De cuentos chinos y desconfianza a la autoridad

Por Amando Basurto –

El caso del secuestro de Alan Pulido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, inundó los medios durante el domingo y ayer lunes. Primero, su privación ilegal de la libertad anunciaba algo que parece rutinario: nadie está exento de ser victima de la rampante criminalidad que azota, especialmente, ese estado de la república. Evidentemente todos los casos de secuestros son iguales hasta que los medios y la acción selectiva de la autoridad demuestran lo contrario. Porque reportar, ex post facto, cientos de casos de ejecuciones y secuestros con pocos resultados judiciales positivos puede resultar en cierto costos políticos para un gobierno, pero hacer público el secuestro de una persona “famosa” justo unos días antes de una elección puede tener un alto impacto en el resultado de las mismas. Así que entre la presión de los medios, la presión que ha de haber ejercido el Club de Fútbol Olimpiacos, y la elecciones en puerta obligaron a la inusual coordinación de fuerzas del orden. Al final el jugador de fútbol fue rescatado y mostrado a los medios como la gran eficiencia policiaca que no-caracteriza al gobierno del estado de Tamaulipas.

El reporte oficial, que se han dado a la tarea a difundir y repetir hasta el cansancio en medios, dice que Alan forcejeó y sometió al único captor que lo custodiaba quitándole celular y pistola. Que realizó dos llamadas en las que consiguió dar santo y seña del lugar donde se encontraba para que lo rescataran. Así, afortunadamente, el jugador regresó a salvo con su familia no sin antes, voluntariamente o no, hacerle el caldo gordo al gobernador Egidio Torre. Los comentarios sobre el reporte, sobre los inverosímil del relato y sobre lo conveniente del caso no se han hecho esperar las expresiones de incredulidad y sospechosismo (como dijera aquel Secretario de Gobernación con amoríos telenovelescos). Muchas parecen ser las razones de tal respuesta.

Primero, la autoridad comete siempre un error al responder de manera más eficaz y coordinada a los casos que involucran a personas famosas o a miembros de las élites políticas y económicas, que a los casos del ciudadano común quien es el protagonista de la gran mayoría de los casos de violencia y corrupción. Esto representa una muestra de discriminación estructural.

Segundo, si en verdad el secuestro y el rescate sucedieron como lo describen los reportes oficiales, entonces estamos probablemente ante uno de los casos de privación ilegal de la libertad más mal ejecutados de la historia y, posiblemente, también ante la demostración que sólo se necesita ser un “gran atleta” para poder escapar de las garras del crimen organizado. No es que la versión oficial sea necesariamente falsa, sino que resulta inverosímil.

Tercero, el que esta exitosa operación relámpago de localización y liberación del jugador suceda justo a unos días antes de las elecciones y pueda funcionar como para maquillar la terrible incapacidad que el gobierno tamaulipeco ha demostrado en su guerra contra la inseguridad y la corrupción ha llevado a algunos a lucubrar que el secuestro fue un montaje. A mi me cuesta mucho pensar que el gobierno del estado de Tamaulipas sea capaz de simular un acto como este, poniendo en peligro la integridad física del jugador arriesgándose, así, a un mayor costo político; lo que me lleva a una hipótesis diferente: Digamos que el secuestro sucedió como lo relatan las autoridades y, al parecer, el propio Alan Pulido (y que si no hubiese sido el jugador el secuestrado esa noche muy probablemente no nos habríamos enterado); digamos entonces que en el gobierno de la ciudad o del estado se enteran y alguien se comunica con los plagiarios y pide que lo liberen, que se “equivocaron” de víctima (por ser famoso y por hacerlo tan cercano a las elecciones) y que deben soltarlo o “permitir” que las autoridades lo recuperen para no hacer más grande el caso y así “controlar el daño” tanto a la autoridad como al grupo de delincuentes. Lo que querría decir que el plagio fue real y resuelto en una negociación “política” en un estado en el que por años la línea que distingue gobierno de crimen organizado es deleble.

“Haiga sido como haiga sido” (como triunfalmente expresaba Felipe Calderón), el caso del secuestro de Alan Pulido es relevante no porque demuestre que el crimen organizado alcanza a todos por igual sin importar la fama; tampoco lo es porque muestre una actuación selectiva de los cuerpos policiacos en casos “delicados”. El drama del caso no es relevante por ser un gran montaje electorero porque no es claro que hoy el gobierno tamaulipeco obtenga ganancias electorales, no por el hecho de haber rescatado al plagiado sino por la preponderante inseguridad que permitió, de primera instancia, que el jugador fuera secuestrado. Si es muy relevante, a mi parecer, porque evidencia la poca legitimidad y credibilidad que merecen las instituciones políticas y de seguridad en nuestro país. Es cierto que ante un caso como esto no faltarían, en cualquier contexto, quienes intentaran desacreditar al gobierno, pero el desencanto con la autoridad parece ser un sentimiento generalizado. La ingobernabilidad (local, regional, nacional) no comienza con grandes movilizaciones y rebeliones, sino con esta fuerte y compartida sensación de incredulidad y desconfianza hacia todos los niveles de autoridad.

