La pifias de Mitt Romney en Londres y Jerusalén

Por Amando Basurto-

El viaje de Mitt Romney –virtual candidato republicano a la presidencia estadounidense– por el Reino Unido, Israel y Polonia comenzó enmarcado por una serie de pifias por parte de sus asesores. Uno de ellos comentó que, a diferencia de Barack Obama, Romney si apreciaba la herencia “Anglo-Saxona” que comparten los dos países. Evidentemente, no es difícil interpretar un dejo de racismo en el tono del comentario por contrastar directamente la persona de Romney con la “herencia Africano-Americana” de Obama. Muy probablemente, intentando recomponer el barco, un segundo asesor comentó que como Barak Obama es de izquierda no aprecia la importancia de Organización del Tratado del Atlántico Norte ni la relevancia de las alianzas tradicionales.

A estas pifias Romney sumó las suyas una vez arribado a Londres. Es de todos conocido que el Aeropuerto de Heathrow vio rebasada su capacidad de procesamiento de documentos de migración desde un mes antes de la fecha de inicio de los juegos. Pero que el presunto candidato presidencial estadounidense llegue a la sede olímpica y declare –a pocas horas de comenzar el evento– que había cosas “desconcertantes” en términos de seguridad, cayó muy mal tanto al regente de Londres –Boris Johnson– como al Primer Ministro –David Cameron.

Cabe destacar que Mitt Romney tiene experiencia como organizador olímpico pues fue Presidente del Comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City en 2002. Sin embargo, este intento de presumir sus credenciales como organizador fue expresado con tal arrogancia que no sólo los medios ingleses sino los propios Johnson y Cameron contestaron los comentarios personalmente. El primero cuestionó, en un evento masivo en Hyde Park, que Ronmey pensara que la organización en Londres no estaba lista; Cameron, por su parte, desestimó los comentarios de Romney al marcar la diferencia entre Londres y Salt lake City de la siguiente manera: “Estamos organizando unos Juegos Olímpicos en una de las ciudades más ocupadas, activas y aceleradas en el mundo. Por supuesto es más fácil organizar unos Juegos Olímpicos en medio de la nada”.

La coronación de los tropezones de Romney en Londres sucedió cuando, al final de su reunión con David Cameron, declaró que también se había reunido con Sir John Sawyers, director del MI6 (el Servicio Secreto de Inteligencia inglés). Los medios se concentraron en el hecho de que los ingleses son muy reservados en sus alusiones al MI6 y que se consideraba poco ético hacer pública una reunión con el jefe del Servicio Secreto. Pero otra cosa es también relevante: ni Cameron ni Sawyers hubiesen deseado que se hiciese pública su reunión con alguien que ni siquiera ha sido nombrado candidato presidencial oficialmente y que no tiene hoy ningún cargo público de importancia; es decir, que ambos tuvieron una reunión de alto nivel con un empresario estadounidense.

Las pifias de Mitt Romney en Israel son de diferente naturaleza. En su principal discurso público en Jerusalén, Romney llamó Jerusalén “la capital de Israel”; incluso declaró que como presidente trataría de mover la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Ese simple hecho muestra que sin importar las consecuencias de sus hechos, Romney está dispuesto a decir lo que sea necesario para ganar la simpatía de aquellos ultraconservadores que le pueden extender un gran cheque y conceder su voto. Sin embargo, el resultado es simple y alarmante: Romney podría llegar a ser presidente de los Estados Unidos habiendo destruido toda posibilidad de jugar un papel definitivo en la resolución del conflicto palestino-israelí; es decir, él mismo se ha desacreditado para realizar una de los más importantes labores diplomáticas en política internacional contemporánea.

Evidentemente, no podía terminar allí; Romney hizo referencia a las tensas relaciones entre Israel e Irán y lanzó su aparato discursivo en contra del último declarando un completo apoyo a la posición del primero. En un acto de temerario estrabismo, Romney dice que prevenir que Irán desarrolle armas nucleares debe de ser “la más alta prioridad de seguridad nacional” de los Estados Unidos. Con ello Romney no hace muestra sino de su profunda la ignorancia en materia de política internacional. Es casi de sentido común entender que aún si Irán desarrollara armas nucleares sería casi imposible utilizarlas contra Israel por una simple razón: el gobierno iraní estaría firmando una sentencia de cuasi-exterminio en el mismo momento en que lanzase el ataque; la respuesta de Israel, los Estados Unidos y muchos de sus aliados sería no sólo inmediata sino ejemplar. Evidente el programa nuclear iraní es mero alarde y pretende ser una moneda de cambio diplomático.

