parece estar moldeada por algún sistema ideológico o creencia y que no reconoce interlocutores políticos confiables y eficaces. Entre el elevado tono de la violencia utilizada y la enorme incapacidad que muestra la policía capitalina para lidiar con rijosos sin abusar de la autoridad, se genera más caos y acaban polarizando aun más las opiniones de los ciudadanos.

Algo que es difícil de comprender es que haya quien todavía crea que marchar manifestándose sea una buena táctica política. Lo cierto es que las marchas nunca han sido políticamente muy eficaces en México. Un gobierno que es sordo ante los reclamos de la sociedad sólo pretende reducir los costos de ese tipo de movilizaciones y utilizar el agravio sufrido por el resto de los ciudadanos (no sólo por automovilistas) para desacreditar de antemano todas las posibles causas (incluso las justas) de la movilización. O, cómo está hoy de moda alrededor del mundo, un gobierno que se asume incapaz de canalizar el descontento para reformar su actuar decide mejor por reglamentar las manifestaciones volviéndolas innocuas y desvirtuando el sentido básico de una marcha convirtiéndola en desfile.

Frente a la radicalización despolitizada, la disciplina partidista totalizadora obtiene renovadas expresiones. Ese es el caso de la Confederación Nacional  de Organizaciones Populares (CNOP) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que es el ala corporativa que alberga a la “clase media” del país. Y escribo “país”, así en su totalidad, porque según la Senadora Cristina Días Salazar, en su discurso conmemorativo del 70 aniversario del a CNOP el pasado 6 de octubre, prácticamente todos los mexicanos somos asociados de la Confederación (incluso los niños): “México y su sociedad están en transformación. Es la tarea de todos cumplir con esa cita histórica a que están convocados más de 110 millones de asociados. La CNOP está aquí para sumar y alcanzar el México Mejor que todos queremos. ¡Uniendo. La Confederación Nacional de Organizaciones Populares, transforma a México!” (según el INEGI la población total en nuestro país era en 2010 de 112,336,538; así que habrá algunos que se hayan escapado de “asociarse”). Los llamados a la “unidad” que tanto hace el gobierno en turno son una expresión de este profundo corporativismo que pretende someter a la sociedad mexicana a alinearse de nuevo bajo un sólo esquema político que, por no poderse llamar más “revolucionario” bien podría ser denominado “de la revolución fracasada”.

Ante la aplastante evidencia de la descomposición política de México cabe preguntarse ¿qué nos queda por hacer? ¿Cuáles son las vías institucionales que nos restan para la acción política? ¿Cómo convencemos a los “radicales violentos” de utilizar tales vías? ¿Será que acabamos dividiéndonos (como se ha hecho los últimos días) entre “anárquicos” y “pacíficos” por un lado, y “oficialistas” por el otro? ¿Podremos modificar esta circunstancia con “educación y cultura”? u ¿organizamos otra marcha?

La alternativa no parece estar en la violencia sin causa pero tampoco en el oficialismo reverencial.

La democracia mexicana: farsas, tragedias e impugnaciones

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley

Los resultados de la elección federal del pasado primero de julio, han dejado al descubierto –una vez más- los problemas, pendientes, debilidades y vacíos de nuestro sistema electoral; otra arista de la (al parecer) perenne problemática institucional mexicana. Se ha logrado mucho desde las elecciones limitadas de los años setenta, el fraude –ese sí, a todos luces- de 1988 y su “caída del sistema”, la (hasta cierto punto) cuestionable elección de Ernesto Zedillo y la sospechosista de Felipe Calderón Hinojosa, doce años después de aquella. La jornada es, sin duda alguna, menos oscura, es transparente aunque confusa; no está exenta de fallas, pero es mucho más confiable que otros ejercicios. Sin embargo, nuestra transición a la democracia, sigue siendo una camino lleno de farsas, tragedias e impugnaciones.

Los reclamos de AMLO y, hay que decirlo, de buena parte de las izquierdas, incluyendo movimientos ciudadanos, están cayendo en la irracionalidad, las suposiciones, el fanatismo, la nada extraña falta de autocrítica y una clara falta de visión a futuro, e inclusive realismo. No haría daño reflexionar un poco sobre algunos de estos argumentos que sostienen (débilmente) la impugnación; misma que se entiende más como una expresión irracional (en el sentido de la filosofía política) del hartazgo y frustración, que como una respuesta articulada y razonada frente a la profunda inequidad del proceso. Lo delicado, es que lo que se necesita –y desde hace 12 años, al menos- es lo segundo, y no lo primero.

