De procedimientos y cosas peores

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley

El miércoles pasado -23 de enero- coincidieron dos resoluciones polémicas en el ámbito social y político de México: el Instituto Federal Electoral (IFE) exoneró al PRI y la Coalición Compromiso por México por los casos relacionados con Monex, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a la ciudadana francesa Florence Cassez, debido a las irregularidades en el proceso que resultó en su encarcelamiento. Como resultado de ambas resoluciones ha habido una gran indignación de parte de la sociedad, expresada sin mucha reflexión y demasiada pasión en las redes sociales. Lo que se incrementó con la probable multa a la coalición del Movimiento progresista derivada del rebase al tope de campaña por Andrés Manuel López Obrador, en el primer caso, y el recibimiento como heroína que se ha hecho de Cassez en Francia; así como sus declaraciones de haber sido declarada inocente, cosa falaz. En consecuencia, este escrito trata de aportar algunos elementos para el mencionado ejercicio; un poco menos de pasión y más razón de algo ayudarán en tiempos tan atribulados.

La defensa de los procesos es imprescindible, son precisamente estos los que pueden –o deberían- evitar los abusos y excesos por parte de las autoridades en los distintos ámbitos posibles. No deben ir por sendas distintas la justicia –e inclusive lo justo- y procesos judiciales y/o administrativos; pero tampoco se deben omitir garantías y derechos, pues la violación de ellos pone en duda –por decir lo menos- la impartición de justicia, y en consecuencia la inocencia o culpabilidad del acusado. Un proceso cuestionable, tramposo, manipulador y contradictorio de origen, no puede dar como resultado una acusación sólida o creíble, allende la verdad del hecho; eso es lo más lamentable. Esa es la primera falta de respeto a las víctimas, que tanto han tomado de bandera muchos críticos de la SCJN, pues se estaba promoviendo de origen la nulidad de toda la investigación.

El montaje de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a cargo de su titular Genaro García Luna en coordinación con Televisa, ha sido el foco de atención en los comentarios al respecto de la liberación de Cassez y el lamentable proceso, sin embargo no es (en absoluto) uno de los pocos gazapos en la investigación. Florence Cassez fue detenida un día antes del show en el rancho y en otra locación, las víctimas dieron hasta tres testimonios distintos, los hermanos Marco Antonio y José Fernando Rueda Cacho cuyos nombres aparecen en varias partes de la investigación como sospechosos no fueron llamados ni a interrogatorio por parte de la AFI; en cuanto a Cassez, se le dio aviso al Consulado y asesoría legal mucho después de haber sido detenida. Por cierto, estos dos últimos elementos han sido motivo de muchas fricciones entre México y los Estados Unidos, al presentarse ambas situaciones indebidas en detenciones a migrantes mexicanos; e. g., el caso Avena. En otras palabras, lo que México defiende en foros internacionales, violó flagrantemente, y por cierto no sólo con respecto a la ciudadana francesa, sino que la misma suerte tienen muchos indígenas al no recibir asesoría legal en su lengua natal.

Siguiendo con las irregularidades, los agentes de la AFI que detuvieron a Israel Padilla y a Florence Cassez en la carretera federal a Cuernavaca –a la altura de Topilejo- le dijeron a la ciudadana francesa que ella no tenía qué temer pues ellos –los agentes- sabían que Cassez “no tenía nada que ver”, pues nunca la había visto y habían vigilado el rancho por semanas. Dos de las tres personas rescatadas –el otro era un menor- dieron versiones distintas con respecto al trato de los secuestradores en el momento del rescate. Los agentes entraron al rancho (para la recreación) cuando dio luz verde la producción del noticiero matutino de Televisa –según consta en las imágenes en bruto obtenidas por Yuli García, reportera de Atando Cabos– y en el momento real del rescate no había en el interior del rancho ni armas, ni pasamontañas, ni credenciales de elector y tampoco estaban vendados las personas que se encontraban secuestradas, según afirmaron los agentes a cargo del rescate. Dos de los rescatados reconocieron a Padilla, pero no a Cassez; la recordaron posteriormente, y en pleno cuestionamiento a la AFI y García Luna por haber montado el operativo. El otro secuestrado sí identificó a Cassez de inmediato, pues su acento extranjero y el cabello largo debajo del pasamontañas la delataban –el mismo pasamontañas que apareció en el rescate televisado y que los policías afirmaron no estaba durante el rescate real- pero la credibilidad del testigo/víctima está bajo sospecha por contradicciones y falsedades, como la marca de la inyección recibida por mano de Cassez, una noche antes de su rescate.

Esta retahíla de contradicciones, falsedades y violaciones generan muchas más preguntas que respuestas, y lejos están de impartir justicia –al menos en su totalidad- a las víctimas de tan deleznable delito. El proceso fue manipulado de origen y resultó en el encarcelamiento por varios años de una persona cuya culpabilidad no fue probada más allá de una duda razonable, y exculpación de (al menos) dos personas mencionadas en distintos puntos de la investigación., i. e., los hermanos Rueda. Aunque la SCJN no tomó una decisión políticamente correcta, sí tomó la indicada, pues el proceso así lo indicaba. Pero esta reivindicación de la justicia no debe ser sólo para personas con pedigrí o que cuenten con algún tipo de apoyo, sino para todos los afectados por este tipo de situaciones. Las instituciones deben apegarse a los procedimientos y su legalidad, a respetar y generar el estado de derecho; evitemos que cualquiera de nosotros pueda ser víctima del abuso de poder por parte del Estado.