Ahora Romney está en tierras polacas. Esperemos noticias de cómo posiblemente agrave las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia, posiblemente con algún comentario anclado en el imaginario hollywoodense de la guerra fría.

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Una aproximación al sistema electoral de los Estados Unidos

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley

Comentarios iniciales.

Es a raíz del conflicto post electoral del año 2000 (Florida) que se avivó el interés por conocer y entender el sistema electoral estadounidense. Voto popular, Colegio electoral, primarias, electores, distintas normas electorales por distrito y otros elementos generaron sorpresa, confusión y necesidad de estudiar el sistema electoral de la democracia norteamericana; una democracia que tiene tanto aspectos profundamente antidemocráticos, como otros igualmente democráticos. Un complejo sistema pragmático que ha logrado equilibrar el ímpetu democrático y la necesidades corporativas.

El sistema electoral estadounidense es resultado, como varios aspectos de su sistema político, de una serie de indefiniciones iniciales que dieron lugar (no sin intención necesariamente) a una serie de pugnas y arreglos pragmáticos a lo largo de la historia que han definido -y siguen haciéndolo- sus procedimientos y condiciones electorales. Esto va desde la elección del presidente hasta los mecanismos de financiamiento en las campañas.

A fin de tener una comprensión básica pero amplia del sistema electoral de los Estados Unidos, presentaré algunos antecedentes que sostienen su arquitectura electoral, las normas electorales en los que se recarga y muestran su evolución, los procedimientos que lo caracterizan, las instituciones electorales que buscan controlar algunas instancias del proceso, mencionaré qué y cómo se elige, señalando algunas particularidades y excepciones en y del proceso, y finalmente explicaré los mecanismos de financiamiento en las campañas electorales. Este último punto, permitirá conocer un serie de actores que nos serán cada vez más familiares en los análisis pertinentes, tales como PAC’s, Súper PAC’s y los grupos 527.

 

Normas electorales.

Existen dos tipos de elecciones en los Estados Unidos: las primarias, que lleva a cabo los partidos políticos para definir a sus candidatos, y las generales, en las que se elige tanto al Ejecutivo como al Legislativo en sus diferentes etapas. Los artículos I y II de la Constitución de los Estados Unidos de América, indican cómo y cuándo se elegirá a la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, al Presidente y Vicepresidente. En ellos se establecen requisitos para ser electo, así como mecanismos y fechas del proceso[1].

A lo largo del tiempo ha habido una serie de Enmiendas tendientes a consolidar y/o regular al sistema electoral desde diversas perspectivas. La Enmienda XII (1804) establece que la votación por Presidente y Vicepresidente será por separado, de tal forma que habrá candidatos para cada uno de los cargos mencionados. Ella misma define procedimientos para la elección de ambos cargos en dado caso de que ningún candidato obtenga la mayoría, recayendo la responsabilidad de la elección ya no en el Colegio Electoral sino en el Congreso. La Enmiendas XV (1870), XIX (1913) y XXIV (1964) defienden el derecho al voto frente a cuestiones raciales, de género y por no haber cumplido sus obligaciones fiscales.

La Enmienda XVII (1913) permite la elección del Senado por parte de los ciudadanos y reitera que cada estado contará con dos senadores; asimismo establece las acciones a seguir en caso de una vacante. La Enmienda XXII (1951) limita a dos el número de períodos presidenciales, es decir una elección y una re elección. La Enmienda XXIII (1961) otorga al Distrito de Columbia (Washington, D. C.) un número de electores en el Colegio Electoral igual al número de electores que tuviera si fuera un Estado, pero no mayor al número de electores que tenga el estado con menor representación. Por último, la Enmienda XXVI (1971) establece en 18 años como la edad mínima para obtener el derecho al voto.

 

Tipos de elecciones.

Como se mencionó hay dos tipos de elecciones en los Estados Unidos; generales y primarias. En las generales se elije al Presidente, al Vicepresidente, a la Cámara de Representantes cuando así sea necesario, y a un tercio del Senado cada dos años. Los senadores se dividen en junior (sus 2 primeros años) y en senior (sus períodos de 2 a 4 años y de 4 a 6 años). Las elecciones primarias son los procesos de elección de candidatos que llevan a cabo los partidos políticos; estas son elecciones en casillas, como las conocemos, o caucus. El caucus es un procedimiento en el que las personas reunidas en un centro comunitario, deportivo, escuela, etcétera, definen el apoyo a los principales candidatos, con base en la repartición porcentual de acuerdo al total de participantes del caucus. Depende de las reglas de cada distrito, se requiere ser miembro registrado de un partido o no. En algunos casos, inclusive se puede ser miembro de un partido y participar en el caucus del otro.