En efecto EPN ganó la elección presidencial teniendo a más del 60% del electorado en contra de su candidatura, pero eso no lo hace una imposición, ni ilegítimo; y en todo caso el porcentaje se amplía con AMLO y JVM. Pretender que se desconozca a EPN o que renuncie y sea (nombrado) presidente AMLO, sí sería una imposición. No pretendo ser un apólogo del IFE, ni defensor de EPN o el PRI -¡jamás!- pero clamar “¡Fraude!” o “¡Impugnación!” es un asunto muy serio y debe estar documentado con pruebas irrefutables, no suposiciones, aunque estén fundamentadas en la razón o la historia. No invito al silencio, ni a la sumisión, pero sí a la responsabilidad que supone la presentación de pruebas, a fin de demostrar allende cualquier duda los ilícitos en materia electoral.

A ver, separemos tres cuestiones elementales: una cosa es la jornada electoral en su conjunto, otra el conteo de los votos y aún otra las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio. La primera obedece a los acontecimientos que suceden el día de la elección, ya sea dentro, fuera, cerca o en los alrededores de las casillas; así como todo aquello que impacte en la votación, de manera directa o indirecta, en todo el territorio nacional. Esta fue muy accidentada, no fue tersa, impoluta o inmaculada; nada más lejano a ello. Pero eso no la hace fraudulenta per se. Cierto, el IFE reportó más de mil incidentes el 1º de julio, pero la gran mayoría obedecieron a problemas al instalar las casillas; como las más de 70 casillas en Tamaulipas que tuvieron que cambiar de lugar o que retrasaron su apertura debido a la lluvia. Ahora bien, existen muchos reportes de compra del voto –Soriana y Monex- lo cual debe investigarse y es nuestra obligación exigir penas EJEMPLARES para quienes hayan cometido dichos ilícitos. Eso sí puede calificarse como fraude.

La Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral es muy clara al señalar que no se puede ejercer presión o violencia física para influir en el resultado de la elección, de hacerlo sería causa de nulidad en la casilla (Artículos 75, 76, 77 y 77 bis). Pero también es clara la Ley al señalar que se deben comprobar dichas acciones, y para que se anule la elección se deben anular el 25% del total de casillas instaladas. No dudo de la compra de votos, pero sí dudo que haya sido exclusivo del PRI; ¿acaso no recordamos las elecciones internas del PRD? ¿ya olvidamos que alguna o algunas tuvieron que ser anuladas, precisamente por la compra de votos? Y también dudo que la compra de votos pueda cambiar el 25% de las casillas, y en consecuencia anular la elección; lo cual por cierto, haría el TEPJF, no el IFE. Por supuesto queda la duda de cómo comprobar que hubo compra del voto; ¿cómo comprobar que Juan Pérez cambió su voto a cambio de una despensa o un horno de microondas? Si estamos insatisfechos con los criterios del COFIPE, del TEPJF o con la Ley mencionada, entonces hay que organizarnos, hay que presionar para que se modifiquen. Pero esas reglas del juego, esos actores, esos árbitros, fueron avalados por los Partidos políticos, no fueron impuestos. El fraude desde la autoridad electoral, al menos en esta elección, es una farsa, un ardid, un sofisma o retórica, pero la limpieza de la jornada electoral también lo es. No porque haya dados cargados, o una conspiración a todo lo largo del territorio nacional para evitar que AMLO sea presidente, sino porque hay permisividad para la trampa, para el cochupo. Porque hay árbitros con muy pocos dientes, e interesados en que eso se mantenga. El IFE no aprobó la Ley, sino el Congreso.

La segunda, el conteo de los votos, se refiere simple y llanamente a eso, al ejercicio de sacar las boletas de las respectivas urnas y ubicarlas en el montoncito que le corresponde: PAN – PRD – PRI – PANAL – Nulos, y posteriormente contar las boletas no utilizadas. Corroborar las cifras finales de la casilla y  registrar el resultado en la sábana respectiva, con la anuencia y aprobación de los representantes de los partidos que ahí se encuentren. En esta elección, vale recordarlo, hubo representantes de todos los partidos políticos en poco más del 96% de las casillas; y simpatizantes de AMLO en más del 98% de ellas. Se reporta el resultado al IFE, se lleva la urna al Instituto, y ahí se lleva a cabo el conteo rápido, que es sólo una muestra estadística y una proyección del resultado. El miércoles posterior a la elección de realiza el cómputo de todas las casillas, y ése es el resultado final, que ratifica el Consejo General del IFE. A grandes rasgos, eso sucede en esta etapa del proceso, y en ella es muy difícil que exista manipulación alguna, toda vez que quienes participan son ciudadanos –no a partidistas muy probablemente, pero tampoco militantes- y además ¡hay representantes de los partidos en las casillas! Por si fuera poco, la UNAM -que de algún prestigio goza y no es de corrupta- analizó los procedimientos del Instituto Federal Electoral y los aprobó –podríamos decir- con Mención honorífica. Ahora, cierto, un buen conteo no significa equidad, ni legitimidad, aunque sí legalidad. De cualquier forma, esa sería otra discusión.