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

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Debilidad institucional y crisis política en Brasil

Por Amando Basurto .–

Varios temas sobre Brasil ha preponderado en los medios: la crisis económica, el caso de corrupción ligado a PETROBRAS, el caso de lavado de dinero llamado lava jato (lavado de auto) y el desaseado proceso de juicio político a la presidente Dilma Rousseff. Lo que es más, Brasil seguirá siendo nota ahora que se acerca la celebración de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro en medio de una grave crisis de legitimidad política del gobierno de Michel Temer.

La pregunta que muchos se han dedicado a contestar es si el juicio político a Rousseff por maquillar el déficit presupuestal (violando normas fiscales) representa un golpe de estado o no, y para ello habría que intentar responder primero si es posible realizar un golpe de estado de manera legal (es decir, utilizando la normas constitucionales) o no –el dilema central reside en acabar equiparando el juicio político a un golpe de estado (especialmente cuando se considera que la verdadera rendición de cuentas requiere la posibilidad de la revocación de mandatos).

Ciertamente, no todos los golpes de estado son militares y por lo tanto no requieren del asalto armado del gobierno (ni de la cooperación de la CIA, como sucedió en Guatemala en 1954 o en Chile en 1973); el golpe de estado parlamentario (es decir realizado por el Congreso) en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012 son muestra de la destitución y exilio (ilegal e ilegítimamente) de un presidente sin el uso generalizado y espectacular de las fuerzas armadas. Sin embargo, la complejidad del caso brasileño reside tanto en sus intensos y contrastantes tintes políticos como en un problema de fondo en el hiperfragmentado sistema político heredado tras el fin de la dictadura militar (1964-1985); a esto habría que sumar la densa red de corrupción en la que están involucrados la mayoría de los representantes populares federales brasileños (el 60% de los miembros del Congreso brasileño enfrentan cargos administrativos y/o judiciales).

Hay dos generalidades que hay que tener en mente desde un inicio: 1) un golpe de estado es usualmente definido como un acto rápido y violento en el que uno de los poderes del Estado disuelve o usurpa las funciones de otro poder (ver RAE), y 2) de acuerdo al Artículo 85 de la Constitución Federal de Brasil (1988), los delitos contra la ley presupuestaria son delitos de responsabilidad del Presidente y pueden derivar en su juicio político (Art. 86). Esto quiere decir que formalmente (es decir, normativamente) el juicio político a Rousseff no es un golpe de estado. ¿Por qué entonces –si el juicio parece procedente y la mayoría de los brasileños desaprueba la administración de Rousseff– el actuar del Congreso brasileño parece ser un golpe de estado? La explicación parece residir en la combinación de la incapacidad de Dilma Rousseff para navegar políticamente en un sistema que requiere de una gran cantidad de compromisos y la oportunidad de endilgarle a ella todos los costos políticos de la crisis económica por la que atraviesa el país.

La gobernabilidad en Brasil ha exigido, desde la promulgación de la constitución de 1988, una red de compromisos que permiten establecer y mantener vivas alianzas no sólo electorales sino legislativas. Como ejemplo baste anotar que Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), fue reelecta presidente en 2014 en una boleta que incluyó a Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), como su vice-presidente. Rousseff y Temer encabezaron en aquel entonces una coalición electoral de nada menos que nueve partidos políticos, misma que conforman la alianza legislativa que otorga(ba) mayoría al gobierno de aquella. Es decir que a pesar de ser presidencialista, el sistema brasileño obtiene tintes parlamentarios cuando el presidente no consigue construir la mayoría legislativa o cuando no hace lo necesario para mantenerla o reconstruirla. No es casualidad que la destitución de Fernando Collor de Mello, a través de un juicio político por corrupción en 1992, haya sucedido en un contexto en el que el presidente no tenía una coalición de mayoría legislativa que le apoyara; sin importar aquí si Collor o no era culpable (años más tarde la Suprema Corte lo declaró inocente de los cargos) lo importante que hay que entender es que una mayoría legislativa generada a través de compromisos diversos se encarga de proteger al presidente de juicios políticos al hacer impensable que dos tercios de los diputados voten a favor.

