Cuentas perennes, cuentas que no cuadran, cuentas que también cuentan.

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley

En 2012 el candidato del PRI –en esta ocasión Enrique Peña Nieto- hablaba una vez más del nuevo PRI, de lo distinta que sería su administración, de la renovación del Partido y su liderazgo, de honestidad, de transparencia, de apertura, de promesas. Pero tras cuatro años de su presidencia, nos encontramos con lo mismo de siempre, con el mismo PRI del Corporativismo, de las promesas incumplidas, de los discursos vacíos, del enriquecimiento, de la corrupción, de la mezquindad. En campaña, el candidato Peña Nieto hablaba del renovado PRI con nombres como Javier Duarte Gobernador de Veracruz), César Duarte (Gobernador de Chihuahua) y Roberto Borge (Gobernador de Quintana Roo); cuatro años después esos mismos nombres están ligados a acusaciones de corrupción, malversación de fondos, sobre endeudamiento y uso indebido de propiedad estatal. Pero como en el viejo PRI, la impunidad acompaña a las acusaciones. Pero no nos engañemos, corrupción e impunidad caracterizan también a otros partido políticos mexicanos; Guillermo Padrés, Cuauhtémoc Blanco…

El propio presidente y su gente más cercana –Angélica Rivera, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong- fueron muestra de ese viejo/nuevo PRI al encontrarse claras muestras de conflicto de intereses –al menos- en la adquisición de inmuebles del grupo HIGA y no haber consecuencia alguna gracias a la exoneración por parte de Virgilio Andrade (Secretaría de la Función Pública) mas que el despido de los periodistas que dieron a conocer el ilícito; y por supuesto, una disculpa a destiempo, confusa, vacía. En ese mismo tenor sospechosista y falto de transparencia están Alfredo Castillo Cervantes (ex Comisionado de Seguridad para Michoacán y ahora titular de la CONADE) y Luis Enrique Miranda (SEDESOL), funcionario que no ha hecho su declaración patrimonial completa y llega convenientemente a Desarrollo Social, en vísperas de las elecciones de 2018. Con ello sus nombres y oscuros antecedentes se unen a otros notables e impunes políticos, como Fidel Herrera –otrora gobernador de Veracruz- que como castigo a su deplorable y corrupto gobierno, EPN lo designó cónsul en Barcelona.

La presidencia de EPN –además de seguir con la histórica impunidad gubernamental- se ha caracterizado por los movimientos en el gabinete, ya sean polémicos o cuestionados; desde la renuncia de David Korenfeld a CONAGUA, la de Humberto Benítez a la PROFECO, hasta la remoción de Jesús Murillo Karam (PGR), la de Luis Videgaray (Hacienda), de Emilio Lozoya (PEMEX), de Enrique Ochoa (CFE), el ir y venir de José Antonio Meade (Hacienda, SRE, SEDESOL, Hacienda) o la inexplicable permanencia de Aurelio Nuño en la SEP o de Claudia Ruíz Massieu en la Cancillería; ¿tiene sentido la interlocución una canciller que no dirige la política exterior? ¿Le interesará a Roberta Jacobson dialogar con Ruiz Massieu? La salida de Luis Videgaray -el artífice de las reformas de Peña Nieto y de la visita de Donald Trump- es hasta ahora el movimiento más aplaudido, pero (muy) probablemente ni el otrora secretario de Hacienda saldrá del círculo cercano del Presidente y su proyecto político, ni la razón de su salida sea la que queremos creer: el precio de su torpeza en la visita del candidato republicano. Es decir, es más probable que la salida de Videgaray obedezca a una estrategia del Grupo Atlacomulco teniendo en mente la gubernatura del Estado de México y/o la Presidencia de la República, que a una seria reprimenda por el costo mediático de la visita de Donald Trump.

Mientras parte de la clase política en todo el país incrementa cuentas qué ajustar –aumentando así la impunidad y el desánimo social- el presupuesto de ingresos y egresos presentado hace unos días, trae cuentas que no cuadran dada la situación del país. Uno pensaría que la inseguridad es una de las principales amenazas al Estado mexicano, o al menos uno de los problemas más alarmantes –sin mencionar la pobreza o la falta de desarrollo- sin embargo este rubro sufrió diversos recortes. Michoacán es uno de los estados con más problemas de inseguridad, así como inestabilidad y conflictos derivados de la (necesaria o al menos explicable) aparición de las autodefensas y la prevención del delito a nivel nacional una de las tareas urgentes a fin de combatir estructuralmente la inseguridad en sus distintos niveles, sin embargo en ambos casos los programas desaparecieron para 2017. Esto sin mencionar que la ayuda federal que reciben los estados para combatir la delincuencia disminuyó en casi mil millones de pesos, ni la disminución del 65% en el presupuesto de Plataforma México o de la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otros recortes al presupuesto de egresos en temas graves de nuestro país.

