El gobierno del “poquito” conflicto de interés

Por Amando Basurto –

Un viejo dicho reza que los perros sólo a periodicazos aprenden. ¿Habrá perros que ni así aprendan? La nota de The Guardian que señala el préstamo a Angélica Rivera de un departamento –contiguo al suyo en Miami– por parte de Ricardo Pierdant ha inundado medios de información y redes sociales. Dimes y diretes de un lado y otro. La comunicación oficial niega tanto que la señora Rivera haga de ese departamento su “hogar” como que el señor Pierdant sea un “potencial contratista” del gobierno federal. Mientras unos aprovechan y atacan a la muy vilipendiada figura presidencial otros se lanzan al ruedo oficialista a defender a la parejita presidencial con altiva prestancia periodística. Que si The Guardian es una fuente confiable o no; que si The Guardian se presta a un juego anti-peñista; que si los lambiscones de siempre desdicen a todos y defienden la impopular administración federal; que si los medios de siempre tergiversan la información en un complot multinacional en contra de la benemérita institución presidencial.

En vez de un análisis complejo pero apresurado les comparto una sencilla reflexión sobre el caso: En tanto se aclara, demuestra o desmiente que en efecto haya “poquito” conflicto de interés en el caso de este departamento vale la pena preguntarse ¿qué no hay quien asesore al presidente y a su señora sobre los riesgos publicitarios de sus acciones? Porque ya en este momento, en lo que se deslindan (ir)responsabilidades, las consecuencias del periodicazo son prácticamente irrevocables. No se trata de defender a la señora Rivera, ni a Peña, pero parece que o alguien no está haciendo su chamba o la señora simplemente hace caso omiso a las “asesorías” (si es que estas existen).

Porque no se necesita ser un especialista en “comunicación institucional” para entender que la bajísima aprobación del desempeño del presidente (alrededor del 30%) tiene una relación directa y proporcional con la credibilidad que se le otorga. Todo lo que diga, haga o deje de hacer un presidente tan impopular (y su familia) será usado en su contra en las cortes mediáticas. ¿Por qué entonces utilizar un departamento “prestado”? ¿Qué acaso al presidente y a su señora no les alcanza para vivir y vacacionar sin pedir prestado un departamento, un yate o un avión y así facilitar “sospechosismos” que van a tener que salir a desmentir ante quienes les creemos poco o nada?

Todavía retumba en nuestros corazones la frase que pronunció cuando se disculpó muy sentidamente con nosotros: los servidores públicos “somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos y en esto reconozco que cometí un error”. Alguien no le está poniendo mucha atención a sus discursos señor presidente; si esto no es un claro caso de conflicto de interés o evidencia de tráfico de influencias, no le queda sino cambiar de asesores, de amigos o de esposa. ¿No le parece que le está costando demasiado tiempo y recursos estar esquivando tanto periodicazo? ¿O acaso ya es un deporte estilo salinista (ni los veo ni los oigo)? ¿Qué tanto margen de maniobra cree usted que aún tiene? ¿Cuáles son sus cálculos? Creo que su calculadora se quedó sin batería desde hace tiempo y usted, como Bora Milutinović, se ha guardado de más los cambios de asesores y de gabinete.

 

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

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El nuevo subalterno de Peña Nieto y la autoritaria re-alineación del PRI

Por Amando Basurto –

No es de extrañar que, tras la jornada electoral del mes pasado, se den cambios en las dirigencias de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI). Y no es que cada proceso electoral requiera de un cambio en la dirigencia de los partidos políticos, sólo en aquellos a los que los resultados no favorecieron. Si, entiendo que los miembros del PRD han hecho berrinche porque no se les reconoce que “ganaron” de la mano del Partido de Acción Nacional en estados electoralmente relevantes como es el caso de Veracruz, pero el fracaso de la dirigencia de Agustín Basave Benítez no se reduce a consolidar al PRD como partido satélite del PAN sino que incluye una total incapacidad para navegar las aguas turbias del tribalismo perredista. Y no, a muchos no nos tomó por sorpresa la dimisión de Basave, siempre fue evidente que no pertenecía y que su liderazgo sólo entraba con calzador.

