Represión y recorporativización educativa

La “reforma educativa” parece haber alcanzado su fase más contenciosa. El gobierno ha llevado al límite a la dirigencia y base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y estos han respondido con masivas movilizaciones y bloqueos (especialmente en los estados de Oaxaca y Chiapas). Los enfrentamientos entre la CNTE y el gobierno federal han generado ya 8 decesos y un centenar de heridos. El encarcelamiento de miembros de la dirigencia fue el prefacio a la manifestación masiva y disruptiva de la CNTE y al uso de la violencia por parte de un gobierno carente de legitimidad. El uso de fuerza letal en condiciones de poca gobernabilidad como las que se viven hoy en México (y en Oaxaca en especial) es simplemente injustificable.

Y ante estos eventos ¿qué posición deberíamos tomar el resto de nosotros? ¿Cómo creerle a un gobierno que reformó las condiciones laborales de todo un sector sin una consulta y negociación con los trabajadores directamente involucrados y el público en general (ni siquiera con una consulta superficialmente tomada en cuenta como la realizada en el caso de la reforma energética)? La reforma es en este sentido una expresión autoritaria en la que participaron en conjunto los partidos del Pacto por México. Pero, por otro lado, ¿cómo confiar en una disidencia magisterial que en su anti-charrismo no ha trabajado por mejorar la educación en sus zonas sino por aumentar la concesiones monetarias, laborales y políticas que los gobiernos federal y estatales les otorgó por años y por acomodarse dentro de un sistema de componendas, corrupción y cacicazgo local? Es cierto que la “reforma educativa” no atiende y mucho menos resuelve los grandes problemas que enfrentan los educandos en México, pero también lo es que la CNTE lucha por defender sus “logros laborales” que no necesariamente representan una mejora a la calidad de la educación en México sino todo lo contrario.

Habría que reconocer que cualquier intento de mejorar las condiciones educativas en México requiere, de inicio, el replanteamiento de la relación entre autoridad y trabajadores al servicio de la educación. También hay que reconocer el grave problema que el modelo corporativista y clientelista de la política mexicana representa en términos educativos. Si el SNTE o la CNTE tienen hoy irrazonables prebendas, beneficios y poder político sólo es porque los gobiernos, federal y estatales, las concedieron a cambio de votos y poder de movilización –es muy probable que esto no cambie pues el beneficio es muy alto.

La reforma educativa es un franco intento de re-corporativizar a los profesores; primero se deshicieron de Elba Ester Gordillo y realinearon al SNTE, ahora el gobierno lanza su ofensiva contra la CNTE, la arrincona y amedrenta para que ceda a una reforma que de ninguna forma sirve a sus intereses. Con el pretexto publicitario de defender el derecho de los niños a la educación, el gobierno federal descarta y descalifica cualquier intento de negociación con los profesores disidentes. La opacidad de aquello que se negoció, cuando la Secretaría de Gobernación estaba abierta a ello, dificulta simpatizar con alguna de las partes.

¿Podemos confiar en el gobierno de Enrique Peña como el legítimo depositario y defensor de educación en México cuando la Secretaria de Educación Pública es utilizada como cabeza de ariete y no para la mejora radical que requieren tanto los planes y programas de estudio como las condiciones de la educación en general? ¿Podemos confiar en un gobierno y una clase política con tantas deudas en materia de transparencia? ¿Podemos creer que la educación pública y laica puede o debe ser defendida y substanciada por una organización laboral cuyo objetivo totalmente legítimo (como el de todo sindicato en el mundo) es velar por los intereses de sus agremiados aún en detrimento de la educación en general? ¿Y qué decir del SNTE que no ha levantado la voz, muy probablemente porque su inacción ya ha sido negociada con el gobierno a cambio de obtener todas las plazas que le puedan arrebatar a la CNTE? ¿No será, entonces, que la verdadera defensa y promoción de una educación pública, laica y de calidad nos corresponde a la sociedad civil (organizada y desorganizada) desde los espacios que tengamos a mano, desde las escuelas mismas y en contra de la re-corporativización corrupta de este verdaderamente estratégico sector? Ó ¿será que volvemos a dejarle al gobierno y las corruptas corporaciones laborales la educación de niñas y niños mexicanos?

Urge, si, abrir una mesa de diálogo completamente pública y transparente que permita monitorear que el gobierno no imponga condiciones que no tengan relación directa con la mejora del sistema educativo y que ni el SNTE o la CNTE negocien y obtengan prebendas a cambio de su participación en la reforma del mismo sistema. Tras la muerte de 8 personas y con una sociedad civil movida por la violencia injustificable del gobierno, esta mesa de diálogo se hace más necesaria y, a la vez, mucho más complicada.

 

Autores-

Amando Basurto Salazar

Miguel Ángel Valenzuela Shelley

Melissa Ortiz Massó

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