Los dos últimos años de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, serán parte de un sexenio –otro más- en que el combate a la corrupción.

Anuncios

El nuevo subalterno de Peña Nieto y la autoritaria re-alineación del PRI

Por Amando Basurto –

No es de extrañar que, tras la jornada electoral del mes pasado, se den cambios en las dirigencias de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI). Y no es que cada proceso electoral requiera de un cambio en la dirigencia de los partidos políticos, sólo en aquellos a los que los resultados no favorecieron. Si, entiendo que los miembros del PRD han hecho berrinche porque no se les reconoce que “ganaron” de la mano del Partido de Acción Nacional en estados electoralmente relevantes como es el caso de Veracruz, pero el fracaso de la dirigencia de Agustín Basave Benítez no se reduce a consolidar al PRD como partido satélite del PAN sino que incluye una total incapacidad para navegar las aguas turbias del tribalismo perredista. Y no, a muchos no nos tomó por sorpresa la dimisión de Basave, siempre fue evidente que no pertenecía y que su liderazgo sólo entraba con calzador.

Sorpresa generó, si, la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del PRI a pesar de los malos resultados electorales porque uno podía pensar que la ropa sucia se lava mejor en casa y sin tenderla a la vista de todos. La salida de Beltrones pareció apresurada e impregnada de desaire. Pero la mayor sorpresa la provoca lo rápido con que la dirigencia del PRI se ha renovado, indicando una ofensiva desde los pinos con la intención de tomar las riendas del partido y someterlo más explícitamente al liderazgo del presidente de la república y su gabinete. En un ejemplar proceso de fast-track o de dedazo-eficaz, Enrique Ochoa Reza se presenta el día de hoy triunfante (al ser candidato único, que usualmente es lo antagónico a “de unidad”) y rinde protesta como el flamante presidente del PRI por los próximos tres años a sólo un día de haberse registrado como candidato.

La presencia de Beltrones en la presidencia del PRI mantenía un delicado equilibrio entre las fuerzas tradicionalmente políticas del partido y la tecnocracia incrustada en la administración federal. Con la llegada de Ochoa ese equilibrio de desvanece; la tecnocracia extiende sus redes sobre el PRI y lo envuelve con la intención de alinear aún más al partido con el ejecutivo nacional. Al final Ochoa no será un líder sino un subalterno tanto de Peña Nieto como de Luis Videgaray. El discurso de toma de posesión de Ochoa hace explicito esta intención de profundizar la simbiosis entre partido y gobierno (al mayor estilo del “partidazo”): “Propongo que los funcionarios de gobierno vayan a reunirse con el partido donde esté presente… Así es como los logros del gobierno son los logros del PRI, las solicitudes del partido deben ser respondidas con políticas públicas por parte del gobierno.” Difícilmente se podría expresar de mejor manera la añoranza a aquel corporativismo de mediados del siglo pasado en el que el partido único era la correa de transmisión entre la sociedad y el gobierno.

Francisco Labastida ha salido ahora a tratar, no de defender, sino a llamar a la cordura y “darle el beneficio de la duda” al hoy presidente del PRI. Lo más interesante de la declaración de Labastida no es lo que expresa sobre Enrique Ochoa sino lo que dice del PRI y del proceso antidemocrático al que los miembros del partido tienen que volverse a acostumbrar. Labastida sugiere que no hay que entramparse pensando si el proceso de selección del presidente del partido puede o no ser más democráticas, no se hagan bolas, dice: “los nombramientos de los presidentes del partido y de los candidatos a gobernadores los ha hecho siempre el presidente de la república y el presidente del partido.” Así pues, el nuevo-viejo PRI nos regala una estampa más de autoritarismo político como la manera más eficaz para enfilarse hacia las elecciones del próximo año.

¿Será que el servilismo político de Ochoa Reza como cabeza del PRI servirá para mejorar las perspectivas electorales en los siguientes dos años? ¿Quién asumirá responsabilidad si esta nueva presidencia del partido no funciona? Y aún más, ¿quién colectará los frutos si esta nueva amalgamación entre PRI y gobierno federal funciona? ¿Cuál será el botín para Enrique Ochoa en caso de que su servil-liderazgo resulte exitoso?