Sorpresa generó, si, la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del PRI a pesar de los malos resultados electorales porque uno podía pensar que la ropa sucia se lava mejor en casa y sin tenderla a la vista de todos. La salida de Beltrones pareció apresurada e impregnada de desaire. Pero la mayor sorpresa la provoca lo rápido con que la dirigencia del PRI se ha renovado, indicando una ofensiva desde los pinos con la intención de tomar las riendas del partido y someterlo más explícitamente al liderazgo del presidente de la república y su gabinete. En un ejemplar proceso de fast-track o de dedazo-eficaz, Enrique Ochoa Reza se presenta el día de hoy triunfante (al ser candidato único, que usualmente es lo antagónico a “de unidad”) y rinde protesta como el flamante presidente del PRI por los próximos tres años a sólo un día de haberse registrado como candidato.

La presencia de Beltrones en la presidencia del PRI mantenía un delicado equilibrio entre las fuerzas tradicionalmente políticas del partido y la tecnocracia incrustada en la administración federal. Con la llegada de Ochoa ese equilibrio de desvanece; la tecnocracia extiende sus redes sobre el PRI y lo envuelve con la intención de alinear aún más al partido con el ejecutivo nacional. Al final Ochoa no será un líder sino un subalterno tanto de Peña Nieto como de Luis Videgaray. El discurso de toma de posesión de Ochoa hace explicito esta intención de profundizar la simbiosis entre partido y gobierno (al mayor estilo del “partidazo”): “Propongo que los funcionarios de gobierno vayan a reunirse con el partido donde esté presente… Así es como los logros del gobierno son los logros del PRI, las solicitudes del partido deben ser respondidas con políticas públicas por parte del gobierno.” Difícilmente se podría expresar de mejor manera la añoranza a aquel corporativismo de mediados del siglo pasado en el que el partido único era la correa de transmisión entre la sociedad y el gobierno.

Francisco Labastida ha salido ahora a tratar, no de defender, sino a llamar a la cordura y “darle el beneficio de la duda” al hoy presidente del PRI. Lo más interesante de la declaración de Labastida no es lo que expresa sobre Enrique Ochoa sino lo que dice del PRI y del proceso antidemocrático al que los miembros del partido tienen que volverse a acostumbrar. Labastida sugiere que no hay que entramparse pensando si el proceso de selección del presidente del partido puede o no ser más democráticas, no se hagan bolas, dice: “los nombramientos de los presidentes del partido y de los candidatos a gobernadores los ha hecho siempre el presidente de la república y el presidente del partido.” Así pues, el nuevo-viejo PRI nos regala una estampa más de autoritarismo político como la manera más eficaz para enfilarse hacia las elecciones del próximo año.

¿Será que el servilismo político de Ochoa Reza como cabeza del PRI servirá para mejorar las perspectivas electorales en los siguientes dos años? ¿Quién asumirá responsabilidad si esta nueva presidencia del partido no funciona? Y aún más, ¿quién colectará los frutos si esta nueva amalgamación entre PRI y gobierno federal funciona? ¿Cuál será el botín para Enrique Ochoa en caso de que su servil-liderazgo resulte exitoso?

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

Represión y recorporativización educativa

La “reforma educativa” parece haber alcanzado su fase más contenciosa. El gobierno ha llevado al límite a la dirigencia y base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y estos han respondido con masivas movilizaciones y bloqueos (especialmente en los estados de Oaxaca y Chiapas). Los enfrentamientos entre la CNTE y el gobierno federal han generado ya 8 decesos y un centenar de heridos. El encarcelamiento de miembros de la dirigencia fue el prefacio a la manifestación masiva y disruptiva de la CNTE y al uso de la violencia por parte de un gobierno carente de legitimidad. El uso de fuerza letal en condiciones de poca gobernabilidad como las que se viven hoy en México (y en Oaxaca en especial) es simplemente injustificable.

Y ante estos eventos ¿qué posición deberíamos tomar el resto de nosotros? ¿Cómo creerle a un gobierno que reformó las condiciones laborales de todo un sector sin una consulta y negociación con los trabajadores directamente involucrados y el público en general (ni siquiera con una consulta superficialmente tomada en cuenta como la realizada en el caso de la reforma energética)? La reforma es en este sentido una expresión autoritaria en la que participaron en conjunto los partidos del Pacto por México. Pero, por otro lado, ¿cómo confiar en una disidencia magisterial que en su anti-charrismo no ha trabajado por mejorar la educación en sus zonas sino por aumentar la concesiones monetarias, laborales y políticas que los gobiernos federal y estatales les otorgó por años y por acomodarse dentro de un sistema de componendas, corrupción y cacicazgo local? Es cierto que la “reforma educativa” no atiende y mucho menos resuelve los grandes problemas que enfrentan los educandos en México, pero también lo es que la CNTE lucha por defender sus “logros laborales” que no necesariamente representan una mejora a la calidad de la educación en México sino todo lo contrario.

