Los resultantes electorales de la jornada dominical

Por Amando Basurto –

Ya se ha enfatizado la importancia de la jornada electoral del día domingo al ser el prefacio a las elecciones generales del próximo año. Vale la pena hacerlo aquí de nuevo. Todavía falta tener a mano los resultados finales de las elecciones llevadas a cabo en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz para poder hacer un análisis completo de lo ocurrido, si embargo es posible señalar un par de resultantes cuya relevancia será mayor conforme pasen los días y los conteos distritales y la calificación de la elección se realicen.

Primero, parece haber un partido ganador en la contienda del domingo. El Movimiento de Regeneración Nacional se posicionó fuertemente en el Estado de México a pesar de su probable derrota. El corto margen reportado con el 97% de las casillas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares entre los candidatos de MORENA y del Partido Revolucionario Institucional es de menos de 3% lo que indica que, a pesar del poderío electoral del PRI en aquel estado, a penas le fue suficiente para no perder. Pero más importante que el margen de diferencia entre ambos candidatos es la cantidad de votos que gana el partido de López Obrador en total. Hay que recordar que la lista nominal del Estado de México contiene poco más de 11 millones de posibles votantes y por ello representa fundamental en las aspiraciones de cualquier partido a ganar elecciones presidenciales. La cosecha de MORENA el pasado domingo rebasa un millón quinientos mil votos, convirtiéndola en la primera fuerza política en el Estado de México (ya que Alfredo del Mazo obtuvo arriba de un millón novecientos pero sólo tras la suma de los votos aportados por PRI, PVEM, PANAL y ES en coalición). A esto habría que sumar las cosechas electorales de MORENA en las elecciones llevadas acabo justo hace un año tanto en Veracruz como en la Ciudad de México. En el primer caso, el candidato Cuitláhuac García (MORENA) obtuvo poco más de 809 mil votos por debajo de dos coaliciones electorales (una PAN/PRD y otra PRI/PVEM/PANAL/AVE); en el caso de las Ciudad de México MORENA obtuvo (en las elecciones a la Asamblea) casi 750 mil votos, convirtiéndose en la primera fuerza política en la capital del país. Esto quiere decir que MORENA es hoy la primera fuerza electoral en tres de los cuatro estados con los padrones electorales más grandes (el otro caso es Jalisco).

Esto no quiere decir que Regeneración Nacional vaya en caballo de hacienda rumbo la contienda electoral de próximo año, ni mucho menos. El principal enemigo de ese partido es la soberbia y egolatría de su dirigente (y su dirigencia en lo general) y, por ello, el primer reto a vencer es el caudillismo que tanto daño político le ha causado a nuestro país históricamente. Lo que los resultados arriba mencionados indican es que estamos entrando en un momento parteaguas en la historia electoral en nuestro país que se caracteriza, uno, por requerir coaliciones para ganar elecciones (ya sea que la izquierda encuentre una manera de ir en coalición o que se fragmente en el intento de detener al partido de más rápido crecimiento electoral) y, dos, por haber abierto una escotilla falsa a las candidaturas independientes (que muy difícilmente podrá contender contra las maquinarias partidistas y de coalición en el 2018).

Pero más allá de los partidos políticos y de sus “triunfos” del pasado domingo hay una segunda resultante que habrá que seguir de cerca: el actuar de las autoridades electorales (institutos y cortes). La mala, ineficaz, o cómplice acción de estas autoridades es el un problema fundamental en nuestro sistema político. Habrá que esperar a ver lo que sucede y habrá que estar pendientes del resultado de conteos distritales y de la calificación de las elecciones (tan sólo en el Estado de México se registraron casi doscientos casos de posibles delitos electorales en la jornada del domingo). Mientras elecciones con la enorme cantidad de irregularidades como las disputadas el domingo no sean descalificadas por las instancias judiciales, el sistema electoral mexicano seguirá preso de una corrupción legalizada que perpetúa, con razón, la incredulidad ciudadana en sus instituciones. Se requiere de medidas políticas, legales y judiciales radicales para romper con el círculo vicioso (hoy tan común) de la corrupción electoral en nuestro país. Sin estas medidas no podemos llamar a nuestro sistema político, ni siquiera de manera laxa, una democracia.

