Los dictadores que nos agradan

Por Genaro Beristain –

El pasado 5 de marzo a las 16:25 hora local, falleció Hugo Rafael Chávez Frías, tenía 58 años de edad y 14 gobernando Venezuela, la noticia tuvo un gran impacto nacional e internacional. Figura controvertida la de Chávez, señalado como revolucionario por unos y acusado de ser un dictador por otros, su muerte crea bastante incertidumbre sobre el futuro de Venezuela. A pesar de los claroscuros de su imagen, la comunidad internacional ha manifestado su pesar y apoyo al pueblo venezolano por la falta de su líder; pero, cabe resaltar, las señales que emite la comunidad internacional son confusas.

El 17 de diciembre de 2011 falleció Kim Jong-il, el “querido líder” de Corea del Norte. Kim murió a los 69 años de edad, víctima de su deteriorado estado de salud. La gran diferencia con lo que ocurrió en Venezuela a principios de este mes, fue la falta de solidaridad y pesar de la comunidad internacional al pueblo norcoreano tras la muerte de su líder. Kim al igual que Chávez fue un revolucionario, símbolo de la lucha socialista, líder amado por su pueblo y enemigo de los intereses de Estados Unidos.

Entonces ¿cuál es la diferencia?, ¿Bajo qué criterios se decide que dictadores son agradables? Mientras que a las exequias de Hugo Chávez asistieron 30 jefes de Estado y de gobierno, los funerales del líder norcoreano pasaron desapercibidos. Las acusaciones al régimen de Pyongyang de violar los derechos humanos de su población y de hacer uso de su dudoso armamento nuclear para amenazar la paz y seguridad internacional son constantes; tal parece que la comunidad internacional ha proscrito a Corea del Norte y la muerte de su líder no mereció la misma atención.

Las actividades del exlíder de la revolución bolivariana, también han sido objeto de muchas críticas y controversias, entre las que podemos destacar; violaciones a los derechos humanos, financiar grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), modificar la constitución para “perpetuarse en el poder” apoyar a regímenes autoritarios y poco democráticos como el Mahmoud Ahmadinejad, en Irán, entre otros. Pero quizá su mayor crítica, sea el haber polarizado a la sociedad venezolana, enfrentar a sus propios habitantes, dividiéndolos en revolucionarios e imperialistas, entre buenos y malos. El futuro de Venezuela no es claro, solo el tiempo dirá si Nicolás Maduro tiene el carisma, la inteligencia y la capacidad de su antecesor para evitar un momentos difíciles, agitados y costosos para los venezolanos, y transitar de la revolución bolivariana al chavismo sin Chávez.

En Corea del Norte la transición se dio de modo dinástico, de padre a hijo. Tal como lo recibió Kim Jong-il de su padre Kim Il Sung en 1994, en 2011 fue el turno para Kim Jong-un. Esta transmisión de poderes se realizó dentro del mayor apego institucional posible, aunque que no existe oposición al gobierno o al partido, todos sus miembros aceptaron sin bacilar las indicaciones del “Gran dirigente”.

Aunque son asimétricas las características políticas, económicas, sociales y culturales entre Venezuela y Corea del Norte, la incógnita prevalece: ¿Qué características tiene que tener un dictador para que merezca el reconocimiento de la comunidad internacional? y ¿Cuáles no para ser excluido de la misma? A pesar de las distintas interpretaciones, ambos políticos eran dictadores, sólo que uno fue más aceptado que otro.

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Y entre tanto Elba Esther, el Estado sigue fallando.

(Por incumplimiento e ineficacia, el 17 y otros por el Arco del triunfo)

La detención –ya encarcelamiento- de Elba Esther Gordillo han concentrado la atención durante la última semana, quedando en segundo término asuntos como la explosión en uno de los edificios de PEMEX, reformas constitucionales, la discusión sobre el impuesto a medicinas y alimentos y la proliferación de grupos de autodefensa en varios estados del país, sustituyendo una de las principales tareas del Estado.  El artículo 17 de nuestra Constitución señala que “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia”, sin embargo, la incapacidad de los distintos niveles de gobierno para hacer valer esto último, ha generado –y legitimado- el incumplimiento del primer enunciado. ¿Qué hacer ante la impunidad? ¿Cómo responder –como ciudadano, como comunidad, como sociedad- a las constantes y crecientes amenazas de las que somos víctimas, tanto por el crimen organizado como por la criminalidad cotidiana, e incluso por el abuso de autoridades o empresas? ¿Es posible condenar a los grupos de autodefensa por buscar soluciones cercanas, inmediatas, confiables y reales?