Al parecer el estilo duro, personalista e intransigente de Dilma Rousseff acabó por desintegrar la coalición que le sostenía en el poder. Por un lado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (partido de centro al que pertenecen tanto el hoy presidente interino Michel Temer como el expresidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha –quien impulsó el juicio político contra Rousseff) vio en la crisis económica y los multitudinarios casos de corrupción una oportunidad para desbancar al PT. Por el otro lado, es posible que Rousseff haya sido intransigente incluso con los miembros corruptos dentro de su propio partido (PT) quienes pueden haberse sentido abandonados o traicionados al no ser protegidos por la presidente (hay que tomar en cuenta las sentencias de cárcel que recibieron José Dirceu, João Vaccari Nieto y Renato Duque hace un mes por el caso de corrupción PETROBRAS).

Frente a la crisis y los casos de corrupción, los legisladores encontraron en el maquillaje del déficit fiscal (a pesar de ser práctica común federal y estatalmente) la excusa perfecta y decidieron aplicar la Constitución para deshacerse de Dilma Rousseff y generar el ambiente político necesario para fundar una coalición más favorable a los intereses del PMDB. Es por esta razón que el juicio político contra Rousseff es un golpe de estado sui generis ya que, a pesar de tener fundamento legal, iniciar el proceso se ha convertido en un arma política de partidos políticos en “rebeldía” especialmente cuando –a diferencia de lo que sucede en un sistema parlamentario cuando falla un voto de confianza– el vicepresidente es designado por la constitución como presidente interino, lo que crea el estimulo perfecto para este tipo de rebeliones legislativas. El golpe de estado contre Rousseff es pues un ejemplo de la debilidad institucional tanto del sistema de partidos como de la presidencia brasileños.

La ingobernabilidad en la que Brasil está cayendo tras la suspensión de Rousseff de su cargo hace imprescindible la formación de una nueva coalición electoral legislativa y, por ello, una serie de nuevos compromisos y componendas que mantengan al sistema político a flote. El (ahora) presidente Michel Temer no tiene mucho margen de maniobra pero puede que el objetivo de alejar al PT del gobierno sea la clave para construir una nueva coalición. Por ahora, lo que parecía un gran éxito de Luiz Inacio Da Silva (organizar tanto la Copa Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos, casi uno tras el otro) se ha convertido en un gran inconveniente que Brasil ahora tiene que sortear por entre crisis económica, bretes políticos y aprieto sanitario.

 

– Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

 

El camino a la Casa Blanca: cuesta arriba e incomodidad para el GOP

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley

El escenario de una Convención disputada o abierta prácticamente ha desaparecido, con lo que se confirmaría la contienda entre Hillary Clinton y Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos de América. La elección tendrá lugar el segundo martes de noviembre –en esta ocasión martes 8- y aunque todavía falta que los candidatos acepten la nominación en sus respectivas convenciones, veremos de aquí hasta ese momento una gran cantidad de encuestas y proyecciones que de una u otra manera nos mostrarán parte del escenario electoral, principalmente en estados que podrían decidir quién ocupará la Casa Blanca en los próximos cuatro u ocho años. En este artículo presentaré la situación que parecen enfrentar ambos partidos, partiendo de la pregunta ¿podrá Donald Trump repetir la sorpresa y convertirse en el 45º presidente de los EEUU?

Aunque en un principio la élite política del Partido Republicano –el establishment Republicano- no consideró posible que Donald Trump fuese el eventual candidato del Grand Old Party (GOP) –como se conoce a dicho Partido- conforme la candidatura del empresario neoyorkino cobró fuerza, aquella intentó evitar que se convirtiera en su abanderado. No obstante, el apoyo a John Ellis “Jeb” Bush, posteriormente a Marco Rubio y finalmente a Ted Cruz –quien inclusive trató de ganar delegados al nombrar a la otrora empresaria y precandidata Carly Fiorina como compañera de fórmula- fueron infructuosos y probablemente ayudaron a la victorias de Trump en Florida, Indiana o Texas, en algún sentido. Es decir, Donald Trump está a punto de ser el candidato Republicano a la presidencia a pesar (o tal vez gracias) al establishment del GOP; habrá que ver cómo pesará esto en la elección general de noviembre.

De acuerdo al sistema electoral de los EEUU un candidato o candidata, necesita 270 votos del Colegio electoral para ganar la Presidencia, por lo que esa es la cantidad que se debe buscar en las sumas y restas de los votos del Colegio electoral que representa cada estado de la Unión. Toda vez que quien gana un estado se lleva todos los votos –a excepción de Nebraska y Maine que pueden dividirlos, pero aportan muy pocos votos del Colegio electoral; 5 y 4, respectivamente- y que las ciudades más pobladas pueden decidir la elección, hay que poner atención en la distribución poblacional y sus características, lo que –dicho sea de paso- ha modificado el mapa electoral. Es decir, la población blanca tradicional (White Anglo Saxon and Protestant, WASP) ya no decide por sí sola cada vez más estados, y son las minorías las que lo están haciendo; mujeres, negros, latinos y homosexuales, principalmente, son grupos de ciudadanos que deben ser más tomados en cuenta como parte fundamental del crisol estadounidense, no sólo en el discurso, sino en las políticas públicas, en el ideario político. He aquí la clave de la cuesta arriba Republicana.