Habría que reconocer que cualquier intento de mejorar las condiciones educativas en México requiere, de inicio, el replanteamiento de la relación entre autoridad y trabajadores al servicio de la educación. También hay que reconocer el grave problema que el modelo corporativista y clientelista de la política mexicana representa en términos educativos. Si el SNTE o la CNTE tienen hoy irrazonables prebendas, beneficios y poder político sólo es porque los gobiernos, federal y estatales, las concedieron a cambio de votos y poder de movilización –es muy probable que esto no cambie pues el beneficio es muy alto.

La reforma educativa es un franco intento de re-corporativizar a los profesores; primero se deshicieron de Elba Ester Gordillo y realinearon al SNTE, ahora el gobierno lanza su ofensiva contra la CNTE, la arrincona y amedrenta para que ceda a una reforma que de ninguna forma sirve a sus intereses. Con el pretexto publicitario de defender el derecho de los niños a la educación, el gobierno federal descarta y descalifica cualquier intento de negociación con los profesores disidentes. La opacidad de aquello que se negoció, cuando la Secretaría de Gobernación estaba abierta a ello, dificulta simpatizar con alguna de las partes.

¿Podemos confiar en el gobierno de Enrique Peña como el legítimo depositario y defensor de educación en México cuando la Secretaria de Educación Pública es utilizada como cabeza de ariete y no para la mejora radical que requieren tanto los planes y programas de estudio como las condiciones de la educación en general? ¿Podemos confiar en un gobierno y una clase política con tantas deudas en materia de transparencia? ¿Podemos creer que la educación pública y laica puede o debe ser defendida y substanciada por una organización laboral cuyo objetivo totalmente legítimo (como el de todo sindicato en el mundo) es velar por los intereses de sus agremiados aún en detrimento de la educación en general? ¿Y qué decir del SNTE que no ha levantado la voz, muy probablemente porque su inacción ya ha sido negociada con el gobierno a cambio de obtener todas las plazas que le puedan arrebatar a la CNTE? ¿No será, entonces, que la verdadera defensa y promoción de una educación pública, laica y de calidad nos corresponde a la sociedad civil (organizada y desorganizada) desde los espacios que tengamos a mano, desde las escuelas mismas y en contra de la re-corporativización corrupta de este verdaderamente estratégico sector? Ó ¿será que volvemos a dejarle al gobierno y las corruptas corporaciones laborales la educación de niñas y niños mexicanos?

Urge, si, abrir una mesa de diálogo completamente pública y transparente que permita monitorear que el gobierno no imponga condiciones que no tengan relación directa con la mejora del sistema educativo y que ni el SNTE o la CNTE negocien y obtengan prebendas a cambio de su participación en la reforma del mismo sistema. Tras la muerte de 8 personas y con una sociedad civil movida por la violencia injustificable del gobierno, esta mesa de diálogo se hace más necesaria y, a la vez, mucho más complicada.

 

Autores-

Amando Basurto Salazar

Miguel Ángel Valenzuela Shelley

Melissa Ortiz Massó

De cuentos chinos y desconfianza a la autoridad

Por Amando Basurto –

El caso del secuestro de Alan Pulido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, inundó los medios durante el domingo y ayer lunes. Primero, su privación ilegal de la libertad anunciaba algo que parece rutinario: nadie está exento de ser victima de la rampante criminalidad que azota, especialmente, ese estado de la república. Evidentemente todos los casos de secuestros son iguales hasta que los medios y la acción selectiva de la autoridad demuestran lo contrario. Porque reportar, ex post facto, cientos de casos de ejecuciones y secuestros con pocos resultados judiciales positivos puede resultar en cierto costos políticos para un gobierno, pero hacer público el secuestro de una persona “famosa” justo unos días antes de una elección puede tener un alto impacto en el resultado de las mismas. Así que entre la presión de los medios, la presión que ha de haber ejercido el Club de Fútbol Olimpiacos, y la elecciones en puerta obligaron a la inusual coordinación de fuerzas del orden. Al final el jugador de fútbol fue rescatado y mostrado a los medios como la gran eficiencia policiaca que no-caracteriza al gobierno del estado de Tamaulipas.