Hasta este momento existen grupos armados de autodefensa en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Chiapas y Tlaxcala; más de 60 comunidades en 11 entidades. Estos grupos no sólo buscan poner un hasta aquí a la delincuencia, sino combatir autoridades locales, municipales o estatales, y hasta empresas, como es el caso de mineras canadienses en Chiapas. Para ello, estos grupos se han armado con machetes, palos, armas de bajo calibre y otras de mayor potencia como rifles AR-15 y AK-47; lo que por cierto provoca (o debería provocar) la inquietud sobre la procedencia de dicho armamento. Asimismo, han llevado a cabo bloqueos, retenes, toma de oficinas, cierre de empresas e incluso detenciones; acciones todas ellas que violan artículos de la Constitución como los 11, 17, 20, 21 y 25.

En Colombia, durante los años noventa y frente a un escenario relativamente similar, surgieron los grupos denominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Ejército Popular de Liberación (EPL), pero en realidad no eran mas que grupos paramilitares financiados por políticos, empresarios, terratenientes e incluso narcotraficantes. Sin duda –al menos estoy convencido de ello- el origen de los grupos de autodefensa en México dista del de las AUC, pero a río revuelto ganancia de pescadores, por lo que la solución no está en pasar a las comunidades –ya sea por omisión o decisión- la responsabilidad de la seguridad o el combate a los abusos gubernamentales y/o corporativos, sino en que el Estado en su conjunto (y los tres niveles de gobierno) combata(n) sus vicios, haga(n) cumplir la ley e imparta(n) justicia de forma expedita.

Sin embargo el Estado mexicano no sólo sigue fallando en el combate a la inseguridad –no sólo al narcotráfico- sino que él es también fuente de la crisis, y no me refiero a la evidente violencia estructural de la que nos habla Johann Galtung –y lo que, por cierto, debe ser el eje de un genuino combate a la inseguridad- sino a las 149 desapariciones forzadas de las cuales ha sido señalado como responsable nuestro Estado, al haber participado en ellas fuerzas del ejército, la marina, así como policías federales, estatales y/o municipales. Según Human Rights Watch (HRW) y la ONU, las desapariciones forzadas son un grave problema en México, lo que se acentúa toda vez que no hay fuentes confiables de información en ningún nivel de gobierno, según condenó el Grupo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.  Es decir, no sólo el gobierno mexicano ha fallado al combatir la inseguridad y sus causas, así como en la impartición de justicia y la lucha contra la impunidad, sino que está abriendo más grietas en una casa ya severamente deteriorada.

Los grupos de autodefensa además de profundizar la incertidumbre –se imagina ser detenido por personas encapuchadas en la carretera ¿ante quién rinden cuentas? ¿qué o quién va a responder por ellos, sus acciones y decisiones?- son peligro para todos, incluso para ellos mismos por el ambiente que puede generar. El Estado parece estar renunciando a diversas responsabilidades, ya sea ante el Mercado, los índices o ante quien se lo exija, y ahora parece ser la propia sociedad la que se lo pide; esto no debe ser así. Al contrario, debemos exigir al Estado, a todos los ámbitos gubernamentales que lleven a cabo la tarea que les ha sido encomendada. Asimismo, se debe poner atención quién financia y quién arma a esos grupos comunitarios; dada la situación de pobreza en que viven varias de esas comunidades y los intereses en juego, el paso de un grupos de autodefensa legítimo –si bien no legal- a un cuerpo paramilitar puede no ser muy grande. A fin de cuentas, ¿no es esta una muestra de que el Estado mexicano está fallando?