 

Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México
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Pero pese a todo, ni excusas, ni esclusas.

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley

Hace ya dos semanas de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos y parece que a algunos aún nos cuesta trabajo aceptar o entender el resultado. El hecho de que Hillary Clinton haya ganado el voto popular por cerca de un millón de votos pero perdido la elección, reaviva los cuestionamientos sobre el sistema electoral estadounidense y probablemente –como en el año 2000 con la elección de George W. Bush- impacte en la legitimidad de la Administración de Donald Trump; pero poco abona a pasar el trago amargo de la elección y menos aún para dejar de preocuparnos por los cuatro años –ojalá no sean ocho- que lentamente pasarán a partir del 20 de enero de 2017, cuando tome juramento el presidente electo. La esperanza de que el Colegio electoral vote el próximo 19 de diciembre en un sentido contrario a lo implícitamente instruido a él por el voto estatal, pero obedeciendo al voto popular, es en realidad un sueño de opio, sin ningún sustento histórico. Asumiendo, pues, una inevitable presidencia de Donald Trump, tenemos que hasta ahora las señales que ha dado no son nada halagüeñas, no obstante sus primeros mensajes la noche misma de la elección.

La preocupación sobre una eventual presidencia de Trump creció luego de las sorprendentes victorias del Brexit, en la Gran Bretaña, y del No al Acuerdo de Paz, en Colombia. Conforme se acercaba el martes 8 de noviembre la sorpresa se veía cada vez más lejana; posible, aunque poco probable y viceversa. La preocupación creció cuando el FBI reavivó el tema de los e mails de Clinton a sólo unos días de la elección; las encuestas que seguían favoreciendo a la demócrata, ya no le daban la holgada victoria de semanas anteriores y los estados indecisos comenzaban a inclinarse hacia Donald Trump. La –ahora dubitativa- confianza de los demócratas, de los simpatizantes de Clinton –que seguro había- y de quienes querían (o deseaban) evitar a toda costa un triunfo del candidato Republicano, descansaba en que el voto femenino, el latino y el de los negros, sumados a los anteriores, eran más que suficientes para vencer a Trump y sus radicales, aún con la base dura del Partido Republicano. Sin embargo, la confianza se convirtió el preocupación a tempranas horas del martes 8; la preocupación en nerviosismo, al anochecer cuando comenzaban a llegar los primeros resultados; el nerviosismo en incredulidad, cuando la victoria de Donald Trump se perfilaba como inevitable; y finalmente, la incredulidad en estupor, en angustia, con el twitt derrotista de Clinton a las 19:55 : “gracias por todo”.

A pesar de que el abanderado del Partido Republicano hablaba de unión y de que se llevarían bien con todas las naciones –aunque no quedó claro si se refería a las naciones dentro de su país o a las naciones en el ámbito internacional- las señales que ha enviado a su país y al mundo, con los nombramientos para su gabinete confirman que lo dicho por el entonces candidato Trump, son verdaderas ideas o al menos intenciones reales, y no mero posicionamiento electoral. Reince Priebus, presidente del Comité Nacional Republicano y quien fungirá como jefe de gabinete, es una inteligente designación, toda vez que su cercanía con Paul Ryan –presidente de la Cámara de Representantes- podría facilitarle al Presidente Trump impulsar su Agenda; era de esperarse alguien del Partido, cercano a la Cámara Baja, en ese puesto. Sin embargo, las designaciones de Steve Bannon, Jeff Sessions, Rudy Giuliani, Mike Flynn o Mike Pompeo, auguran una Administración conflictiva tanto al exterior como al interior del país norteamericano. Racismo, beligerancia, militarismo y maniqueísmo, son aspectos constantes en el perfil de estos individuos que –al parecer- formarán parte esencial del gabinete de Donald Trump; la pluralidad anunciada por Mike Pence, estará por verse.