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

El preguntón incómodo

Iniciamos la semana con una manifestación novedosa en nuestro país: la publicación de una carta abierta de Alfonso Cuarón hacia Enrique Peña Nieto. La novedad no reside en que alguien publique una carta abierta dirigida al presidente, sino en que 1) lo hace una figura mediática que tiene una posición privilegiada por los reconocimientos internacionales que ha recibido recientemente y 2) la carta misma es una respuesta a un comentario que hace el presidente en una entrevista.

Por ello no parece correcto reducir la “carta abierta” de Cuarón al enlistado de las diez preguntas que contiene. Aunque precisamente éste ha sido el tratamiento más recurrente en los medios. Es cierto, las preguntas no sólo son importantes, sino claras y concisas. Sin mencionar partidos políticos y sin mostrar preferencia partidista, las preguntas de Cuarón desenmascaran parte de los problemas al rededor de la reforma energética como, por ejemplo, la falta de herramientas regulatorias (y su muy posible ineficacia por los niveles de opacidad del gobierno mexicano y corruptibilidad de los que en él laboran), el tamaño del boquete fiscal que abre la privatización del sector, y los peligros que representa la debilidad institucional de nuestro país frente al poder de negociación y presión de las grandes corporaciones energéticas.

Pero antes de enlistar las preguntas, Cuarón le reclama al presidente Peña –con razón y muy diplomáticamente– que le haya tildado de mal-informado. Y esto es lo que llama más la atención. No por el reclamo mismo sino por los comentarios de Enrique Peña que lo desatan. En la entrevista que le hace León Krauze, Peña no sólo tilda de a Cuarón de desinformado sino que lo hace ver como presa fácil (ideológicamente) de la ilusa o malintencionada propaganda de “grupos de oposición”. Cuarón revira escribiendo que la fuente de desinformación es, en realidad, el proceso legislativo “pobre” que “careció de una discusión profunda”. Y sin mencionar la propaganda de estado en la que se presentaba a un “trabajador de PEMEX” diciendo que el precio de la luz va a bajar y que va a haber mucho empleo nuevo, Cuarón inicia preguntando exactamente eso: “¿Cuál es el cronograma de esos beneficios?”

La pregunta que habría que hacerse, y que no está incluida en la carta abierta, es: ¿por qué contestó así Peña Nieto en la entrevista? Es cierto, por la forma en la que la hace Krauze, la pregunta es un ‘busca-pies’ y el presidente cae en la trampa al contestar con lo primero que le viene a la mente. Pero, ¿por qué lo primero que se le ocurre a Peña es descalificar el comentario de Cuarón como resultado de la manipulativa propaganda de “grupos de oposición”? ¿Por que no contestar con un simple: “La de Cuarón es una opinión que respeto tal y como respeto la de todos los demás ciudadanos; todavía falta que el Congreso apruebe las leyes secundarias y en ellas podrán observar todos como el temor de haber ‘vendido a México’ es infundado”? (leyes secundarias que, por cierto, se presentan hoy mismo)

Es evidente que la elección de la respuesta es resultado de la manera en como se hace y se ha hecho política en México en las últimas décadas. Si alguien tiene una opinión distinta o crítica con respecto a las decisiones que toma el gobierno entonces es, casi automáticamente, un “mal-informado” por “grupos de oposición”. La respuesta demuestra lo desinformado que está el presidente con respecto a la realidad política mexicana; si alguna vez muchos gritaron “todos somos Marcos” nadie grita “todos somos perredistas o morenistas” ni mucho menos “todos somos AMLO”. El presidente Peña probablemente cree que los que tienen dudas o están en contra de la reforma energética tal y como fue aprobada están bajo el influjo de propaganda opositora y no piensan lo que están diciendo (como él al contestar la pregunta de Krauze).

Ahora a ver si hay la respuesta del ejecutivo federal. Si se da, muy probablemente será colegiada (con la participación de los Secretarios de Energía y Hacienda) para no permitirle al presidente contestar simplemente: “tones para los preguntones”, como se dice coloquialmente en México.