Cada partido define la cantidad de delegados a la Convención Nacional, lo que a su vez establece el número de delegados necesarios para obtener la candidatura presidencial. El Partido Demócrata tiene 3,328 delegados y 694 superdelegados, y se requiere del apoyo de 2,778 para obtener la candidatura. El Partido Republicano cuenta con 2,166 delegados, 120 superdelegados, y se requieren 1,144 delegados para conseguir la candidatura presidencial[2]. Este año la Convención Nacional Demócrata se realizará del 3 al 6 de septiembre en Charlotte (North Carolina) y la Convención Nacional Republicana del 27 al 30 de agosto, en Tampa (Florida).

 

Instituciones electorales.

Al no existir un organismo federal que organice las elecciones, la Constitución sólo establece que estas se realizarán el martes siguiente al primer lunes de noviembre, la organización de los proceses electorales recae en el Departamento de Estado de cada entidad federativa. El Departamento de Estado “estatal” debe coordinarse y establecer algunos lineamientos con los distritos electorales, los que –por ejemplo- definen el diseño de la boleta electoral. Por tanto, el día de la elección se llevan a cabo 51 procesos electorales -50 estados más el Distrito de Columbia-  cada uno compuesto por distintos procedimientos, según los distritos. Otra institución electoral estatal sería el Colegio Electoral estatal, compuesto por los electores de cada estado, los que expresan el sentido de su voto al Senado.

El Colegio electoral es, a fin de cuentas, el organismo que decide la elección –a menos que ningún candidato alcance los 270 votos necesarios, en cuyo caso el Congreso lo haría; la Cámara de Representantes elegiría al Presidente bajo la metodología un estado un voto, y el Senado al Vicepresidente – y está compuesto por electores estatales. La cantidad de electores de un estado está definido por el número de Representantes y Senadores con los que cuenta el estado. Por ejemplo, New York tiene 31 electores en el Colegio, lo que quiere decir que cuenta con 29 Representantes y 2 Senadores, Texas con 34 electores, posee 32 Representantes y 2 Senadores. De tal forma que el Colegio Electoral tiene 538 electores (100 Senadores, 435 Representantes y 3 electores de Washington, D. C.)[3].

Aunque la mayor parte de la elección recae en los estados, existen dos instituciones federales relacionadas con el proceso; la Federal Election Commission y la Electoral Assistance Commission. La primera fue creada en 1975, luego y debido al escándalo de Watergate, y su tarea es vigilar el gasto público en las campañas, así como evitar desvío de recursos hacia ellas. La segunda, creada en 2003 como resultado de problema post electoral en Miami-Dade, puede –en caso de así requerírsele- asesorar a los distritos electorales en el diseño de las boletas.

 

Voto popular vis a vis voto electoral.

El voto popular es el voto ciudadano y el voto electoral corresponden al Colegio Electoral, y estos pueden no ir en concordancia. De hecho una crítica al sistema electoral estadounidense, es que un candidato puede perder todos el voto popular, no obtener un solo voto en 39 estados más Washington D. C., pero si logra el voto de los electores en California (55), New York (31), Texas (34), Florida (27), Pennsylvania (21), Illinois (21), Ohio (20), Michigan (17), New Jersey (15), North Carolina (15) y Georgia (15), sería el próximo presidente de los Estados Unidos, toda vez que alcanzaría los 271 votos requeridos. Con ello, perdería el voto popular, pero ganaría el voto del Colegio Electoral. Esto ya ha sucedido, de hecho en tres ocasiones, siendo la más reciente en el año 2000 en que George Walker Bush logró la presidencia, a pesar de haber perdido el voto popular por más de medio millón de votos.


[1] Para mayores detalles sobre los requisitos y condiciones para ser electo y el proceso mismo acudir a http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html

[2] Los superdelegados son miembros importantes del Partido que cuentan con mucha influencia en la definición de los delegados, principalmente de aquellos no comprometidos. Algunos estados otorgan delegados a la Convención, que pueden definir su voto en ella.

[3] Sólo los estados de Maine y Nebraska pueden dividir los votos de los electores, los demás estados otorgan la totalidad de ellos a quien gane el voto popular.