La angustia sin duda debe convertirse en aceptación y estrategia; el momento del espasmo ya pasó. La realidad es que Donald Trump será presidente y hay que enfrentar la situación. Esta semana habrá ya reuniones entre equipos de trabajo del gobierno mexicano, encabezado por el embajador Sada, y miembros del gabinete del futuro presidente; los temas a tratar serán primordialmente migración y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Evidentemente la idea es sondear las intenciones reales de la próxima administración en temas clave de la Agenda bilateral, y con base en ello determinar la estrategia a seguir e incluso la asignación de recursos. Averiguar si el temor está justificado.

Pero tengamos presente, que pese a todo, pese a los malos augurios, desalentadoras señales y advertencias (¿acaso?) veladas, las amenazas para nuestro país, no vienen primordialmente del magnate neoyorquino y su gabinete, del adverso entorno internacional y la inestable economía global, sino de nuestra clase política, de la corrupción, de la impunidad, del fortalecimiento del crimen organizado y de sus nexos con los gobiernos locales, estatales y federal; de nosotros mismos como Estado. El daño que Trump le puede hacer a México derivado de sus políticas es muy serio, pero palidece frente al daño que nuestra clase política le sigue haciendo a nuestro país, a nosotros mismos; y en mucho casos, nosotros, somos cómplices. Sin lugar a dudad la clase política –el partido político que gusten- verá en Trump y su racismo, su miopía, su ignorancia, una excusa para explicar la situación económica, la falta de crecimiento, el desempleo; y con ello una esclusa a la presión social (por todo lo anterior y) por la inseguridad, por los gobernadores que han desfalcado a sus estados, por los 43 de Ayotzinapa, por la cada vez más preocupante y creciente cifra de feminicidios en el país y las perennes promesas incumplidas. Unas vez más, la culpa no está en (las barras y) las estrellas, sino en nosotros mismos, pues en nosotros está el impulsar mecanismos que permitan combatir estos y otros problemas del Estado mexicano. Debemos exigir transparencia, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en la toma de decisiones; y nosotros debemos participar.

Algo está podrido…y no es en Dinamarca.

Something is rotten in the state of Denmark”, dice el centinela Marcelo al príncipe Hamlet antes de que apareciera el fantasma de su padre, el Rey, anunciando su asesinato a manos de su hermano, Claudio; por ello es que la frase es utilizada para hacer referencia a la descomposición de un Estado o de un gobierno, debido a la corrupción, la descomposición social, política, o las intrigas y luchas palaciegas. La frase también podría aplicarse a México, pero no en un contexto literario o de historia novelada, sino a la turbia, violenta y triste realidad, que no deja de dolernos, de sorprendernos, de acostumbrarnos. Las historias –a veces historietas- de gobernadores o ex gobernadores, que desde que estaban en ejercicio de sus funciones eran acusados de corrupción, represión o incluso de crimen organizado y luego de abandonar su cargo están prófugos habiendo dejado a sus estados quebrados y endeudados, indignan, pero poco extrañan a una población acostumbrada al encubrimiento de la clase política. Las ejecuciones, la inestabilidad política, las reformas ineficientes, el desempleo, la inflación y los “justicieros”, son simplemente expresiones de la, más que crisis, descomposición del Estado mexicano.

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, solicitó licencia para dejar su cargo 48 días antes de terminar su gestión y entregar el despacho al panista de turbio pasado, Miguel Ángel Yunes. La razón, según Duarte Ochoa, descansaba en su amor por Veracruz y abrir la posibilidad a una investigación que lo exonerara de acusaciones como lavado de dinero y delincuencia organizada, principalmente. Pero como se anunciaba y cualquier persona con un uso eventual de su intelecto podía adivinar, Javier Duarte aprovechó esa oportunidad para huir o al menos, esconderse. La sospecha de pacto o encubrimiento –una vez más- ha dominado la opinión pública. Y es que la evidencias de culpabilidad eran claras, las pruebas de enriquecimiento ilícito y de fraude contra las arcas del estado eran cosa de todos los días, meses, incluso años antes de que pidiera licencia Javier Duarte.