El “chapo” Guzmán no es bin Laden

Los medios electrónicos y escritos están llenos de un pleito simplón entre quienes aplauden a coro la captura de Joaquín Guzmán Loera y aquellos que sencillamente la descalifican como un circo publicitario. Entre aquellos que insisten nacionalistoidemente en que la captura es un hito en tema de seguridad y quienes dicen que el “chapo” fue arrestado por ordenes superiores desde Washington. A pesar de ello, algunos pocos se han preguntado cosas más interesantes como ¿y ahora qué?, ¿cómo se va a reflejar tal arresto en la seguridad del ciudadano común? y ¿será que el gobierno mexicano es capaz de ejecutar la sentencia del chapo antes de que se vuelva a escapar o alguien lo mate?

Sin embargo, hay una pregunta que sigue en el aire; en buena medida porque la respuesta es especulativa. ¿Por qué razón el gobierno estadounidense filtró la “noticia” a la Associated Press mucho antes de que se anunciase la captura en México? La respuesta simplona es que el gobierno de los Estados Unidos es mucho mas eficaz en el uso político y propagandístico de las filtraciones a los medios que el propio gobierno mexicano. Esto es cierto; la Casa Blanca y el Congreso estadounidense tienen mucha experiencia en el uso privilegiado de la información y su filtración. La pregunta siguiente, en este caso, sería ¿qué ganaba la casa blanca con hacer saber a los estadounidenses o al mundo sobre la captura del “chapo” en primicia? Pareciera que el mensaje estaba dirigido a alguien más. Y es un mensaje que requiere interpretación.

Interpretemos entonces e imaginemos la deliberación detrás de la filtración: “el gobierno mexicano (vecino, amigo, socio, ahora con energéticos liberalizados, y con quien nos acabamos de sacar la foto) acaba de arrestar al delincuente más buscado (más adinerado y más poderoso según algunos) en la historia contemporánea de México. Lo encontró y arrestó hace pocas horas con nuestro apoyo en inteligencia pero en realidad lo hicieron ellos solos. ¿Por qué no filtramos la noticia del arresto y le arruinamos los bombos y platillos?” En verdad no creo que esta haya sido la intención de la filtración. Entonces ¿por qué no esperar a que el gobierno de Peña Nieto diese la noticia, filtrando primero la nota y saliendo a declarar después?

Es probable que el mensaje detrás de la filtración haya sido: “Ya capturaron al “chapo” Guzmán (nosotros estamos seguros de su identidad aunque el gobierno mexicano no). Lo capturaron con vida (no lo vayan a matar, desaparecer o liberar), el “chapo” no es bin Laden vale más vivo que muerto. Además queremos que reconozcan nuestro trabajo de inteligencia aunque no la presencia de nuestros agentes. Y como reconocen la importancia (fundamental) de la información que les dimos para su captura no nos vayan a negar su extradición.” Esta parece más la razón de la filtración.

Que el “chapo” Guzmán esté de nuevo tras las rejas es de aplaudir ciertamente; que se haga uso de la información que se obtenga para hacer lo mismo con quienes le otorgaron asilo y protección durante estos años lo será más. Esperemos unos días y veamos si el gobierno mexicano puede generar algo tangible de este arresto o si se queda como llamarada de petate. También esperemos a ver si el “chapo” se libra de ser extraditado o no, tal vez nuestros vecinos ya entregaron más explícitamente el mensaje en Los Pinos.

Preguntas para (no) olvidar entre el Fin del Mundo y la vuelta a la chamba

El PRI de la década de los 80 nos intercambió a Carlos Jongitud Barrios por doña Elba Esther Gordillo ¿Será que nos heredan a una nueva dirigencia del SNTE como consecuencia del fin del mundo?

Y ante este nueva re estructuración de la Seguridad Nacional, me pregunto ¿podremos crear en México una Gendarmería Nacional que no sea un cuerpo de policía militar netamente represivo como los Carabineros de Chile o la Guardia Civil de España? ¿irá por ahí el asunto?

Ante innumerables intentos, todos fallidos, algunos honestos otros placebos ¿sólo el fin del mundo podrá poner fin al conflicto entre Israel y Palestina?

Que sí, que no, que ahorita no, que el Presupuesto, que las armas en las escuelas, que yo por qué ¿el fin del mundo significará para Bashar al-Assad el fin de su régimen o los mayas lo excluyeron?

Considerando la historia reciente, y la no tanto, de las izquierdas y sus caudillos ¿podrá Andrés Manuel López Obrador hacer de MORENA un exitoso partido de oposición? ¿Lo será el nuevo, renovado -maquillado o lo que resulte- PRD?