La tercera, es decir las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio, es en buena medida –a mi parecer- la clave del problema en nuestra transición a la democracia. El proceso fue claramente inequitativo, las irregularidades son la regularidad; el caos, la falta de certidumbre, de transparencia, el sospechosismo, la debilidad, temor y acotamiento del árbitro, son la norma, lo normal. Lo que debe estar ahora en nuestra mira es precisamente eso, las condiciones del sistema político-electoral, y del político en su conjunto. Si hubiera ganado AMLO, ¿hubiera estado todo bien? No, las tareas seguirían pendientes, al menos muchas de ellas. Recordemos que algunas de las leyes que el Gobierno del DF ahora presume –y hace bien- fueron detenidas por AMLO, quien por ejemplo quería someter a referéndum algunos derechos de la comunidad LBGTQ. Cosas de la vida, una diputada panista le corrigió la plana. Hay que presionar a los legisladores -vía personal, ONG’s o Movimientos ciudadanos- para que no sea permisible la compra del voto o cualquier otra ilegalidad, para que haya equidad en el proceso, para que haya penas duras ante alguna infracción o ilícito. Si creemos que la Segunda Vuelta electoral resolverá el problema de la legitimidad, entonces presionemos para que se legalice, se regule de forma precisa y no de forma espontánea. Sólo consideremos que la segunda opción de quienes simpatizan con el PAN es el PRI, por cuestiones de Agenda, y no el PRD.

Hay que aceptar, no guste o no, que el voto favoreció al PRI y su candidato; es decir, no sólo a EPN, sino al PRI, eso puede apreciarse en los resultados de la elección general, no sólo presidencial. Afirmar que quienes votaron por el PRI son corruptos o ignorantes, es un error y una irresponsabilidad. Hay millones de personas que eligieron esa opción, y seguramente la mayoría lo hizo consciente de su decisión; no coincido con ellos, en lo absoluto, pero tampoco puedo descalificarlos, ni acusarlos. Merecen respeto a su voto, amén del desacuerdo.

El resultado parece ser definitivo y no se ven signos, pruebas, de que un fallo del TEPJF vaya en sentido opuesto; en consecuencia debemos trabajar con las elecciones intermedias de 2015 y las federales d 2018 en mente. Presionemos por una Reforma del Estado que abra espacios de toma de decisión política, por la transparencia y el acceso a la información, por imponer límites a los grupos de interés, por otorgar dientes a los órganos que lo requieren a fin de articular y construir condiciones democráticas. Consolidemos la rendición de cuentas y sus mecanismos. Construyamos un sistema democrático.

La democracia, una vez más, es mucho más que elecciones; participar es mucho más que votar; rendir cuentas trasciende la re elección y las instituciones gubernamentales; la inequidad no es fraude, la ilegalidad sí lo es. Pensar lo contrario es una farsa y una tragedia.

Evaluando los daños de la elección federal en México II

–Segunda entrega de dos

–Por Amando Basurto

Hasta el día de ayer por la noche, al terminar de escribir la presente, los distritos electorales no había terminado de hacer el análisis ni el recuento total de (por lo menos) el 54.5% del total de la elección presidencial. Lo que quedaba cada vez más claro es la enorme cantidad de irregularidades del proceso; lo que ha significado de entrada una bofetada con guante blanco a todos aquellos que repitieron alguna variante del estribillo iluso: “la jornada electoral fue un ejemplo de pulcritud y expresión fina de la democracia mexicana”. Tener que recontar más de la mitad de la elección es un gran revés a la confiabilidad inicial del proceso.

Sin embargo, las irregularidades en las actas no es el peor de los problemas que enfrenta la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Si lo es, desafortunadamente, el desaforado uso del poder político, el corporativismo, la corrupción, la compra sistemática de votos y el uso ilegal de recursos públicos en los que se ha convertido la maquinaria política de los partidos políticos. Especialmente las maquinarias estatales del Partido Revolucionario Institucional han demostrado ser el renovado origen de su poder político. Los grandes ganadores de las elecciones del año 2000 fueron los comités estatales que, tras depender del poder concentrado en la figura del presidente desde 1930, obtuvieron descomunales recursos para su operación política local (un avanzado cacicazgo institucionalizado). Estos son los espacios desde donde la coacción y la compra de votos fue orquestada este año con una coordinación difícilmente igualable. Esto ha puesto de cabeza el sistema electoral al que se había (supuestamente) blindado en contra del “embarazo” de urnas. El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tienen suficiente facultades para castigar estas ilegalidades y no tienen suficiente poder para anular completamente unas elecciones con tal cantidad de irregularidades. En este sentido, la evaluación arroja números rojos tanto para la confiabilidad general del proceso como para la legalidad con la que proceden los partidos políticos.