El ahora ex gobernador deja al estado de Veracruz en quiebra y profundamente endeudado; debiendo cerca de cuatro mil millones de pesos tan sólo a Soriana y a municipios. Por cierto, parte de la deuda a Soriana es producto de la compra de monederos electrónicos que se repartieron en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012. A los ilícitos de Duarte en términos financieros –que es necesario expresarlos en cantidades cuasi inimaginables- habría que añadir el crecimiento de la inseguridad, del crimen organizado y la persecución, desaparición o asesinato de periodistas incómodos; alrededor de 20 periodistas muertos, incluido uno asesinado en la Ciudad de México. Pero amén de todas estas sospechas, pruebas o advertencias, Javier Duarte Ochoa gobernó, abusó, reprimió y desfalcó tranquilamente al estado de Veracruz, por 5 años, 10 meses y 12 días. Lo que sucede en este momento, es crónica de una impunidad y encubrimiento anunciados y conocidos.

Caso similar es el del ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, quien es acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, por más de 30 mil millones de pesos, según la actual gobernadora Claudia Pavlovich. Al momento Padrés cuenta con una orden de aprehensión y más de 200 indagatorias en su contra por irregularidades fiscales malos manejos de las finanzas estatales, es decir, fraude. Pero al igual que Duarte y que muchos otras casos anteriores, presentes y futuros, la respuesta de sus partidos, así como de las autoridades locales y federales, es tardía, insuficiente e ineficiente. La indignación, crece.

La descomposición del gobierno no se limita a la corrupción o al enriquecimiento ilícito, sino a su incapacidad para impartir justicia y garantizar la seguridad sus ciudadanos. La respuesta de la ciudadanía ha ido desde las autodefensas hasta el linchamiento comunitario, pasando por la justicia de propia mano, incluso con sartenes. Hace unos días -el 31 de octubre- se conocieron dos casos de ciudadanos que ante la ineficacia consuetudinaria de las autoridades, así como por el hartazgo de la inseguridad, decidieron hacer justicia por su propia mano, asesinando a los asaltantes. Uno de esos casos se presentó en la carretera México-Toluca a la altura de La Marquesa, cuando cuatro individuos asaltaron un autobús de pasajeros, quienes al salir del transporte fueron atacados por uno de los pasajeros, quien los hirió y finalmente los ejecutó; el “justiciero” –asesino o ambos- regresó sus pertenencias a los pasajeros pidiendo sólo que “le hicieran el paro”, es decir, que no le denunciaran. El otro caso fue la madrugada del mismo día en Aguascalientes, donde tres mujeres defendieron su hogar de un asaltante armado con un machete, dándole muerte con sartenes y ladrillos. Ambos casos si bien son profundamente cuestionables, también son comprensibles. ¿Qué hacer cuando las autoridades no cumplen, cuando son incapaces o cuando de plano están coludidas con el crimen? Cuando la gente ve la clase política se beneficia a costa de ella, que los abusos de acumulan y se combaten sólo en apariencia, ¿es de extrañar que la respuesta sea como las que hemos visto? Las probabilidades de que casos como el de La Marquesa o Aguascalientes se repitan son muy altas; el hartazgo crece y siempre tiene límites. En efecto, algo está podrido en México, pero recordemos –y volviendo al Bardo de Avón- que “la culpa, mi querido Brutus, no recae en las estrellas, sino en nosotros que estamos bajo ellas”.

La violencia que nos pega y ¿no nos hace nada?

Hace unos días conversando con una conocida colombiana que se encontraba en Ciudad de México hablábamos de lo emocionada que estaba por estar en México y de sus deseos de dejar su país natal para venir a vivir acá, buscando una mejor vida y nuevas oportunidades de desarrollo. Por un lado, al escuchar esto me dio gusto saber que alguien de fuera vive el país de esta forma: un lugar de nuevas oportunidades y de desarrollo personal y profesional. Por otro lado, no pude evitar advertirla y decirle que no idealizara un país que si bien tiene efectivamente esas posibilidades también está inmerso en un caldo rancio de corrupción y de violencia que no puede evitar sentirse.

Me sorprende entonces la respuesta del resto de los comensales, acusándome de exagerar de no querer ver que “no estamos tan mal” como Colombia. No entraré en puntos de comparación entre la situación de Colombia y la de México, pero si quisiera reparar en el punto de México.