La democracia mexicana: farsas, tragedias e impugnaciones

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley

Los resultados de la elección federal del pasado primero de julio, han dejado al descubierto –una vez más- los problemas, pendientes, debilidades y vacíos de nuestro sistema electoral; otra arista de la (al parecer) perenne problemática institucional mexicana. Se ha logrado mucho desde las elecciones limitadas de los años setenta, el fraude –ese sí, a todos luces- de 1988 y su “caída del sistema”, la (hasta cierto punto) cuestionable elección de Ernesto Zedillo y la sospechosista de Felipe Calderón Hinojosa, doce años después de aquella. La jornada es, sin duda alguna, menos oscura, es transparente aunque confusa; no está exenta de fallas, pero es mucho más confiable que otros ejercicios. Sin embargo, nuestra transición a la democracia, sigue siendo una camino lleno de farsas, tragedias e impugnaciones.

Los reclamos de AMLO y, hay que decirlo, de buena parte de las izquierdas, incluyendo movimientos ciudadanos, están cayendo en la irracionalidad, las suposiciones, el fanatismo, la nada extraña falta de autocrítica y una clara falta de visión a futuro, e inclusive realismo. No haría daño reflexionar un poco sobre algunos de estos argumentos que sostienen (débilmente) la impugnación; misma que se entiende más como una expresión irracional (en el sentido de la filosofía política) del hartazgo y frustración, que como una respuesta articulada y razonada frente a la profunda inequidad del proceso. Lo delicado, es que lo que se necesita –y desde hace 12 años, al menos- es lo segundo, y no lo primero.

En efecto EPN ganó la elección presidencial teniendo a más del 60% del electorado en contra de su candidatura, pero eso no lo hace una imposición, ni ilegítimo; y en todo caso el porcentaje se amplía con AMLO y JVM. Pretender que se desconozca a EPN o que renuncie y sea (nombrado) presidente AMLO, sí sería una imposición. No pretendo ser un apólogo del IFE, ni defensor de EPN o el PRI -¡jamás!- pero clamar “¡Fraude!” o “¡Impugnación!” es un asunto muy serio y debe estar documentado con pruebas irrefutables, no suposiciones, aunque estén fundamentadas en la razón o la historia. No invito al silencio, ni a la sumisión, pero sí a la responsabilidad que supone la presentación de pruebas, a fin de demostrar allende cualquier duda los ilícitos en materia electoral.

A ver, separemos tres cuestiones elementales: una cosa es la jornada electoral en su conjunto, otra el conteo de los votos y aún otra las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio. La primera obedece a los acontecimientos que suceden el día de la elección, ya sea dentro, fuera, cerca o en los alrededores de las casillas; así como todo aquello que impacte en la votación, de manera directa o indirecta, en todo el territorio nacional. Esta fue muy accidentada, no fue tersa, impoluta o inmaculada; nada más lejano a ello. Pero eso no la hace fraudulenta per se. Cierto, el IFE reportó más de mil incidentes el 1º de julio, pero la gran mayoría obedecieron a problemas al instalar las casillas; como las más de 70 casillas en Tamaulipas que tuvieron que cambiar de lugar o que retrasaron su apertura debido a la lluvia. Ahora bien, existen muchos reportes de compra del voto –Soriana y Monex- lo cual debe investigarse y es nuestra obligación exigir penas EJEMPLARES para quienes hayan cometido dichos ilícitos. Eso sí puede calificarse como fraude.

La Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral es muy clara al señalar que no se puede ejercer presión o violencia física para influir en el resultado de la elección, de hacerlo sería causa de nulidad en la casilla (Artículos 75, 76, 77 y 77 bis). Pero también es clara la Ley al señalar que se deben comprobar dichas acciones, y para que se anule la elección se deben anular el 25% del total de casillas instaladas. No dudo de la compra de votos, pero sí dudo que haya sido exclusivo del PRI; ¿acaso no recordamos las elecciones internas del PRD? ¿ya olvidamos que alguna o algunas tuvieron que ser anuladas, precisamente por la compra de votos? Y también dudo que la compra de votos pueda cambiar el 25% de las casillas, y en consecuencia anular la elección; lo cual por cierto, haría el TEPJF, no el IFE. Por supuesto queda la duda de cómo comprobar que hubo compra del voto; ¿cómo comprobar que Juan Pérez cambió su voto a cambio de una despensa o un horno de microondas? Si estamos insatisfechos con los criterios del COFIPE, del TEPJF o con la Ley mencionada, entonces hay que organizarnos, hay que presionar para que se modifiquen. Pero esas reglas del juego, esos actores, esos árbitros, fueron avalados por los Partidos políticos, no fueron impuestos. El fraude desde la autoridad electoral, al menos en esta elección, es una farsa, un ardid, un sofisma o retórica, pero la limpieza de la jornada electoral también lo es. No porque haya dados cargados, o una conspiración a todo lo largo del territorio nacional para evitar que AMLO sea presidente, sino porque hay permisividad para la trampa, para el cochupo. Porque hay árbitros con muy pocos dientes, e interesados en que eso se mantenga. El IFE no aprobó la Ley, sino el Congreso.