Puede, pero no debe haber justicia al margen de la legalidad y las instituciones.

P. S. Para mayores detalles sobre el caso, es muy recomendable el artículo de Héctor de Mauleón en la revista Nexos, Florence Cassez: la verdad secuestrada.

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Libertad y armamento. Un reto de la renovada administración Obama.

Por Amando Basurto

El Presidente Barack Obama inauguró su segundo término con una agenda política repleta de retos legislativos. Entre éstos, el control de la venta y posesión de armas es si no el más urgente sí el del impacto mediático más importante. La complejidad de este reto deriva de que la portación de armas de fuego ha dependido históricamente de la interpretación judicial de una controversial enmienda constitucional.

Si dos de los objetivos básicos del Estado son proveer seguridad e impartir justicia, uno podría pensar que lo lógico es que el Estado controle quién puede portar qué tipo de armas. Sin embargo, la Segunda Enmienda a la constitución de los Estados Unidos de América hace que el control sobre la posesión y distribución de armas sea un tema de controversia judicial. Así que antes de simplemente hablar sobre la necesidad o las bondades de controlar el tráfico de armas es importante conocer el origen del problema que enfrenta el gobierno vecino y que tiene relevantes implicaciones para la seguridad nacional de México.

La Segunda Enmienda reza:

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” –“Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo de poseer y portar armas, no debe de ser infringido.”–

La explicación histórica es muy simple: con la intención de mantener una formal autonomía, los Estados de la Unión decidieron garantizar el mantenimiento de milicias estatales que les permitiese defenderse de abusos de poder del gobierno federal. Evidentemente la idea de que las milicias estatales podrían enfrentarse al ejército de los Estados Unidos para defender la “libertad” de uno de los estados caducó completamente desde principios del siglo XX. ¿Cómo pretenderían tales milicias enfrentarse al ejército mejor armado y con mayor capacidad de fuego del planeta? Es simplemente impensable.

Sin embargo las decisiones de la Suprema Corte han llevado a que la legislación federal sobre la compra-venta y posesión de armas sea laxa e intermitente. La interpretación de la segunda enmienda ha favorecido una lectura que reconoce la posesión de armas como un derecho individual. Por otro lado, las prohibiciones de portación de armas de asalto se han expedido con tiempos de expiración y no se han aplicado con todo el rigor tanto por falta de capacidad como por evitar enfrentamientos judiciales con los gobiernos estatales.

Es por ello que, en su Discurso Inaugural de ayer, Obama insistió: “Ser fieles a nuestros documentos fundacionales no requiere que estemos de acuerdo en cada detalle de la vida. No significa que definamos la libertad de la misma manera o que sigamos exactamente el mismo camino a la felicidad. El progreso no nos obliga a resolver de una sola vez debates añejos sobre el rol del gobierno, pero requiere que actuemos de acuerdo a nuestros tiempos.”

Ante los últimos eventos de violencia –entre los que se encuentra el asesinato de 20 niños de primer grado en Newtown, Connecticut– y haciendo uso de la inercia política que le ha concedido su reelección, Obama anunció la semana pasada una serie de 23 acciones ejecutivas para aumentar el control sobre la venta y tenencia de armas de fuego. De esas acciones la mayoría son paliativos menores que puede realizar el ejecutivo directamente, entre las que destaca: 1) hacer más accesibles los datos relevantes para la verificación de antecedentes en manos de las agencias federales, además de  reducir las obstáculos legales innecesarios en la disponibilidad de dicha información; y 2) revisar las categorías de los individuos que no pueden portar armas y trabajar críticamente en  la prevención de la violencia con armas de fuego.

Sin embargo, las dos “acciones ejecutivas” más relevantes son, en el mejor de los casos, buenos deseos. Ambas son peticiones –o requerimientos– al Congreso para que cree un sistema universal de verificación de antecedentes y para que restablezcan la prohibición de armas de asalto de tipo militar. Evidentemente, Obama redirigirá la presión pública sobre el tema hacia el Congreso para empujarlos a actuar. Por desgracia en este caso no sólo se enfrentará a la oposición republicana sino a una grave división al interior de la bancada demócrata.

De esta manera, el riesgo que corre Obama es mantener la idea de que su gobierno es poco efectivo e incapaz de concretar legislaciones que requieren el convencimiento de los moderados. Además tendrá que enfrentarse a las lecturas esencialistas provenientes de la Suprema Corte. Así que, a pesar de aquellos que desde México consideraron las acciones ejecutivas trascendentes para limitar el trasiego de armas a nuestro país, no veremos en el mediano plazo una legislación federal que permita un más férreo control de la venta y posesión de armas en los Estados Unidos. Seguirá siendo una importante tarea del gobierno mexicano, pues, garantizar la seguridad de sus ciudadanos evitando el fragante cruce de armas de alto poder desde el vecino del norte.