Este texto pudiera parecer necio, o quizás redundante, pero de verdad me parece sorprendente que en ciertos sectores sociales y geográficos del país insistamos en ser tan ciegos ante lo que nos está sucediendo. ¿Es quizás nuestro clasismo que nos deja ciegos ante la situación que vive la mayor parte del país, o nuestro urbano-centrismo que no nos deja ver más allá de nuestras cómodas colonias?

Solo algunos apuntes de lo que sucede en nuestro país en una semana:

El diario El País da cuenta de un campo de exterminio en el desierto de Coahuila en dónde al parecer se encuentran como 4600 restos óseos de a saber cuántas personas víctimas de los Zetas. El sólo encabezado es espeluznante, pero también es aterrador leer que es un campo encontrado hace más de un año, por familiares de personas desaparecidas, y en dónde las autoridades han hecho todo lo posible por ocultar el sitio, los datos y el debido proceso para procesar las evidencias y generar algún tipo de respuestas.

Por otro lado, se vivió el #MércolesNegro o Paro de Mujeres al grito de #NiUnaMenos. Miles de mujeres en todo el país se concentraron para hacer un Paro de Labores y concentraciones para demandar un alto a la violencia feminicida. Si bien la convocatoria respondió a hecho sucedidos en Argentina, donde una adolescente fue brutalmente violentada y asesinada, las mujeres de México no sólo por un acto de sororidad salen a las calles, salen porque nuestro país es uno de los que más feminicidios tiene en la región. Es un problema estructural y el Estado no responde apropiadamente. Por ejemplo, el Estado de México fue obligado a activar la alerta de Género y pese a ello en lo que va del año muere una mujer diariamente por razones de feminicidio en la entidad.

Esta misma semana en el Estado de México un juez federal encargado de llevar casos de narcotráfico fue asesinado mientras se ejercitaba.

En Jalisco un grupo de 7 personas fue privada de su libertad, uno de ellos asesinado y 6 de ellos mutilados, al parecer por una revancha entre grupos de narcomenudistas.

Y la cereza del pastel Javier Duarte exgobernador de Veracruz acusado de numerosos actos de corrupción y delincuencia organizada se fuga en las narices ¿o con la anuencia? del Estado.

En verdad ¿qué necesitamos para reaccionar? ¿nos tiene que suceder en primera persona para hacer algo? ¿Cómo podemos aceptar que una semana en nuestras vidas esté llena de estas noticias? ¿Cómo dejar seguir la vida viviendo en “Democracia” y tener más de 26 mil desaparecidos y decenas de miles de personas asesinadas en los últimos 12 años?

Cuestionémonos seriamente qué estamos haciendo y sobre todo qué estamos dejando que se haga y con esto me refiero a las autoridades quienes parecen las más ciegas de todos. Empiezan ya los aires de cambio de gobierno y faltan dos años, pero ya hay esa urgencia para que cambien las cosas.

Dentro de este pesimismo pensemos en ser personas más conscientes y más participativas del cambio de autoridades que necesitamos y también de cambio de actitud, de no normalizar, ni dejar de ver lo que pasa porque está pasando. 

 

– Melissa Ortiz Massó

Melissa Ortiz Massó es activista social especialista en poder legislativo, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Promotora del Parlamento y Gobierno Abierto @melamalo

Cuentas perennes, cuentas que no cuadran, cuentas que también cuentan.

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley

En 2012 el candidato del PRI –en esta ocasión Enrique Peña Nieto- hablaba una vez más del nuevo PRI, de lo distinta que sería su administración, de la renovación del Partido y su liderazgo, de honestidad, de transparencia, de apertura, de promesas. Pero tras cuatro años de su presidencia, nos encontramos con lo mismo de siempre, con el mismo PRI del Corporativismo, de las promesas incumplidas, de los discursos vacíos, del enriquecimiento, de la corrupción, de la mezquindad. En campaña, el candidato Peña Nieto hablaba del renovado PRI con nombres como Javier Duarte Gobernador de Veracruz), César Duarte (Gobernador de Chihuahua) y Roberto Borge (Gobernador de Quintana Roo); cuatro años después esos mismos nombres están ligados a acusaciones de corrupción, malversación de fondos, sobre endeudamiento y uso indebido de propiedad estatal. Pero como en el viejo PRI, la impunidad acompaña a las acusaciones. Pero no nos engañemos, corrupción e impunidad caracterizan también a otros partido políticos mexicanos; Guillermo Padrés, Cuauhtémoc Blanco…

