Libertad y armamento. Un reto de la renovada administración Obama.

Por Amando Basurto

El Presidente Barack Obama inauguró su segundo término con una agenda política repleta de retos legislativos. Entre éstos, el control de la venta y posesión de armas es si no el más urgente sí el del impacto mediático más importante. La complejidad de este reto deriva de que la portación de armas de fuego ha dependido históricamente de la interpretación judicial de una controversial enmienda constitucional.

Si dos de los objetivos básicos del Estado son proveer seguridad e impartir justicia, uno podría pensar que lo lógico es que el Estado controle quién puede portar qué tipo de armas. Sin embargo, la Segunda Enmienda a la constitución de los Estados Unidos de América hace que el control sobre la posesión y distribución de armas sea un tema de controversia judicial. Así que antes de simplemente hablar sobre la necesidad o las bondades de controlar el tráfico de armas es importante conocer el origen del problema que enfrenta el gobierno vecino y que tiene relevantes implicaciones para la seguridad nacional de México.

La Segunda Enmienda reza:

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” –“Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo de poseer y portar armas, no debe de ser infringido.”–

La explicación histórica es muy simple: con la intención de mantener una formal autonomía, los Estados de la Unión decidieron garantizar el mantenimiento de milicias estatales que les permitiese defenderse de abusos de poder del gobierno federal. Evidentemente la idea de que las milicias estatales podrían enfrentarse al ejército de los Estados Unidos para defender la “libertad” de uno de los estados caducó completamente desde principios del siglo XX. ¿Cómo pretenderían tales milicias enfrentarse al ejército mejor armado y con mayor capacidad de fuego del planeta? Es simplemente impensable.

Sin embargo las decisiones de la Suprema Corte han llevado a que la legislación federal sobre la compra-venta y posesión de armas sea laxa e intermitente. La interpretación de la segunda enmienda ha favorecido una lectura que reconoce la posesión de armas como un derecho individual. Por otro lado, las prohibiciones de portación de armas de asalto se han expedido con tiempos de expiración y no se han aplicado con todo el rigor tanto por falta de capacidad como por evitar enfrentamientos judiciales con los gobiernos estatales.

Es por ello que, en su Discurso Inaugural de ayer, Obama insistió: “Ser fieles a nuestros documentos fundacionales no requiere que estemos de acuerdo en cada detalle de la vida. No significa que definamos la libertad de la misma manera o que sigamos exactamente el mismo camino a la felicidad. El progreso no nos obliga a resolver de una sola vez debates añejos sobre el rol del gobierno, pero requiere que actuemos de acuerdo a nuestros tiempos.”

Ante los últimos eventos de violencia –entre los que se encuentra el asesinato de 20 niños de primer grado en Newtown, Connecticut– y haciendo uso de la inercia política que le ha concedido su reelección, Obama anunció la semana pasada una serie de 23 acciones ejecutivas para aumentar el control sobre la venta y tenencia de armas de fuego. De esas acciones la mayoría son paliativos menores que puede realizar el ejecutivo directamente, entre las que destaca: 1) hacer más accesibles los datos relevantes para la verificación de antecedentes en manos de las agencias federales, además de  reducir las obstáculos legales innecesarios en la disponibilidad de dicha información; y 2) revisar las categorías de los individuos que no pueden portar armas y trabajar críticamente en  la prevención de la violencia con armas de fuego.

Sin embargo, las dos “acciones ejecutivas” más relevantes son, en el mejor de los casos, buenos deseos. Ambas son peticiones –o requerimientos– al Congreso para que cree un sistema universal de verificación de antecedentes y para que restablezcan la prohibición de armas de asalto de tipo militar. Evidentemente, Obama redirigirá la presión pública sobre el tema hacia el Congreso para empujarlos a actuar. Por desgracia en este caso no sólo se enfrentará a la oposición republicana sino a una grave división al interior de la bancada demócrata.

De esta manera, el riesgo que corre Obama es mantener la idea de que su gobierno es poco efectivo e incapaz de concretar legislaciones que requieren el convencimiento de los moderados. Además tendrá que enfrentarse a las lecturas esencialistas provenientes de la Suprema Corte. Así que, a pesar de aquellos que desde México consideraron las acciones ejecutivas trascendentes para limitar el trasiego de armas a nuestro país, no veremos en el mediano plazo una legislación federal que permita un más férreo control de la venta y posesión de armas en los Estados Unidos. Seguirá siendo una importante tarea del gobierno mexicano, pues, garantizar la seguridad de sus ciudadanos evitando el fragante cruce de armas de alto poder desde el vecino del norte.

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