La nueva estrategia de Seguridad del presidente EPN omite mencionar a enemigos o rivales, ¿obedece eso a un cambio estructural o sólo objetivos mediáticos? ¿La reducción presupuestaria en el área es porque habrá mejor administración? ¿No siguen faltando mecanismos de control?

En las últimas semanas ha disminuido la intensidad en los medios sobre la violencia vinculada al narcotráfico…¿espíritu decembrino? ¿coincidencia? ¿estrategia tipo el EZLN y los 15 minutos?

Se reanuda el juicio en Nicaragua y dentro de tanta bruma aún uno se pregunta ¿A cómo saldrá equipar camionetas con tecnología de punta para pasearse por Centroamérica?

Los mexicanos detenidos en Nicaragua: culpables…pero, ¿para quién trabajaban? ¿y los nexos con Televisa y/o altos directivos, otro cuento más o…?

Que EPN debe disciplinar a gobernadores y alcaldes priístas; ¿será que en realidad no nos funciona la democracia y es más operativa la mano dura, el centralismo, la disciplina priísta?

Los Caballeros Templarios afirman que si EPN cumple promesas, ellos dejarán las armas; ¿será que hubo acuerdo? De ser así, ¿estaríamos de acuerdo con tal de pacificar?

Por una lado Reforma educativa y por el otro –el renacido- Moreira pide plaza de maestro; ¿pugnas y contradicciones en el nuevo PRI? (jajajajaja)

La idea de seguir nombrando –o reconociendo- Pueblos Mágicos –programa de SECTUR- ¿es para que por arte de magia se posicionen y sean más atractivos y competitivos?

Y por último ¿quién será el tatuador de Rihanna? Ay, pero no era su plantita, ¿verdad?

La democracia mexicana: farsas, tragedias e impugnaciones

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley

Los resultados de la elección federal del pasado primero de julio, han dejado al descubierto –una vez más- los problemas, pendientes, debilidades y vacíos de nuestro sistema electoral; otra arista de la (al parecer) perenne problemática institucional mexicana. Se ha logrado mucho desde las elecciones limitadas de los años setenta, el fraude –ese sí, a todos luces- de 1988 y su “caída del sistema”, la (hasta cierto punto) cuestionable elección de Ernesto Zedillo y la sospechosista de Felipe Calderón Hinojosa, doce años después de aquella. La jornada es, sin duda alguna, menos oscura, es transparente aunque confusa; no está exenta de fallas, pero es mucho más confiable que otros ejercicios. Sin embargo, nuestra transición a la democracia, sigue siendo una camino lleno de farsas, tragedias e impugnaciones.

Los reclamos de AMLO y, hay que decirlo, de buena parte de las izquierdas, incluyendo movimientos ciudadanos, están cayendo en la irracionalidad, las suposiciones, el fanatismo, la nada extraña falta de autocrítica y una clara falta de visión a futuro, e inclusive realismo. No haría daño reflexionar un poco sobre algunos de estos argumentos que sostienen (débilmente) la impugnación; misma que se entiende más como una expresión irracional (en el sentido de la filosofía política) del hartazgo y frustración, que como una respuesta articulada y razonada frente a la profunda inequidad del proceso. Lo delicado, es que lo que se necesita –y desde hace 12 años, al menos- es lo segundo, y no lo primero.

En efecto EPN ganó la elección presidencial teniendo a más del 60% del electorado en contra de su candidatura, pero eso no lo hace una imposición, ni ilegítimo; y en todo caso el porcentaje se amplía con AMLO y JVM. Pretender que se desconozca a EPN o que renuncie y sea (nombrado) presidente AMLO, sí sería una imposición. No pretendo ser un apólogo del IFE, ni defensor de EPN o el PRI -¡jamás!- pero clamar “¡Fraude!” o “¡Impugnación!” es un asunto muy serio y debe estar documentado con pruebas irrefutables, no suposiciones, aunque estén fundamentadas en la razón o la historia. No invito al silencio, ni a la sumisión, pero sí a la responsabilidad que supone la presentación de pruebas, a fin de demostrar allende cualquier duda los ilícitos en materia electoral.