El propio presidente y su gente más cercana –Angélica Rivera, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong- fueron muestra de ese viejo/nuevo PRI al encontrarse claras muestras de conflicto de intereses –al menos- en la adquisición de inmuebles del grupo HIGA y no haber consecuencia alguna gracias a la exoneración por parte de Virgilio Andrade (Secretaría de la Función Pública) mas que el despido de los periodistas que dieron a conocer el ilícito; y por supuesto, una disculpa a destiempo, confusa, vacía. En ese mismo tenor sospechosista y falto de transparencia están Alfredo Castillo Cervantes (ex Comisionado de Seguridad para Michoacán y ahora titular de la CONADE) y Luis Enrique Miranda (SEDESOL), funcionario que no ha hecho su declaración patrimonial completa y llega convenientemente a Desarrollo Social, en vísperas de las elecciones de 2018. Con ello sus nombres y oscuros antecedentes se unen a otros notables e impunes políticos, como Fidel Herrera –otrora gobernador de Veracruz- que como castigo a su deplorable y corrupto gobierno, EPN lo designó cónsul en Barcelona.

La presidencia de EPN –además de seguir con la histórica impunidad gubernamental- se ha caracterizado por los movimientos en el gabinete, ya sean polémicos o cuestionados; desde la renuncia de David Korenfeld a CONAGUA, la de Humberto Benítez a la PROFECO, hasta la remoción de Jesús Murillo Karam (PGR), la de Luis Videgaray (Hacienda), de Emilio Lozoya (PEMEX), de Enrique Ochoa (CFE), el ir y venir de José Antonio Meade (Hacienda, SRE, SEDESOL, Hacienda) o la inexplicable permanencia de Aurelio Nuño en la SEP o de Claudia Ruíz Massieu en la Cancillería; ¿tiene sentido la interlocución una canciller que no dirige la política exterior? ¿Le interesará a Roberta Jacobson dialogar con Ruiz Massieu? La salida de Luis Videgaray -el artífice de las reformas de Peña Nieto y de la visita de Donald Trump- es hasta ahora el movimiento más aplaudido, pero (muy) probablemente ni el otrora secretario de Hacienda saldrá del círculo cercano del Presidente y su proyecto político, ni la razón de su salida sea la que queremos creer: el precio de su torpeza en la visita del candidato republicano. Es decir, es más probable que la salida de Videgaray obedezca a una estrategia del Grupo Atlacomulco teniendo en mente la gubernatura del Estado de México y/o la Presidencia de la República, que a una seria reprimenda por el costo mediático de la visita de Donald Trump.

Mientras parte de la clase política en todo el país incrementa cuentas qué ajustar –aumentando así la impunidad y el desánimo social- el presupuesto de ingresos y egresos presentado hace unos días, trae cuentas que no cuadran dada la situación del país. Uno pensaría que la inseguridad es una de las principales amenazas al Estado mexicano, o al menos uno de los problemas más alarmantes –sin mencionar la pobreza o la falta de desarrollo- sin embargo este rubro sufrió diversos recortes. Michoacán es uno de los estados con más problemas de inseguridad, así como inestabilidad y conflictos derivados de la (necesaria o al menos explicable) aparición de las autodefensas y la prevención del delito a nivel nacional una de las tareas urgentes a fin de combatir estructuralmente la inseguridad en sus distintos niveles, sin embargo en ambos casos los programas desaparecieron para 2017. Esto sin mencionar que la ayuda federal que reciben los estados para combatir la delincuencia disminuyó en casi mil millones de pesos, ni la disminución del 65% en el presupuesto de Plataforma México o de la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otros recortes al presupuesto de egresos en temas graves de nuestro país.