La segunda, el conteo de los votos, se refiere simple y llanamente a eso, al ejercicio de sacar las boletas de las respectivas urnas y ubicarlas en el montoncito que le corresponde: PAN – PRD – PRI – PANAL – Nulos, y posteriormente contar las boletas no utilizadas. Corroborar las cifras finales de la casilla y  registrar el resultado en la sábana respectiva, con la anuencia y aprobación de los representantes de los partidos que ahí se encuentren. En esta elección, vale recordarlo, hubo representantes de todos los partidos políticos en poco más del 96% de las casillas; y simpatizantes de AMLO en más del 98% de ellas. Se reporta el resultado al IFE, se lleva la urna al Instituto, y ahí se lleva a cabo el conteo rápido, que es sólo una muestra estadística y una proyección del resultado. El miércoles posterior a la elección de realiza el cómputo de todas las casillas, y ése es el resultado final, que ratifica el Consejo General del IFE. A grandes rasgos, eso sucede en esta etapa del proceso, y en ella es muy difícil que exista manipulación alguna, toda vez que quienes participan son ciudadanos –no a partidistas muy probablemente, pero tampoco militantes- y además ¡hay representantes de los partidos en las casillas! Por si fuera poco, la UNAM -que de algún prestigio goza y no es de corrupta- analizó los procedimientos del Instituto Federal Electoral y los aprobó –podríamos decir- con Mención honorífica. Ahora, cierto, un buen conteo no significa equidad, ni legitimidad, aunque sí legalidad. De cualquier forma, esa sería otra discusión.

La tercera, es decir las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio, es en buena medida –a mi parecer- la clave del problema en nuestra transición a la democracia. El proceso fue claramente inequitativo, las irregularidades son la regularidad; el caos, la falta de certidumbre, de transparencia, el sospechosismo, la debilidad, temor y acotamiento del árbitro, son la norma, lo normal. Lo que debe estar ahora en nuestra mira es precisamente eso, las condiciones del sistema político-electoral, y del político en su conjunto. Si hubiera ganado AMLO, ¿hubiera estado todo bien? No, las tareas seguirían pendientes, al menos muchas de ellas. Recordemos que algunas de las leyes que el Gobierno del DF ahora presume –y hace bien- fueron detenidas por AMLO, quien por ejemplo quería someter a referéndum algunos derechos de la comunidad LBGTQ. Cosas de la vida, una diputada panista le corrigió la plana. Hay que presionar a los legisladores -vía personal, ONG’s o Movimientos ciudadanos- para que no sea permisible la compra del voto o cualquier otra ilegalidad, para que haya equidad en el proceso, para que haya penas duras ante alguna infracción o ilícito. Si creemos que la Segunda Vuelta electoral resolverá el problema de la legitimidad, entonces presionemos para que se legalice, se regule de forma precisa y no de forma espontánea. Sólo consideremos que la segunda opción de quienes simpatizan con el PAN es el PRI, por cuestiones de Agenda, y no el PRD.

Hay que aceptar, no guste o no, que el voto favoreció al PRI y su candidato; es decir, no sólo a EPN, sino al PRI, eso puede apreciarse en los resultados de la elección general, no sólo presidencial. Afirmar que quienes votaron por el PRI son corruptos o ignorantes, es un error y una irresponsabilidad. Hay millones de personas que eligieron esa opción, y seguramente la mayoría lo hizo consciente de su decisión; no coincido con ellos, en lo absoluto, pero tampoco puedo descalificarlos, ni acusarlos. Merecen respeto a su voto, amén del desacuerdo.