A ver, separemos tres cuestiones elementales: una cosa es la jornada electoral en su conjunto, otra el conteo de los votos y aún otra las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio. La primera obedece a los acontecimientos que suceden el día de la elección, ya sea dentro, fuera, cerca o en los alrededores de las casillas; así como todo aquello que impacte en la votación, de manera directa o indirecta, en todo el territorio nacional. Esta fue muy accidentada, no fue tersa, impoluta o inmaculada; nada más lejano a ello. Pero eso no la hace fraudulenta per se. Cierto, el IFE reportó más de mil incidentes el 1º de julio, pero la gran mayoría obedecieron a problemas al instalar las casillas; como las más de 70 casillas en Tamaulipas que tuvieron que cambiar de lugar o que retrasaron su apertura debido a la lluvia. Ahora bien, existen muchos reportes de compra del voto –Soriana y Monex- lo cual debe investigarse y es nuestra obligación exigir penas EJEMPLARES para quienes hayan cometido dichos ilícitos. Eso sí puede calificarse como fraude.

La Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral es muy clara al señalar que no se puede ejercer presión o violencia física para influir en el resultado de la elección, de hacerlo sería causa de nulidad en la casilla (Artículos 75, 76, 77 y 77 bis). Pero también es clara la Ley al señalar que se deben comprobar dichas acciones, y para que se anule la elección se deben anular el 25% del total de casillas instaladas. No dudo de la compra de votos, pero sí dudo que haya sido exclusivo del PRI; ¿acaso no recordamos las elecciones internas del PRD? ¿ya olvidamos que alguna o algunas tuvieron que ser anuladas, precisamente por la compra de votos? Y también dudo que la compra de votos pueda cambiar el 25% de las casillas, y en consecuencia anular la elección; lo cual por cierto, haría el TEPJF, no el IFE. Por supuesto queda la duda de cómo comprobar que hubo compra del voto; ¿cómo comprobar que Juan Pérez cambió su voto a cambio de una despensa o un horno de microondas? Si estamos insatisfechos con los criterios del COFIPE, del TEPJF o con la Ley mencionada, entonces hay que organizarnos, hay que presionar para que se modifiquen. Pero esas reglas del juego, esos actores, esos árbitros, fueron avalados por los Partidos políticos, no fueron impuestos. El fraude desde la autoridad electoral, al menos en esta elección, es una farsa, un ardid, un sofisma o retórica, pero la limpieza de la jornada electoral también lo es. No porque haya dados cargados, o una conspiración a todo lo largo del territorio nacional para evitar que AMLO sea presidente, sino porque hay permisividad para la trampa, para el cochupo. Porque hay árbitros con muy pocos dientes, e interesados en que eso se mantenga. El IFE no aprobó la Ley, sino el Congreso.

La segunda, el conteo de los votos, se refiere simple y llanamente a eso, al ejercicio de sacar las boletas de las respectivas urnas y ubicarlas en el montoncito que le corresponde: PAN – PRD – PRI – PANAL – Nulos, y posteriormente contar las boletas no utilizadas. Corroborar las cifras finales de la casilla y  registrar el resultado en la sábana respectiva, con la anuencia y aprobación de los representantes de los partidos que ahí se encuentren. En esta elección, vale recordarlo, hubo representantes de todos los partidos políticos en poco más del 96% de las casillas; y simpatizantes de AMLO en más del 98% de ellas. Se reporta el resultado al IFE, se lleva la urna al Instituto, y ahí se lleva a cabo el conteo rápido, que es sólo una muestra estadística y una proyección del resultado. El miércoles posterior a la elección de realiza el cómputo de todas las casillas, y ése es el resultado final, que ratifica el Consejo General del IFE. A grandes rasgos, eso sucede en esta etapa del proceso, y en ella es muy difícil que exista manipulación alguna, toda vez que quienes participan son ciudadanos –no a partidistas muy probablemente, pero tampoco militantes- y además ¡hay representantes de los partidos en las casillas! Por si fuera poco, la UNAM -que de algún prestigio goza y no es de corrupta- analizó los procedimientos del Instituto Federal Electoral y los aprobó –podríamos decir- con Mención honorífica. Ahora, cierto, un buen conteo no significa equidad, ni legitimidad, aunque sí legalidad. De cualquier forma, esa sería otra discusión.