Los dos últimos años de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, serán parte de un sexenio –otro más- en que el combate a la corrupción.

El gobierno del “poquito” conflicto de interés

Por Amando Basurto –

Un viejo dicho reza que los perros sólo a periodicazos aprenden. ¿Habrá perros que ni así aprendan? La nota de The Guardian que señala el préstamo a Angélica Rivera de un departamento –contiguo al suyo en Miami– por parte de Ricardo Pierdant ha inundado medios de información y redes sociales. Dimes y diretes de un lado y otro. La comunicación oficial niega tanto que la señora Rivera haga de ese departamento su “hogar” como que el señor Pierdant sea un “potencial contratista” del gobierno federal. Mientras unos aprovechan y atacan a la muy vilipendiada figura presidencial otros se lanzan al ruedo oficialista a defender a la parejita presidencial con altiva prestancia periodística. Que si The Guardian es una fuente confiable o no; que si The Guardian se presta a un juego anti-peñista; que si los lambiscones de siempre desdicen a todos y defienden la impopular administración federal; que si los medios de siempre tergiversan la información en un complot multinacional en contra de la benemérita institución presidencial.

En vez de un análisis complejo pero apresurado les comparto una sencilla reflexión sobre el caso: En tanto se aclara, demuestra o desmiente que en efecto haya “poquito” conflicto de interés en el caso de este departamento vale la pena preguntarse ¿qué no hay quien asesore al presidente y a su señora sobre los riesgos publicitarios de sus acciones? Porque ya en este momento, en lo que se deslindan (ir)responsabilidades, las consecuencias del periodicazo son prácticamente irrevocables. No se trata de defender a la señora Rivera, ni a Peña, pero parece que o alguien no está haciendo su chamba o la señora simplemente hace caso omiso a las “asesorías” (si es que estas existen).

Porque no se necesita ser un especialista en “comunicación institucional” para entender que la bajísima aprobación del desempeño del presidente (alrededor del 30%) tiene una relación directa y proporcional con la credibilidad que se le otorga. Todo lo que diga, haga o deje de hacer un presidente tan impopular (y su familia) será usado en su contra en las cortes mediáticas. ¿Por qué entonces utilizar un departamento “prestado”? ¿Qué acaso al presidente y a su señora no les alcanza para vivir y vacacionar sin pedir prestado un departamento, un yate o un avión y así facilitar “sospechosismos” que van a tener que salir a desmentir ante quienes les creemos poco o nada?

Todavía retumba en nuestros corazones la frase que pronunció cuando se disculpó muy sentidamente con nosotros: los servidores públicos “somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos y en esto reconozco que cometí un error”. Alguien no le está poniendo mucha atención a sus discursos señor presidente; si esto no es un claro caso de conflicto de interés o evidencia de tráfico de influencias, no le queda sino cambiar de asesores, de amigos o de esposa. ¿No le parece que le está costando demasiado tiempo y recursos estar esquivando tanto periodicazo? ¿O acaso ya es un deporte estilo salinista (ni los veo ni los oigo)? ¿Qué tanto margen de maniobra cree usted que aún tiene? ¿Cuáles son sus cálculos? Creo que su calculadora se quedó sin batería desde hace tiempo y usted, como Bora Milutinović, se ha guardado de más los cambios de asesores y de gabinete.

 

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

Sistema Nacional Anticorrupción: Pedir perdón está bien, pero no es suficiente.

Después de poco más de un año de haberse publicado la reforma constitucional para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) este lunes 18 de julio el Presidente Enrique Peña promulgó las 7 leyes que dan el marco para el SNA.

El SNA pretende generar coordinación entre los distintos poderes y niveles de gobierno y la ciudadanía (el sistema contempla la creación de un Comité Coordinador, encabezado por un ciudadano y un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos) con la idea de prevenir, controlar y sancionar los actos y prácticas de corrupción.

El marco legal del Sistema se construye por las siguientes leyes:

1.- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Básicamente en ésta, se describen las características del SNA, cómo se va a coordinar en los distintos niveles de gobierno y cómo se creará un Sistema Nacional de Fiscalización y una Plataforma Digital Nacional.