¿Cómo hacer para evitar que las dinámicas de corrupción y abuso de la necesidad sigan siendo la constante en nuestro país? Por lo visto una reforma política a fondo no será fácilmente aprobada por la partidocracia mexicana. Lo que nuestro país necesita es una sacudida política; al estilo del “pípila” –ese cuasi-mítico personaje de nuestra independencia– la estructura política necesita ser incendiada desde sus cimientos para reestablecer límites civiles de acción política, imponiendo altos costos al abuso y la corrupción y construyendo definitivamente un sistema electoral confiable. Pero más importante, ¿cómo lo hacemos políticamente antes de que la violencia nos gane el paso y veamos a nuestro país envuelto en una guerra civil?

La evaluación de daños arroja un gran perdedor. El Partido Acción Nacional pierde posiciones políticas en casi todos los puestos de elección por los que compitió el domingo. Perder la Presidencia se suma a la pérdida definitiva de la gubernatura de Morelos, a la reducción de su fuerza en el Distrito Federal y, finalmente, a convertirse en tercera fuerza política en el Congreso. La gran impopularidad de la administración Calderón penetró hondo en el sentir del electorado y Josefina Vázquez Mota no sólo cometió errores graves durante su campaña sino que no pudo desmarcarse del todo para venderse como producto “diferente”. Es muy probable que la bancada intente convertir al PAN en el partido “bisagra” en la negociación de las “reformas estructurales” con el PRI, pero en todo caso asistirá a las negociaciones con una fuerza muy menguada.

En términos de sistema de partidos, los ciudadanos resultamos perdedores tras la jornada dominical. Que el Partido Nueva Alianza mantenga su registro sólo coadyuva a la institucionalización de la corrupción y el corporativismo. Que Gabriel Quadri haya recibido poco más del 2% del voto presidencial habla muy mal de la política mexicana, en donde algunos prácticamente votarían por cualquiera con tal de no votar por los de siempre. Lo peor es que el recuento distrital podría poner al PANAL en la situación de convertirse en un partido “bisagra”, lo que nos dejaría en manos de un triunvirato temible PRI-PVM-PANAL.

Sorpresivamente, suceda lo que suceda tras los conteos distritales, la revisión de los paquetes con irregularidades y las impugnaciones ante el tribunal electoral federal, los verdaderos ganadores de la jornada del primero de julio son los partidos que conforman la Coalición Movimiento Progresista. Aun si después de agotar todas las instancias legales Andrés Manuel López Obrador no es declarado Presidente, la Coalición consiguió ganar las gubernaturas de los estados de Morelos y Tabasco, así como la Jefatura de Gobierno del D.F. (los números de la elección siguen sin ser finales pero es necesario trabajar con este supuesto). El capital político adquirido es enorme; de no dilapidarlo y coordinarlo, la Coalición se erigirá como segunda fuerza política.

Lo que se requiere es una verdadera autocrítica al interior de la Coalición y una definición de sus prioridades. En caso de que el TEPJF otorgue la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto, la Coalición deberá considerar lo inefectivas que fueron las acciones post-electorales de 1988 y del 2006. Posiblemente la mejor opción sería reconocer el resultado bajo protesta y usar el nuevo capital político para intentar crear un marco jurídico mucho más efectivo en contra de todas las irregularidades que se han presentado en las últimas elecciones presidenciales. Podrían también jugar un papel más constructivo en las reformas fiscal y laboral, y una muy legítima oposición política desde el Congreso. Incluso más importante, podrían utilizar el movimiento construido por AMLO para presionar políticamente y fiscalizar a los gobiernos estatales priístas y panistas, así como para asegurar que los gobernadores de “las izquierdas” cumplan con las expectativas de quienes los eligieron. De esta manera allanarían el camino para la elección presidencial del 2018. Para eso tendrían que reconocer que, a diferencia de los casos de Morelos y Tabasco, ganaron la Jefatura de Gobierno y una mayoría legislativa y delegacional aplastante del D.F. como resultado del efecto Ebrard y no López Obrador. Esto ayudaría a convencer a AMLO de liberar su movimiento de su liderazgo y permitir que trascienda su persona en pos de una izquierda políticamente lista para dirigir el país.

Mientras tanto nos queda estar pendientes al proceso de conteo y calificación de la elección; y debemos hacerlo reconociendo que el IFE, la FEPADE, el TEPJF no tienen las facultades de resolver todos los ilícitos ocurridos durante la campaña y la jornada. Actuar de manera efectiva y estratégica será lo único que puede hacer de este proceso uno constructivo.