El reporte oficial, que se han dado a la tarea a difundir y repetir hasta el cansancio en medios, dice que Alan forcejeó y sometió al único captor que lo custodiaba quitándole celular y pistola. Que realizó dos llamadas en las que consiguió dar santo y seña del lugar donde se encontraba para que lo rescataran. Así, afortunadamente, el jugador regresó a salvo con su familia no sin antes, voluntariamente o no, hacerle el caldo gordo al gobernador Egidio Torre. Los comentarios sobre el reporte, sobre los inverosímil del relato y sobre lo conveniente del caso no se han hecho esperar las expresiones de incredulidad y sospechosismo (como dijera aquel Secretario de Gobernación con amoríos telenovelescos). Muchas parecen ser las razones de tal respuesta.

Primero, la autoridad comete siempre un error al responder de manera más eficaz y coordinada a los casos que involucran a personas famosas o a miembros de las élites políticas y económicas, que a los casos del ciudadano común quien es el protagonista de la gran mayoría de los casos de violencia y corrupción. Esto representa una muestra de discriminación estructural.

Segundo, si en verdad el secuestro y el rescate sucedieron como lo describen los reportes oficiales, entonces estamos probablemente ante uno de los casos de privación ilegal de la libertad más mal ejecutados de la historia y, posiblemente, también ante la demostración que sólo se necesita ser un “gran atleta” para poder escapar de las garras del crimen organizado. No es que la versión oficial sea necesariamente falsa, sino que resulta inverosímil.

Tercero, el que esta exitosa operación relámpago de localización y liberación del jugador suceda justo a unos días antes de las elecciones y pueda funcionar como para maquillar la terrible incapacidad que el gobierno tamaulipeco ha demostrado en su guerra contra la inseguridad y la corrupción ha llevado a algunos a lucubrar que el secuestro fue un montaje. A mi me cuesta mucho pensar que el gobierno del estado de Tamaulipas sea capaz de simular un acto como este, poniendo en peligro la integridad física del jugador arriesgándose, así, a un mayor costo político; lo que me lleva a una hipótesis diferente: Digamos que el secuestro sucedió como lo relatan las autoridades y, al parecer, el propio Alan Pulido (y que si no hubiese sido el jugador el secuestrado esa noche muy probablemente no nos habríamos enterado); digamos entonces que en el gobierno de la ciudad o del estado se enteran y alguien se comunica con los plagiarios y pide que lo liberen, que se “equivocaron” de víctima (por ser famoso y por hacerlo tan cercano a las elecciones) y que deben soltarlo o “permitir” que las autoridades lo recuperen para no hacer más grande el caso y así “controlar el daño” tanto a la autoridad como al grupo de delincuentes. Lo que querría decir que el plagio fue real y resuelto en una negociación “política” en un estado en el que por años la línea que distingue gobierno de crimen organizado es deleble.

“Haiga sido como haiga sido” (como triunfalmente expresaba Felipe Calderón), el caso del secuestro de Alan Pulido es relevante no porque demuestre que el crimen organizado alcanza a todos por igual sin importar la fama; tampoco lo es porque muestre una actuación selectiva de los cuerpos policiacos en casos “delicados”. El drama del caso no es relevante por ser un gran montaje electorero porque no es claro que hoy el gobierno tamaulipeco obtenga ganancias electorales, no por el hecho de haber rescatado al plagiado sino por la preponderante inseguridad que permitió, de primera instancia, que el jugador fuera secuestrado. Si es muy relevante, a mi parecer, porque evidencia la poca legitimidad y credibilidad que merecen las instituciones políticas y de seguridad en nuestro país. Es cierto que ante un caso como esto no faltarían, en cualquier contexto, quienes intentaran desacreditar al gobierno, pero el desencanto con la autoridad parece ser un sentimiento generalizado. La ingobernabilidad (local, regional, nacional) no comienza con grandes movilizaciones y rebeliones, sino con esta fuerte y compartida sensación de incredulidad y desconfianza hacia todos los niveles de autoridad.

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

Debilidad institucional y crisis política en Brasil

Por Amando Basurto .–

Varios temas sobre Brasil ha preponderado en los medios: la crisis económica, el caso de corrupción ligado a PETROBRAS, el caso de lavado de dinero llamado lava jato (lavado de auto) y el desaseado proceso de juicio político a la presidente Dilma Rousseff. Lo que es más, Brasil seguirá siendo nota ahora que se acerca la celebración de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro en medio de una grave crisis de legitimidad política del gobierno de Michel Temer.