El resultado parece ser definitivo y no se ven signos, pruebas, de que un fallo del TEPJF vaya en sentido opuesto; en consecuencia debemos trabajar con las elecciones intermedias de 2015 y las federales d 2018 en mente. Presionemos por una Reforma del Estado que abra espacios de toma de decisión política, por la transparencia y el acceso a la información, por imponer límites a los grupos de interés, por otorgar dientes a los órganos que lo requieren a fin de articular y construir condiciones democráticas. Consolidemos la rendición de cuentas y sus mecanismos. Construyamos un sistema democrático.

La democracia, una vez más, es mucho más que elecciones; participar es mucho más que votar; rendir cuentas trasciende la re elección y las instituciones gubernamentales; la inequidad no es fraude, la ilegalidad sí lo es. Pensar lo contrario es una farsa y una tragedia.

Evaluando los daños de la elección federal en México II

–Segunda entrega de dos

–Por Amando Basurto

Hasta el día de ayer por la noche, al terminar de escribir la presente, los distritos electorales no había terminado de hacer el análisis ni el recuento total de (por lo menos) el 54.5% del total de la elección presidencial. Lo que quedaba cada vez más claro es la enorme cantidad de irregularidades del proceso; lo que ha significado de entrada una bofetada con guante blanco a todos aquellos que repitieron alguna variante del estribillo iluso: “la jornada electoral fue un ejemplo de pulcritud y expresión fina de la democracia mexicana”. Tener que recontar más de la mitad de la elección es un gran revés a la confiabilidad inicial del proceso.

Sin embargo, las irregularidades en las actas no es el peor de los problemas que enfrenta la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Si lo es, desafortunadamente, el desaforado uso del poder político, el corporativismo, la corrupción, la compra sistemática de votos y el uso ilegal de recursos públicos en los que se ha convertido la maquinaria política de los partidos políticos. Especialmente las maquinarias estatales del Partido Revolucionario Institucional han demostrado ser el renovado origen de su poder político. Los grandes ganadores de las elecciones del año 2000 fueron los comités estatales que, tras depender del poder concentrado en la figura del presidente desde 1930, obtuvieron descomunales recursos para su operación política local (un avanzado cacicazgo institucionalizado). Estos son los espacios desde donde la coacción y la compra de votos fue orquestada este año con una coordinación difícilmente igualable. Esto ha puesto de cabeza el sistema electoral al que se había (supuestamente) blindado en contra del “embarazo” de urnas. El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tienen suficiente facultades para castigar estas ilegalidades y no tienen suficiente poder para anular completamente unas elecciones con tal cantidad de irregularidades. En este sentido, la evaluación arroja números rojos tanto para la confiabilidad general del proceso como para la legalidad con la que proceden los partidos políticos.

¿Cómo hacer para evitar que las dinámicas de corrupción y abuso de la necesidad sigan siendo la constante en nuestro país? Por lo visto una reforma política a fondo no será fácilmente aprobada por la partidocracia mexicana. Lo que nuestro país necesita es una sacudida política; al estilo del “pípila” –ese cuasi-mítico personaje de nuestra independencia– la estructura política necesita ser incendiada desde sus cimientos para reestablecer límites civiles de acción política, imponiendo altos costos al abuso y la corrupción y construyendo definitivamente un sistema electoral confiable. Pero más importante, ¿cómo lo hacemos políticamente antes de que la violencia nos gane el paso y veamos a nuestro país envuelto en una guerra civil?

La evaluación de daños arroja un gran perdedor. El Partido Acción Nacional pierde posiciones políticas en casi todos los puestos de elección por los que compitió el domingo. Perder la Presidencia se suma a la pérdida definitiva de la gubernatura de Morelos, a la reducción de su fuerza en el Distrito Federal y, finalmente, a convertirse en tercera fuerza política en el Congreso. La gran impopularidad de la administración Calderón penetró hondo en el sentir del electorado y Josefina Vázquez Mota no sólo cometió errores graves durante su campaña sino que no pudo desmarcarse del todo para venderse como producto “diferente”. Es muy probable que la bancada intente convertir al PAN en el partido “bisagra” en la negociación de las “reformas estructurales” con el PRI, pero en todo caso asistirá a las negociaciones con una fuerza muy menguada.

En términos de sistema de partidos, los ciudadanos resultamos perdedores tras la jornada dominical. Que el Partido Nueva Alianza mantenga su registro sólo coadyuva a la institucionalización de la corrupción y el corporativismo. Que Gabriel Quadri haya recibido poco más del 2% del voto presidencial habla muy mal de la política mexicana, en donde algunos prácticamente votarían por cualquiera con tal de no votar por los de siempre. Lo peor es que el recuento distrital podría poner al PANAL en la situación de convertirse en un partido “bisagra”, lo que nos dejaría en manos de un triunvirato temible PRI-PVM-PANAL.