2.- Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley explica la responsabilidad y obligación de servidores públicos para presentar su declaración patrimonial, de intereses y declaración fiscal.

Las modificaciones a esta ley fueron las que se impulsaron desde el movimiento ciudadano #3de3 y tal cuál se dio la aprobación no queda del todo claro o definido si estas declaraciones serán o no públicas.

3.- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta ley y paquete de reformas, le otorga  a la Auditoría Superior de la Federación mayores elementos y “dientes” para el combate de la corrupción.

4.- Se crea además el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que llevará la tarea de sancionar tanto a servidores públicos como a particulares que incurran en faltas graves.

5.- Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Es en esta donde se establece la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Cabe destacar que esta fiscalía será un órgano autónomo.

6.- Reformas al Código Penal Federal. Es aquí donde se enlistan las sanciones y los tipos de actos de corrupción. Todo se establece tanto para funcionarios públicos como para particulares.

7.- Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esta Ley se establecen elementos que darán más fuerza y autoridad a la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la corrupción.

A partir de ahora comienza quizás la parte más complicada. Sí, si nos pareció complejo el proceso para la creación y reforma de estas leyes, lo que sigue en realidad es el paso más importante: echar a andar y hacer realidad este sistema. Toca romper la tradición de que en México tenemos muy buenas leyes…que son se cumplen.

A las autoridades les queda un gran tramo por andar y a la ciudadanía nos toca estar muy atenta también de lo que sigue y por qué no, hacer un alto y pensar en qué significa la corrupción en nuestro cotidiano y ver más allá de nuestras narices.

Vivimos en un país donde la corrupción se ha normalizado a tales niveles que en muchos hogares no se entiende la vida sin corrupción o destinar parte del presupuesto familiar para pagos y sobornos para poder acceder a servicios públicos. Según datos de Transparencia Mexicana 33% del ingreso de una familia que gana un salario mínimo se destina a estos pagos, estamos además hablando de las familias más desfavorecidas.

Detengámonos a pensar que la corrupción en nuestro país no es solo el dar una “mordida” al “poli” para evitar una infracción. Veamos a la corrupción como uno de los principales factores que afectan los Derechos Humanos en nuestro país y que violenta hasta extremos tales como la desaparición o muerte de tanta gente en los últimos años.

Sí, la corrupción no es un tema cultural, no es parte de nuestros genes, pero la tenemos muy interiorizada y toca detenerse a pensar cuán corruptos somos o cuan familiarizados estamos con ella.

Como ciudadanos nos quejamos de que nunca pasa nada, porque ciertamente así hemos visto un ir y venir de ex gobernadores o personajes de la clase política que tras actos de corrupción evidentes y a veces comprobados terminan como embajadores, cónsules o estudiando maestrías en otros países. Parece que las cosas están cambiando, hoy vemos un anuncio del SNA acompañado de una estrategia jurídica del gobierno para evitar los candados que próximos ex gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz intentaron generar para librarse de rendir cuentas.

El Sistema no es una varita mágica que de un día para otro cambie las cosas y borrón y cuenta nueva. Estoy segura que mucho costará erradicar décadas de prácticas y mentalidades corruptas. Sin embargo hay señales e instrumentos legales y transformación institucional que dan pie a que como ciudadanía comencemos también a hacer cambios y exigir cuentas.

Nos toca estar atentos e ir conociendo cómo es que el Sistema funcionará, cómo podremos acceder a la denuncia, segura y efectiva y ver que existan consecuencias, y cómo ser nosotros actores activos para que esto marche bien. Al gobierno le toca hacernos saber cómo el Sistema estará a nuestro alcance. A las organizaciones y a la academia, estar vigilantes que las personas que se escojan para los puestos ciudadanos y la Fiscalía sean las adecuadas.

Seamos pues nosotros también responsables de que esto funcione y  que sea efectivo. Seamos pues responsables también de nuestros actos y asumamos consecuencias porque aunque pedir perdón está bien, no es suficiente.

Melissa Ortiz Massó

Melissa Ortiz Massó es activista social especialista en poder legislativo, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Promotora del Parlamento y Gobierno Abierto @melamalo