La pregunta que muchos se han dedicado a contestar es si el juicio político a Rousseff por maquillar el déficit presupuestal (violando normas fiscales) representa un golpe de estado o no, y para ello habría que intentar responder primero si es posible realizar un golpe de estado de manera legal (es decir, utilizando la normas constitucionales) o no –el dilema central reside en acabar equiparando el juicio político a un golpe de estado (especialmente cuando se considera que la verdadera rendición de cuentas requiere la posibilidad de la revocación de mandatos).

Ciertamente, no todos los golpes de estado son militares y por lo tanto no requieren del asalto armado del gobierno (ni de la cooperación de la CIA, como sucedió en Guatemala en 1954 o en Chile en 1973); el golpe de estado parlamentario (es decir realizado por el Congreso) en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012 son muestra de la destitución y exilio (ilegal e ilegítimamente) de un presidente sin el uso generalizado y espectacular de las fuerzas armadas. Sin embargo, la complejidad del caso brasileño reside tanto en sus intensos y contrastantes tintes políticos como en un problema de fondo en el hiperfragmentado sistema político heredado tras el fin de la dictadura militar (1964-1985); a esto habría que sumar la densa red de corrupción en la que están involucrados la mayoría de los representantes populares federales brasileños (el 60% de los miembros del Congreso brasileño enfrentan cargos administrativos y/o judiciales).

Hay dos generalidades que hay que tener en mente desde un inicio: 1) un golpe de estado es usualmente definido como un acto rápido y violento en el que uno de los poderes del Estado disuelve o usurpa las funciones de otro poder (ver RAE), y 2) de acuerdo al Artículo 85 de la Constitución Federal de Brasil (1988), los delitos contra la ley presupuestaria son delitos de responsabilidad del Presidente y pueden derivar en su juicio político (Art. 86). Esto quiere decir que formalmente (es decir, normativamente) el juicio político a Rousseff no es un golpe de estado. ¿Por qué entonces –si el juicio parece procedente y la mayoría de los brasileños desaprueba la administración de Rousseff– el actuar del Congreso brasileño parece ser un golpe de estado? La explicación parece residir en la combinación de la incapacidad de Dilma Rousseff para navegar políticamente en un sistema que requiere de una gran cantidad de compromisos y la oportunidad de endilgarle a ella todos los costos políticos de la crisis económica por la que atraviesa el país.

La gobernabilidad en Brasil ha exigido, desde la promulgación de la constitución de 1988, una red de compromisos que permiten establecer y mantener vivas alianzas no sólo electorales sino legislativas. Como ejemplo baste anotar que Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), fue reelecta presidente en 2014 en una boleta que incluyó a Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), como su vice-presidente. Rousseff y Temer encabezaron en aquel entonces una coalición electoral de nada menos que nueve partidos políticos, misma que conforman la alianza legislativa que otorga(ba) mayoría al gobierno de aquella. Es decir que a pesar de ser presidencialista, el sistema brasileño obtiene tintes parlamentarios cuando el presidente no consigue construir la mayoría legislativa o cuando no hace lo necesario para mantenerla o reconstruirla. No es casualidad que la destitución de Fernando Collor de Mello, a través de un juicio político por corrupción en 1992, haya sucedido en un contexto en el que el presidente no tenía una coalición de mayoría legislativa que le apoyara; sin importar aquí si Collor o no era culpable (años más tarde la Suprema Corte lo declaró inocente de los cargos) lo importante que hay que entender es que una mayoría legislativa generada a través de compromisos diversos se encarga de proteger al presidente de juicios políticos al hacer impensable que dos tercios de los diputados voten a favor.

Al parecer el estilo duro, personalista e intransigente de Dilma Rousseff acabó por desintegrar la coalición que le sostenía en el poder. Por un lado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (partido de centro al que pertenecen tanto el hoy presidente interino Michel Temer como el expresidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha –quien impulsó el juicio político contra Rousseff) vio en la crisis económica y los multitudinarios casos de corrupción una oportunidad para desbancar al PT. Por el otro lado, es posible que Rousseff haya sido intransigente incluso con los miembros corruptos dentro de su propio partido (PT) quienes pueden haberse sentido abandonados o traicionados al no ser protegidos por la presidente (hay que tomar en cuenta las sentencias de cárcel que recibieron José Dirceu, João Vaccari Nieto y Renato Duque hace un mes por el caso de corrupción PETROBRAS).