Sorpresivamente, suceda lo que suceda tras los conteos distritales, la revisión de los paquetes con irregularidades y las impugnaciones ante el tribunal electoral federal, los verdaderos ganadores de la jornada del primero de julio son los partidos que conforman la Coalición Movimiento Progresista. Aun si después de agotar todas las instancias legales Andrés Manuel López Obrador no es declarado Presidente, la Coalición consiguió ganar las gubernaturas de los estados de Morelos y Tabasco, así como la Jefatura de Gobierno del D.F. (los números de la elección siguen sin ser finales pero es necesario trabajar con este supuesto). El capital político adquirido es enorme; de no dilapidarlo y coordinarlo, la Coalición se erigirá como segunda fuerza política.

Lo que se requiere es una verdadera autocrítica al interior de la Coalición y una definición de sus prioridades. En caso de que el TEPJF otorgue la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto, la Coalición deberá considerar lo inefectivas que fueron las acciones post-electorales de 1988 y del 2006. Posiblemente la mejor opción sería reconocer el resultado bajo protesta y usar el nuevo capital político para intentar crear un marco jurídico mucho más efectivo en contra de todas las irregularidades que se han presentado en las últimas elecciones presidenciales. Podrían también jugar un papel más constructivo en las reformas fiscal y laboral, y una muy legítima oposición política desde el Congreso. Incluso más importante, podrían utilizar el movimiento construido por AMLO para presionar políticamente y fiscalizar a los gobiernos estatales priístas y panistas, así como para asegurar que los gobernadores de “las izquierdas” cumplan con las expectativas de quienes los eligieron. De esta manera allanarían el camino para la elección presidencial del 2018. Para eso tendrían que reconocer que, a diferencia de los casos de Morelos y Tabasco, ganaron la Jefatura de Gobierno y una mayoría legislativa y delegacional aplastante del D.F. como resultado del efecto Ebrard y no López Obrador. Esto ayudaría a convencer a AMLO de liberar su movimiento de su liderazgo y permitir que trascienda su persona en pos de una izquierda políticamente lista para dirigir el país.

Mientras tanto nos queda estar pendientes al proceso de conteo y calificación de la elección; y debemos hacerlo reconociendo que el IFE, la FEPADE, el TEPJF no tienen las facultades de resolver todos los ilícitos ocurridos durante la campaña y la jornada. Actuar de manera efectiva y estratégica será lo único que puede hacer de este proceso uno constructivo.

Evaluando los daños de la elección federal en México

–Primera de dos entregas–

–Por Amando Basurto

Mucho se ha escrito al respecto de la jornada electoral del pasado domingo. Algunos, a pesar de lo desaseado del proceso, se refieren a la jornada electoral como una gran expresión de la democracia mexicana. Otros califican la jornada y el trabajo del Instituto Federal Electoral (IFE) como un ejercicio parcial y fraudulento. Como sucede en circunstancias de polaridad radical, ambas opiniones tienen una alta carga ideológica combinada con sentimientos de frustración y arrogancia. Frente a esta oleada de sinrazones y verdades a medias, decidí esperar algunos días y dejar que la polvareda se asentara para poder realizar una evaluación de la jornada electoral y emitir opinión.

De inicio hay que considerar el papel jugado por el IFE y, en general, el valor de las instituciones. Lo primero que llama la atención es la firma del Acuerdo para la Defensa de las Instituciones y los Resultados Electorales (y el llamado Pacto de Civilidad) por ser una completa incoherencia. Todos los candidatos registraron su candidatura ante la autoridad electoral lo que implica la aceptación y el aval de las reglas de juego por parte de todas las partes (incluyendo los resultados). Firmar uno o diez pactos más no acumula ni incrementa el compromiso de los firmantes (el caso me recuerda lo gracioso de los señalamientos en las carreteras mexicanas que rezan “Respete los señalamientos”, como si el conductor que no respeta el resto de los señalamientos le fuese a hacer caso a éste en específico). Evidentemente el acuerdo es resultado del conflicto postelectoral de hace seis años y refleja más miedo a que se repita que un verdadero compromiso con las instituciones.