La tercera, es decir las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio, es en buena medida –a mi parecer- la clave del problema en nuestra transición a la democracia. El proceso fue claramente inequitativo, las irregularidades son la regularidad; el caos, la falta de certidumbre, de transparencia, el sospechosismo, la debilidad, temor y acotamiento del árbitro, son la norma, lo normal. Lo que debe estar ahora en nuestra mira es precisamente eso, las condiciones del sistema político-electoral, y del político en su conjunto. Si hubiera ganado AMLO, ¿hubiera estado todo bien? No, las tareas seguirían pendientes, al menos muchas de ellas. Recordemos que algunas de las leyes que el Gobierno del DF ahora presume –y hace bien- fueron detenidas por AMLO, quien por ejemplo quería someter a referéndum algunos derechos de la comunidad LBGTQ. Cosas de la vida, una diputada panista le corrigió la plana. Hay que presionar a los legisladores -vía personal, ONG’s o Movimientos ciudadanos- para que no sea permisible la compra del voto o cualquier otra ilegalidad, para que haya equidad en el proceso, para que haya penas duras ante alguna infracción o ilícito. Si creemos que la Segunda Vuelta electoral resolverá el problema de la legitimidad, entonces presionemos para que se legalice, se regule de forma precisa y no de forma espontánea. Sólo consideremos que la segunda opción de quienes simpatizan con el PAN es el PRI, por cuestiones de Agenda, y no el PRD.

Hay que aceptar, no guste o no, que el voto favoreció al PRI y su candidato; es decir, no sólo a EPN, sino al PRI, eso puede apreciarse en los resultados de la elección general, no sólo presidencial. Afirmar que quienes votaron por el PRI son corruptos o ignorantes, es un error y una irresponsabilidad. Hay millones de personas que eligieron esa opción, y seguramente la mayoría lo hizo consciente de su decisión; no coincido con ellos, en lo absoluto, pero tampoco puedo descalificarlos, ni acusarlos. Merecen respeto a su voto, amén del desacuerdo.

El resultado parece ser definitivo y no se ven signos, pruebas, de que un fallo del TEPJF vaya en sentido opuesto; en consecuencia debemos trabajar con las elecciones intermedias de 2015 y las federales d 2018 en mente. Presionemos por una Reforma del Estado que abra espacios de toma de decisión política, por la transparencia y el acceso a la información, por imponer límites a los grupos de interés, por otorgar dientes a los órganos que lo requieren a fin de articular y construir condiciones democráticas. Consolidemos la rendición de cuentas y sus mecanismos. Construyamos un sistema democrático.

La democracia, una vez más, es mucho más que elecciones; participar es mucho más que votar; rendir cuentas trasciende la re elección y las instituciones gubernamentales; la inequidad no es fraude, la ilegalidad sí lo es. Pensar lo contrario es una farsa y una tragedia.

Evaluando los daños de la elección federal en México II

–Segunda entrega de dos

–Por Amando Basurto

Hasta el día de ayer por la noche, al terminar de escribir la presente, los distritos electorales no había terminado de hacer el análisis ni el recuento total de (por lo menos) el 54.5% del total de la elección presidencial. Lo que quedaba cada vez más claro es la enorme cantidad de irregularidades del proceso; lo que ha significado de entrada una bofetada con guante blanco a todos aquellos que repitieron alguna variante del estribillo iluso: “la jornada electoral fue un ejemplo de pulcritud y expresión fina de la democracia mexicana”. Tener que recontar más de la mitad de la elección es un gran revés a la confiabilidad inicial del proceso.

Sin embargo, las irregularidades en las actas no es el peor de los problemas que enfrenta la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Si lo es, desafortunadamente, el desaforado uso del poder político, el corporativismo, la corrupción, la compra sistemática de votos y el uso ilegal de recursos públicos en los que se ha convertido la maquinaria política de los partidos políticos. Especialmente las maquinarias estatales del Partido Revolucionario Institucional han demostrado ser el renovado origen de su poder político. Los grandes ganadores de las elecciones del año 2000 fueron los comités estatales que, tras depender del poder concentrado en la figura del presidente desde 1930, obtuvieron descomunales recursos para su operación política local (un avanzado cacicazgo institucionalizado). Estos son los espacios desde donde la coacción y la compra de votos fue orquestada este año con una coordinación difícilmente igualable. Esto ha puesto de cabeza el sistema electoral al que se había (supuestamente) blindado en contra del “embarazo” de urnas. El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tienen suficiente facultades para castigar estas ilegalidades y no tienen suficiente poder para anular completamente unas elecciones con tal cantidad de irregularidades. En este sentido, la evaluación arroja números rojos tanto para la confiabilidad general del proceso como para la legalidad con la que proceden los partidos políticos.