Le elección de 2012 alejó claramente a los Republicanos de las minorías; en aquella Obama obtuvo 332 votos del Colegio electoral contra apenas 206 de Mitt Romney. Pero más aún, confirmó la tendencia Demócrata al alza y la baja Republicana. Si comparamos el mapa electoral de 2004 (GW Bush vs JF Kerry) con el de 2012 (BH Obama vs WM Romney), los Demócratas han ganado en 2008 y 2012 los estados de Florida, Colorado, New Mexico, Ohio, Virginia, Nevada y Iowa, es decir 88 votos del Colegio electoral; eso explica la victoria en 2008 por 365 contra 173 y la ya mencionada en 2012 (332 versus 206), pero también es un indicador importante para esta elección, pues muestra una tendencia.

Donald Trump retó al establishment Republicano y ganó, lo que alimenta su afirmación con respecto a que puede ganar aún sin los Republicanos –refiriéndose a la élite del Partido- el problema para Trump es que si los Demócratas ganan los 19 estados que han ganado en las últimas 6 elecciones más Florida y Washington D. C., Hillary Clinton sería la 45ª presidenta de los EEUU al sumar 271 votos del Colegio electoral; y eso en una perspectiva en cierto modo conservadora, ya que algunas proyecciones dan a Clinton un resultado favorable de 337 contra 201 de Trump. Esta es una de las razones por las que la campaña de Trump y algunas casas encuestadoras, como Quinnipiac University, intentan manipular al electorado amañando algunos resultados en las encuestas. Por ejemplo, el día de hoy -10 de mayo- Donald Trump celebró en redes sociales el hecho de que un estudio de la mencionada Universidad lo ubica por delante de Hillary Clinton en un estado importante, representativo (cuestionable) y no definido, como es Ohio, sin embargo, este estado tiene un 79% de población blanca votante y el estudio se realizó con un 83%, cosa no menor toda vez que la diferencia entre el Republicano y la Demócrata es precisamente de 4%.

Un estado clave en las aspiraciones presidenciales y que ha sido muy peleado es Florida. Muchos podrían pensar que dado que dos de los principales contendientes por la candidatura Republicana pertenecen políticamente a dicho estado –Marco Rubio y Jeb Bush- los 29 votos que otorga Florida irían a la columna de Trump, pero los Demócratas han ganado las dos últimas elecciones ahí. En 2000 GW Bush ganó el estado por 537 votos, pero Obama lo hizo por poco más de 100 mil en 2008 y por cerca de 74 mil en 2012; y lo que es más, Clinton aventaja a Trump por 7% de acuerdo al promedio de Election Projection, según distintas encuestadoras en un reporte actualizado el día de hoy (mayo 10).

Si vemos el escenario desde la perspectiva Republicana la situación es peor, pues aún ganando los estados que tradicionalmente obtiene o que ha ganado en las últimas seis elecciones, el GOP contaría con 102 votos electorales, es decir que aún debería buscar 168 más. Cierto, es muy probable que gane 9 estados más que significarían 117 votos del Colegio electoral y podría pelear Colorado y Florida, que los llevaría a 255, pero aún así quedaría corto por 15 votos. La pregunta no es sólo de dónde sacaría esos votos, sino si alcanzará los votos necesarios para estar en la pelea, y es que la apuesta Republicana en las últimas dos elecciones ha sido por el voto blanco, alejándose de las minorías; estrategia que no sólo está repitiendo Donald Trump, sino que está yendo más allá al afirmar que podría ganar sin el establishment Republicano.

En cierta forma Donald Trump es la expresión de Obama en el GOP, es decir, Barack Obama tuvo un gran apoyo del electorado por ser un outsider, es decir, un político ajeno (hasta cierto punto) a la clase política tradicional, al establishment Demócrata. Por eso Trump ha tendido tanto apoyo en estados como Indiana o incluso Florida, pero Obama contaba con las minorías y eso decidió el proceso electoral; lección –al parecer- aprendida por el Partido Republicano al contar con candidatos como Carly Fiorina, Ben Carson, Ted Cruz o Marco Rubio, pero el candidato será Donald Trump. La carrera por la Casa Blanca está definida y al momento, es cuesta arriba para el Grand Old Party y su incómodo candidato.