Frente a la crisis y los casos de corrupción, los legisladores encontraron en el maquillaje del déficit fiscal (a pesar de ser práctica común federal y estatalmente) la excusa perfecta y decidieron aplicar la Constitución para deshacerse de Dilma Rousseff y generar el ambiente político necesario para fundar una coalición más favorable a los intereses del PMDB. Es por esta razón que el juicio político contra Rousseff es un golpe de estado sui generis ya que, a pesar de tener fundamento legal, iniciar el proceso se ha convertido en un arma política de partidos políticos en “rebeldía” especialmente cuando –a diferencia de lo que sucede en un sistema parlamentario cuando falla un voto de confianza– el vicepresidente es designado por la constitución como presidente interino, lo que crea el estimulo perfecto para este tipo de rebeliones legislativas. El golpe de estado contre Rousseff es pues un ejemplo de la debilidad institucional tanto del sistema de partidos como de la presidencia brasileños.

La ingobernabilidad en la que Brasil está cayendo tras la suspensión de Rousseff de su cargo hace imprescindible la formación de una nueva coalición electoral legislativa y, por ello, una serie de nuevos compromisos y componendas que mantengan al sistema político a flote. El (ahora) presidente Michel Temer no tiene mucho margen de maniobra pero puede que el objetivo de alejar al PT del gobierno sea la clave para construir una nueva coalición. Por ahora, lo que parecía un gran éxito de Luiz Inacio Da Silva (organizar tanto la Copa Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos, casi uno tras el otro) se ha convertido en un gran inconveniente que Brasil ahora tiene que sortear por entre crisis económica, bretes políticos y aprieto sanitario.

 

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

 

La revolución política de Bernie Sanders

Por Amando Basurto –

Mañana se llevará a cabo le elección primaria del Partido Demócrata en el estado de Nueva York y será un evento políticamente relevante por el simple hecho que en ella se enfrentan un nativo de Brooklyn aunque con trayectoria política en Vermont – Bernie Sanders– y una hija pródiga adoptiva y exSenadora por Nueva York –Hillary Clinton. Una victoria por amplia mayoría de Sanders en NY pondría en muy serios aprietos la nominación de Clinton. Es importante resaltar el elemento de “amplia mayoría” porque ganar la elección por un margen reducido no es suficiente en Estados en los que los delegados se asignan proporcionalmente (por ejemplo, la última victoria de Sanders se dio en Wyoming en donde obtuvo el 55% de los votos por lo que los 14 delegados en juego se dividieron siete para él y siete para Clinton). Sin embargo, estos triunfos tienen un gran valor propagandístico y permiten que la campaña de Sanders mantenga viva las esperanzas de alcanzar y rebasar a Clinton en la cantidad de delegados comprometidos.

¿Pero quién es Sanders, qué representa su desafío al oficialismo demócrata y cuáles son los límites de su proyecto? Bernie Sanders es Senador por el estado de Vermont con una vibrante carrera política como independiente. La mayor parte de su trabajo político la ha realizado a nivel local; fue alcalde de la ciudad de Burlington (1981-1989) y después legislador estatal (1991-2007). Desde 2008 se desempeña como Senador por el estado de Vermont. Todos estos puestos de elección popular los ha obtenido participando como “Independiente” en un estado que ha sido dominado históricamente por el Partido Republicano. Su ascendente carrera política ha sido caracterizada por un consistente discurso en contra del oficialismo partidista y de la colusión entre los gobiernos estatales y federal con las grandes corporaciones. También ha sido muy consistente en la promoción de ampliar las coberturas públicas de salud, educación y desempleo.

Bernie Sanders es un significativo heredero de la tradición “progresista” estadounidense de finales del siglo 19 que abanderó la lucha en contra del poder económico y político de los grandes monopolios. Woodrow Wilson, una versión desradicalizada y tardía de aquel progresismo ganó las elecciones presidenciales de 1912. Las comparaciones personales son odiosas y por ello no haré una aquí, especialmente porque en vez de pensar en las posibles disimilitudes entre Wilson y Sanders habría que analizar seriamente las similitudes entre las condiciones de alta concentración de capital y riqueza a finales del siglo 19 (características de la gran depresión de 1873 y sus efectos) y las de principios del siglo 21. Sería realmente irónico que Sanders ganase la nominación y las elecciones de noviembre como Woodrow Wilson lo hizo en 1912, es decir, aprovechando un escisión en el Partido Republicano.