¿Cómo hacer para evitar que las dinámicas de corrupción y abuso de la necesidad sigan siendo la constante en nuestro país? Por lo visto una reforma política a fondo no será fácilmente aprobada por la partidocracia mexicana. Lo que nuestro país necesita es una sacudida política; al estilo del “pípila” –ese cuasi-mítico personaje de nuestra independencia– la estructura política necesita ser incendiada desde sus cimientos para reestablecer límites civiles de acción política, imponiendo altos costos al abuso y la corrupción y construyendo definitivamente un sistema electoral confiable. Pero más importante, ¿cómo lo hacemos políticamente antes de que la violencia nos gane el paso y veamos a nuestro país envuelto en una guerra civil?

La evaluación de daños arroja un gran perdedor. El Partido Acción Nacional pierde posiciones políticas en casi todos los puestos de elección por los que compitió el domingo. Perder la Presidencia se suma a la pérdida definitiva de la gubernatura de Morelos, a la reducción de su fuerza en el Distrito Federal y, finalmente, a convertirse en tercera fuerza política en el Congreso. La gran impopularidad de la administración Calderón penetró hondo en el sentir del electorado y Josefina Vázquez Mota no sólo cometió errores graves durante su campaña sino que no pudo desmarcarse del todo para venderse como producto “diferente”. Es muy probable que la bancada intente convertir al PAN en el partido “bisagra” en la negociación de las “reformas estructurales” con el PRI, pero en todo caso asistirá a las negociaciones con una fuerza muy menguada.

En términos de sistema de partidos, los ciudadanos resultamos perdedores tras la jornada dominical. Que el Partido Nueva Alianza mantenga su registro sólo coadyuva a la institucionalización de la corrupción y el corporativismo. Que Gabriel Quadri haya recibido poco más del 2% del voto presidencial habla muy mal de la política mexicana, en donde algunos prácticamente votarían por cualquiera con tal de no votar por los de siempre. Lo peor es que el recuento distrital podría poner al PANAL en la situación de convertirse en un partido “bisagra”, lo que nos dejaría en manos de un triunvirato temible PRI-PVM-PANAL.

Sorpresivamente, suceda lo que suceda tras los conteos distritales, la revisión de los paquetes con irregularidades y las impugnaciones ante el tribunal electoral federal, los verdaderos ganadores de la jornada del primero de julio son los partidos que conforman la Coalición Movimiento Progresista. Aun si después de agotar todas las instancias legales Andrés Manuel López Obrador no es declarado Presidente, la Coalición consiguió ganar las gubernaturas de los estados de Morelos y Tabasco, así como la Jefatura de Gobierno del D.F. (los números de la elección siguen sin ser finales pero es necesario trabajar con este supuesto). El capital político adquirido es enorme; de no dilapidarlo y coordinarlo, la Coalición se erigirá como segunda fuerza política.

Lo que se requiere es una verdadera autocrítica al interior de la Coalición y una definición de sus prioridades. En caso de que el TEPJF otorgue la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto, la Coalición deberá considerar lo inefectivas que fueron las acciones post-electorales de 1988 y del 2006. Posiblemente la mejor opción sería reconocer el resultado bajo protesta y usar el nuevo capital político para intentar crear un marco jurídico mucho más efectivo en contra de todas las irregularidades que se han presentado en las últimas elecciones presidenciales. Podrían también jugar un papel más constructivo en las reformas fiscal y laboral, y una muy legítima oposición política desde el Congreso. Incluso más importante, podrían utilizar el movimiento construido por AMLO para presionar políticamente y fiscalizar a los gobiernos estatales priístas y panistas, así como para asegurar que los gobernadores de “las izquierdas” cumplan con las expectativas de quienes los eligieron. De esta manera allanarían el camino para la elección presidencial del 2018. Para eso tendrían que reconocer que, a diferencia de los casos de Morelos y Tabasco, ganaron la Jefatura de Gobierno y una mayoría legislativa y delegacional aplastante del D.F. como resultado del efecto Ebrard y no López Obrador. Esto ayudaría a convencer a AMLO de liberar su movimiento de su liderazgo y permitir que trascienda su persona en pos de una izquierda políticamente lista para dirigir el país.

Mientras tanto nos queda estar pendientes al proceso de conteo y calificación de la elección; y debemos hacerlo reconociendo que el IFE, la FEPADE, el TEPJF no tienen las facultades de resolver todos los ilícitos ocurridos durante la campaña y la jornada. Actuar de manera efectiva y estratégica será lo único que puede hacer de este proceso uno constructivo.