El segundo problema con el acuerdo es de percepción; de alguna manera la gente supuso que al firmarlo los candidatos y partidos renunciaban a impugnar casillas o el proceso y llevar los casos a las cortes correspondientes. Los medios de información han ayudado a generar esta percepción al aplaudir el que los candidatos Vázquez Mota y Quadri reconocieran temprano esa noche que los resultados no los favorecían (es muy fácil hacerlo cuando sólo se obtiene el 25 y el 2.2% del voto respectivamente y cuando sólo algunos ilusos no sabían que serían los candidatos con menos votos). No tiene mucho mérito reconocer la derrota cuando nunca se tuvo la posibilidad de ganar. El caso de López Obrador es diametralmente opuesto ya que pudo haber “reconocido” los resultados bajo protesta y explicar que esperaría al conteo distrital (posible recuento) y a las impugnaciones correspondientes. Sin embargo, López Obrador utilizó un lenguaje titubeante que no ha ayudado a sus seguidores y si le ha servido de combustible a sus detractores. Ojalá que a los dirigentes de “las izquierdas” les quede claro que la movilización y los plantones no sirven para resolver casos de fraude electoral; esta es una enseñanza de lo ocurrido tanto en 1988 como en el 2006. No tiene que ver con lo que piensan los detractores del movimiento, es un asunto de efectividad nula históricamente comprobada.

También es importante reconocer que tener una autoridad electoral como el IFE nos enfrenta a nuevos y más complejos retos. Antes de la creación del instituto, la sociedad mexicana vivía presa de resultados electorales organizados, contados y sumados por el partido en el poder y desde el poder. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) controlaba todo el sistema electoral y los resultados eran altamente “confiables”. Para el año de 1988, el fraude incluía todas las modalidades de coacción del voto, rellenado de urnas, acareo y conteo “irregular” de votos (y caídas de sistema). Tras la dura tarea de crear un instituto electoral confiable (confiabilidad que los partidos se han dedicado a erosionar), ahora tenemos urnas más limpias y conteos “menos amañados” pero poca capacidad de verificar y castigar la compra y coacción de voto. Esto quiere decir que hablar hoy de fraude no es hablar simplemente del conteo de votos sino de una serie de actos ilegales que son muy difíciles de fiscalizar y comprobar en la corte; el fraude se ha movido a un espacio es que sólo es prevenible si la pobreza y el hambre; no hiciera a la sociedad mexicana una presa fácil de los partidos políticos. Por desgracia, el sistema hoy permite a los partidos recurrir a estas prácticas y pagar un muy bajo costo político y legal.

Finalmente, es necesario referir el proceso de conteo y publicación de números que sigue siendo obscuro para parte de la ciudadanía. Primero tenemos las encuestas que durante meses insisten en presentar una medición científica de preferencias y que han demostrado por años que en México sólo sirven para hacer propaganda política. Después recibimos las encuestas de salida y conteos rápidos privados que dan una idea de lo cerrado o definitivo de los resultados. Pero el IFE, entonces, inicia la publicación de dos cálculos y sumatorias muy distintas que generan mucha confusión: el Programa de Resultados Preliminares (PREP) y un conteo rápido. Si uno no entiende la diferencia pareciera que antes de media noche, con pocas casillas computadas en el PREP, el IFE otorga la victoria a uno de los candidatos. Puedo decir, por experiencia[1], que la manera en como los resultados son capturados y computados contribuye a la incertidumbre de la jornada. Por falta de cuidado, por cansancio, o de mala voluntad, las actas y las sábanas con los resultados de cada casilla son muchas veces llenados con errores. A esto hay que añadir que las alianzas y coaliciones han vuelto muy complicado el proceso de computo. Cuando los paquetes electorales arriban a las oficinas distritales se descubren muchos problemas en las actas, pero estos problemas no son siempre resueltos antes de que el acta se ingrese al PREP. A esto hay que sumarle además todos los errores de captura que se dan en el PREP. La incertidumbre así generada se suma al resto de irregularidades del proceso (en especial a la compra de votos).

Es por eso que el conteo que comienza el día de hoy es muy importante para saber cual es exactamente el resultado electoral (antes de ser llevado a las cortes a calificar). La defensa del voto emitido, desafortunadamente, no protege a los electores de la coerción y corrupción a los que son sometidos antes de emitirlo.

–El día de mañana presentaré mi evaluación sobre los daños por partido


[1] En 1994 fui representante de partido en casilla, el año 1997 participé con Alianza Cívica en el ejercicio de conteo rápido el la primera elección de jefe de gobierno del D.F. y el año 2000 fungí como representante distrital de partido.