Sanders ha concentrado sus ataques a la campaña de Hillary Clinton en dos frentes: el primero, el más consistente, ha sido el señalamiento de la cercanía de la candidata con grandes intereses económicos y financieros, insistiendo en cómo ésta limita seriamente la posibilidad de que su presidencia les desafíe en favor de los derechos del ciudadano común. Este señalamiento se inscribe en un proyecto general de reformar la política de financiamiento a las campañas políticas que incluye revertir la decisión de la Suprema Corte en el caso comúnmente llamado Citizens United. El segundo frente ha sido cuestionar el “juicio” de Hillary Clinton en relación tanto a su voto como Senadora a favor de la invasión a Irak en 2003 y la inadecuada planeación alrededor del cambio de régimen en Libia mientras fungía como Secretaria de Estado. En contraste, Sanders propone una política exterior que utilice la vía armada sólo como último recurso y nunca como herramienta habitual de política exterior.

La agenda económica de Sanders es definitivamente la más progresista entre los candidatos que aun tienen oportunidad de abanderar a sus partidos en noviembre. Esta incluye una serie de medidas como aumentar 100% el salario mínimo federal, anular los acuerdos de libre comercio que –él acusa– han resultado en la exportación de producción y empleos, establecer un sistema de salud de cobertura universal y la segmentación de los bancos y agencias financieras más grandes del país. Es especialmente esta agenda la que ha motivado la masiva movilización de demócratas e independientes que se han sumado a lo que Sanders llama “revolución política”.

El Senador ha ganado las últimas siete elecciones primarias estatales, lo que ha significado un gran impulso a una campaña a la que pocos auguraban buen fin. Sin embargo, la gran desventaja de Sanders sigue siendo la cantidad de superdelegados (469 de 500) que han anunciado votarán por Clinton en la Convención Nacional a realizarse en Julio y que difícilmente cambiarán de parecer. El otro gran reto de la “revolución política” de Sanders será, de ganar la nominación y la presidencia, poder cumplir sus ambiciosas políticas; esto requeriría una mayoría legislativa que difícilmente lograrán los demócratas. De hecho, para poder ganar los cuatro asientos que les regresarían el control del Senado, los demócratas requieren movilizar toda su maquinaria política (el stablishment), que es blanco central de los ataques del mismo Sanders. Aunque el partido demócrata consiguiera la muy difícil tarea de ganar el control de ambas cámaras del congreso es muy probable que las políticas propuestas por Sanders sólo puedan ser llevadas a cabo parcialmente sin aprobación legislativa en forma de órdenes ejecutivas.

El mayor problema de la “revolución política” de Bernie Sanders es que parece depender de su elección como presidente, sin una verdadera base político legislativa (en algo que bien se podría llamar caudillismo a la estadounidense). El contraejemplo es el ultraconservador Tea Party, que no sólo moviliza ciudadanos a grandes mítines sino que han conseguido instalar a algunos de sus miembros en el Congreso. Desde allí, los ultraconservadores han erosionado el poder del oficialismo republicano (que ya no tiene a un pre-candidato en la carrera). Una verdadera “revolución progresista” en los Estados Unidos requeriría de un trabajo político similar: la elección al Congreso de una serie de progresistas demócratas que dieran sustento y viabilidad a una agenda como la de Sanders.

Por el momento Sanders y Clinton se enfrentarán mañana en NY. La campaña de Sanders sabe muy bien que será difícil ganar la elección; si lo logran pondrán en grandes aprietos a Hillary Clinton. Su estrategia, ganando o no, es quitarle tantos delegados como sea posible a Clinton para mantener el margen entre ellos tan cerrado como sea posible.

 

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

 

Fundando un cuarto poder ciudadano en la CDMX

Por Amando Basurto –

Repensar políticamente la capital del país es una oportunidad enorme que debe ser utilizada no sólo para recomponerla administrativamente sino para proponer instituciones políticas sin precedente. Hace unas semanas, aquí mismo en Nomos Político, comentaba que las constituciones tienden a ser el resultado de una disputa histórica entre la concentración de poder político y el resguardo de derechos individuales. En el primero de los casos los objetivos principales han sido la consolidación soberana del estado a partir de establecer una eficiente organización administrativa y (de ser necesario) la sujeción de la totalidad de los habitantes a un solo orden político (usualmente a través de políticas de desarme y pacificación). En el caso de la defensa de los derechos individuales, el objetivo central de las constituciones ha sido limitar el poder arbitrario (en casos absoluto) del gobierno a partir de la promulgación de un listado de derechos individuales intransferibles e inviolables. El constituyente de la CDMX tiene la gran oportunidad de trascender las tendencias históricas generales y plantear un cuerpo legal que no sólo organice al gobierno administrativamente o defina y defienda los derechos civiles individuales sino que establezca los medios y las facultades para la participación política de los ciudadanos en diferentes niveles.

Es por esto que no sería tan descabellado en pensar que la nueva constitución de la CDMX puede romper con el caduco molde liberal de la división tripartita del poder (ejecutivo, legislativo y judicial). Esto no quiere decir que habría que deshacerse de la división de poderes como la conocemos, sino modificarla. En términos muy simples, la división existente tiene como sustento la necesidad de un poder ejecutor unitario, contrapesado por un poder legislativo (plural e incluyente), y un poder que sea la última instancia judicial. Así heredamos esta división y poco nos hemos atrevido a repensarla y modificarla. Sin embargo cabe preguntarse, ¿cuál de estos tres poderes promueve la participación política de la ciudadanía y garantiza la transparencia y la eficaz rendición de cuentas del gobierno? Las soluciones tradicionales han sido la fiscalización desde el ejecutivo o desde comisiones del legislativo (ambos fracasos rotundos).

Es posible que promover la participación política de la ciudadanía y garantizar la transparencia y la eficaz rendición de cuentas del gobierno requiera de la creación de un cuarto poder de Participación Ciudadana y Fiscalización (llámese como se le deseé llamar). Establecer un cuarto poder no es ajeno a otros sistemas políticos ya que algunos países tienen una Suprema Corte y una Corte Constitucional y, en otros casos, tienen un poder Electoral. No es asunto de replicar esos ejemplos sino de aclarar que la Constitución de la CDMX puede hacer uso de una partición de poder similar que dote de autonomía política y de certeza jurídica a la participación política y la rendición de cuentas local.

Pensar en un cuarto poder no requiere de tanto esfuerzo; habría que pensarlo como la consolidación institucional de instrumentos jurídicos y administrativos que ya existen en la ciudad. Hay que recordar la Ley de Ciudad Abierta, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en abril, finalmente publicada en la Gaceta Oficial el 7 de octubre del año pasado. Esta ley reconoce “el derecho de los particulares de colaborar en la conformación, desarrollo y evaluación de… programas, políticas y acciones” llevadas a cabo por el gobierno del D.F. y establece la creación de un Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad de México con base en el reconocimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública y con el objetivo de ejercer un modelo de “gobernanza colaborativa”. Esta ley es el aparato legal más avanzado de participación política y transparencia que existe actualmente en la ciudad, y sin embargo es (aún sin haber sido implementado) insuficiente.

Primero, es un cuerpo colegiado con un muy bajo grado de independencia ya que aunque incluye “Consejeros Ciudadanos”, es presidido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Además, a los Consejeros Ciudadanos se les suman el Consejero Jurídico, el Oficial Mayor, y los Secretarios de Desarrollo Económico y de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Contralor General, el “Titular de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal” y al Presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa. Segundo, es un aparato institucional sin verdadera capacidad de injerencia ya que entre sus facultades, perfiladas en el Capítulo III de la ley, se encuentran establecer lineamientos, evaluar y certificar progresos, emitir lineamientos y opiniones, promover mecanismos de interacción (entre otros) lo que limita al Consejo a ser una instancia de carácter consultivo, no-resolutiva.

La buena notica es que el Consejo de Gobierno Abierto puede ser repensado por la Asamblea Constituyente e instaurado como un poder autónomo con capacidad resolutiva y una conformación completamente ciudadana (lo que implica mantenerlo independiente no sólo de los poderes ejecutivo y legislativo sino de injerencia por parte de los partidos políticos). Esto requiere repensar los principios sobre los que este poder de Participación Ciudadana y Fiscalización debe ser fundado, ya que la “Transparencia Proactiva” y la “Participación” no sólo deben ser garantizados o promovidos; el nuevo gobierno de la CDMX debe estar “obligado” a 1) transparentar la información pública (y no sólo a garantizar que se transparente cuando se le exija) y a 2) fundar espacios permanente de participación y consulta ciudadana (que no terminen siendo correas de transmisión supeditadas al legislativo local).

Es importante insistir en que la Asamblea Constituyente representará una verdadera oportunidad de “ciudadanizar” el gobierno de la CDMX. En este estricto sentido, las opciones parecen ser simplemente refrendar las formas tradicionales de representación política en México (hoy profundamente partidistas) ó innovar en materia de ingeniería constitucional.

 

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto