Sobre la primavera árabe y su complicada perspectiva.

Hace unos meses vimos con asombro cómo países con añejos gobiernos autoritarios, se cimbraban ante la presión de las masas en la calle, en las plazas, en la Internet. El clamor popular por participación, inclusión y derechos civiles hicieron que gobiernos con décadas en el poder tuvieran que prometer reformas, ceder espacios políticos o declinar al ejercicio del poder. En algunos casos, como el egipcio, las promesas de reformas a corto o mediano plazo no fueron suficientes y los mandatarios fueron obligados renunciar.

A meses del inicio de estos movimientos –el final de ellos no se ve próximo y aún es pronto- no está claro el rumbo que tomarán las revueltas populares en la región. En el amanecer de la “primavera árabe” había la esperanza –o la idea- de que una ola de revoluciones demoliberales recorrerían el norte africano y Medio Oriente, sin embargo, no eran pocas las voces que advertían –y aún hoy- que estos movimientos no residían en el espíritu democrático, sino que atendían a crisis particulares ajenas a los valores e ideales de la democracia occidental. No obstante, cabe la aclaración de que no toda democracia es liberal, pero sí debería ser participativa, y eso es el común denominador de los movimientos sociales árabes de los últimos meses.

Autoritarismo, malas administraciones, demografía y desempleo, fueron los principales detonantes de una crisis que comenzó en Túnez y que aún está por verse su alcance y profundidad. El problema que ahora enfrentan las revoluciones árabes es, al igual que muchas revoluciones, abrir un espacio político real ante fuerzas que pretenden –luego de aprovechar el ímpetu democrático- limitar y contener el clamor popular.

Egipto es particularmente foco del escepticismo, pues del gobierno militar de Hosni Mubarak se transfirió el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA); de un gobierno militar  a otro. El CSFA prometió transferir el poder a un gobierno civil luego de organizar elecciones para fines de 2012, pero ante el reclamo popular y de las diversas fuerzas políticas –como los partidos liberales y los Hermanos Musulmanes- ha ofrecido adelantar los comicios para mediados de 2012 e inclusive –en las últimas horas- la organización de un gobierno civil de transición a manos de un antiguo colaborador de Mubarak, Kamal al Ganzuri. Propuesta rechazada por las distintas fuerzas políticas.

El problema de Egipto es cómo organizar un gobierno de transición legítimo y consensuado; ¿cómo negociarán fuerzas tan disímbolas como los ocho partidos islamistas y los catorce liberales, entre ellos socialdemócratas? Habrá que esperar probablemente a los comicios escalonados para el Parlamento que tendrán lugar entre este lunes 28 de noviembre y febrero del próximo año. ¿Cómo quedará la correlación de fuerzas, si se calcula que un 20-30% apoya a los Hermanos Musulmanes y un 20% a los partidos liberales? El restante 50% del electorado no tiene una  postura definida. Esto amén de las rivalidad entre el CSFA y los Hermanos Musulmanes, que divide importantemente al país.

Otro foco de atención y escepticismo, con sobrada razón, es Siria, pues en las últimas semanas ha habido un recrudecimiento de la represión por parte del gobierno a los movimientos civiles que protestan contra cuarenta años de gobierno de la familia del presidente Bashar al Assad. Esto ha generado por un lado una severa crisis humanitaria en gran parte del país, y por otro una gran oleada de refugiados sirios a Turquía. El escenario llama cada vez más la atención de potencias que por diversos motivos, sobre todo geopolíticos, quisieran intervenir en la región y así tener influencia en la reconfiguración política de la región, no únicamente Siria.

Países como Libia o Túnez ya están dando los primeros pasos en la conformación de un nuevo gobierno –el primero debe organizar comicios constituyentes en ocho meses y el segundo recién ha inaugurado su Asamblea Constituyente- pero todavía queda por ver –al igual que en Egipto y Yemen que apenas ha anunciado medidas para nuevas condiciones políticas- qué papel tendrá la sociedad en la reconfiguración sociopolítica, e incluso las fuerzas políticas organizadas.

En efecto es dudoso que haya un espíritu demoliberal impulsando a la “primavera árabe” como fenómeno amplio, pero sin duda se encuentra en algunas fuerzas políticas, así como otras filosofías políticas. Lo que sí está presente es la participación ciudadana en la reconfiguración política de sus Estados, ese es sin duda un ejercicio democrático que buena falta hace en otros horizontes. Lo que está por escribirse es sin lugar a dudas la parte más complicada e interesante en la refundación o reorganización de un Estado: la organización de un nuevo sistema político, o al menos diferente; un proyecto o idea de nación incluyente, participativo y con amplios derechos y obligaciones sociopolíticas.

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La democracia en tiempos de liberalismo y republicanismo descafeinados

Hay quienes piensan que la realidad virtual es en verdad una realidad sin esencia, sin contenido. Especulan que vendrá el día en que no estaremos seguros si lo visto existe ahí frente a nosotros, si lo que escuchamos y saboreamos son más allá de estímulos cuya existencia no cuestionamos.

Sin embargo, cuando uno observa etiquetas como las que rezan: “leche deslactosada,” “café descafeinado” e incluso la de aquella mantequilla que se llama “I can’t believe it is not butter,” uno no puede sino cuestionar si no es que ya vivimos en una realidad sin esencia, vaciada de contenido. Es decir, si no es que ya convivimos en una sociedad en la que nos convencemos los unos a los otros de que a pesar de estar vacía de contenido, esta realidad es la más real posible. En este mismo sentido, nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo en donde los absolutos ideológicos –ya sean políticos o religiosos– conviven con una generalizada incredulidad y desconfianza hacia todo lo que pretenda ser homogenizante o universalista.

La modernidad, con su ilustración ultranacionalista, prometió entre otras cosas un orden interestatal construido sólidamente sobre la institucionalización de la legitimidad político-estatal y la normalización jurídica de las relaciones entre los estados. La modernidad también prometió el fin de los dogmas a través de la defensa de la pluralidad y el individuo. Mientras la razón se convertía en el eje definitorio de lo humano, la personalidad jurídica y la diferencia de opinión garantizaban individualidad.

Es la modernidad misma la que trae consigo la colisión sociopolítica con el viejo régimen rígidamente estamentario. El republicanismo de la Roma clásica –patricio, altamente jerárquico y que había sido reemplazado por proyectos monárquicos absolutistas– contendía ahora contra el liberalismo. El primero le otorga a lo político un rol esencial en la condición humana del hombre. El Estado, en este caso, es una expresión refinada de civilidad. El segundo, igualitario e individualista por definición, otorga preeminencia al individuo por sobre la sociedad y sobre la comunidad política. El liberalismo disloca al individuo de su entorno político y naturaliza al mercado como su esfera primaria de acción. El ser humano es un ente social porque satisface sus necesidades y deseos en el mercado y requiere del Estado sólo como un garante del orden y la legalidad.

Desde el siglo XIX hemos sido testigos del debate constante entre republicanismo y liberalismo. Entre aquellos que consideran la pertenencia a una comunidad política como esencial en la estructura ontológica del ser humano y los que asumen que el individuo, por ser autónomo, debe de ser protegido en sus bienes y derechos del poder político del Estado. La constancia de dicho debate no es simplemente una consecuencia de que  ninguno haya triunfado del todo, sino también de que el debate se ha desarrollado en el contexto de desconfianza e inconsistencia ideológica de la modernidad.

Más allá del debate mismo, lo que podemos apreciar cada vez con mayor intensidad es que el liberalismo y el republicanismo han sido vaciados de contenido, descafeinados pues. Y no es sólo que a algunos se les ha ocurrido diluir las diferencias entre los dos al afirmar que el liberalismo es una ideología con raíces en el republicanismo (algo que es obvio a menos que se crea que el liberalismo haya tenido un origen ex nihilo), sino también por una intención generalizada de simplemente encontrar puntos intermedios, de falsa convergencia, entre ambas filosofías políticas.

Este es el contexto en el que el concepto de democracia ha sido utilizado como justificador y legitimador de la versión diluida tanto del liberalismo como del republicanismo. Desafortunadamente, esto ha significado un vaciado, aun más radical, del contenido del concepto de democracia y su sobreutilización ideológica. Intentos liberalizadores como el de Norberto Bobbio, modernizadores como el de Giovanni Sartori y globalizadores como el de David Held han requerido hacer creer a sus lectores que la democracia –aquella que era evidentemente un viciado sistema político desde Platón hasta James Madison– tiene una versión mejorada en la virtuosa “democracia moderna, liberal y representativa.” Esto no sólo ha significado la bancarrota conceptual de la democracia –una bancarrota en la que la democracia ha dejado de significar demos kratos– sino también el establecimiento de un espacio de confort intelectual, un mero lugar común plagado de clichés “democráticos” que cubre al mundo con un manto super-ideológico que clama ser parte esencial del mismísimo fin de las ideologías.

Hoy la “democracia,” y todo lo “democrático,” no refiere más aquel sistema político cerrado, excluyente, de participación política directa que se caracterizaba por su inestabilidad; pero tampoco refiere simplemente un sistema político alternativo o probable. Ahora es, mejor dicho, el sistema o la característica que justifica y legitima a todo aquel sistema político con elecciones frecuentes y con cierta igualdad jurídica que garantice “un ciudadano, un voto.” Aquí es donde la democracia descafeinada –desdemocratizada– surte su primer efecto: nos hace olvidar casi por completo que el republicanismo de la Roma clásica era un sistema representativo, en el que el Senado jugaba el papel central; y nos pretende hacer olvidar también que la igualdad de derechos individuales es un principio liberal por definición y no democrático.

¿Cómo es que un orden político que combina republicanismo y liberalismo descafeinados acaba denominándose “democracia”? No es asunto menor ni gratuito; llamar democracia a las repúblicas liberales contemporáneas hace creer a los que viven en ellas que en verdad gobiernan o que en un futuro esperadamente cercano la sociedad gobernará o pondrá al gobierno netamente a su servicio. Es la expresión más alta del simulacro boudrillardiano; es el momento en el que la leche deslactosada remplaza completamente a la leche, el momento en el que el café descafeinado es verdadero café.

Pero el problema del desfondamiento conceptual, y el consiguiente abuso ideológico de la democracia, no termina allí, en una burla política de oligarquías ocultas detrás de la llamada “voluntad popular.” El segundo efecto ideológico de la democracia liberal (desdemocratizada) es geopolítico y estratégico. No sólo es la legitimación de un republicanismo liberal poco igualitario y altamente clasista, sino también es la justificación más utilizada históricamente en la política expansionista e intervensionista estadounidense.

Si los grandes imperios europeos se expandieron bajo premisas civilizatorias, los Estados Unidos de América se expandieron e intervienen alrededor del mundo bajo premisas democratizadoras. Como el republicanismo liberal (“democracia”) genera estabilidad política y libertad económica, la política exterior estadounidense ha insistido en promover su instauración alrededor del planeta, voluntariamente o a la fuerza.

Para que el concepto de democracia jugase un rol central en la política exterior estadounidense debió de ser desfondado de todo contenido y reideologizado. El proceso fue largo y tortuoso y aquí sólo lo enlisto en sus generalidades.

En primer lugar, hubo que crear un discurso y un imaginario público que permitiera el uso de la palabra democracia para referirse, ya no a aquel sistema cerrado de participación política, sino a un sistema que permitiera el libre juego de los intereses de las élites locales y nacionales estadounidenses, lo cual sucedió con la retórica que acompañó la democracia Jacksoniana de los 1830. El gran propagandista y publicista de la democracia a la americana fue Alexis de Toqueville.

El segundo momento de transición sucedió durante la presidencia de Woodrow Wilson. En tiempos de la gran guerra, la potencia mundial en ciernes decidió enfilar sus armas contra aquellos imperios trasnochados que atentaban contra la expansión de los mercados internacionales. Si el Jacksonianismo había descafeinado a la democracia haciéndola segura para el mundo, Wilson ahora intentará instaurar un mundo seguro para esa democracia descafeinada.

Hoy, finalmente, pareciera que todo sistema político debe de ser más o menos democrático en su versión más light. La falta de consenso sobre su definición es lo que ha permitido el abuso discursivo e ideológico del concepto “democracia”. El concepto se ha vuelto no sólo el catalizador del intervencionismo estadounidense, también se ha convertido en el eje legitimizador del proyecto hegemónico cultural occidental. La mejor manera de mantener el status quo es no siendo estrictos con el uso del concepto democracia; este ensayo es un intento e invitación para cambiar eso.

Hacia una Reforma política diluida.

En Gatopardo Giuseppe Tomasi Di Lampedusa nos cuenta cómo cambia la estructura sociopolítica en la península itálica durante la unificación para que todo siga igual; de ahí el calificativo de gatopardismo. Es decir, un reacomodo de fuerzas políticas cuyo objetivo era (para algunos, como la Aristocracia) mantenerse en el poder pero con mayor legitimidad y (para otros, la burguesía particularmente) acceder a la toma de decisiones y así defender con mayor éxito sus intereses. Lamentablemente la Reforma política que parece asomarse en nuestro país parece no alcanzar ni siquiera ese calificativo de gatopardista.

Lo que inició como una Reforma política con alcances interesantes pues hablaba de rendición de cuentas –cierto poco aterrizada la idea- re elección, disminución del número de legisladores en ambas Cámaras, candidaturas ciudadanas o independientes, financiamiento a campañas de éstos, la posibilidad de proponer leyes por parte de la ciudadanía, la eliminación de la Cláusula democrática para la ALDF, y algunos otros temas que varios legisladores impulsaban fervientemente, se ha convertido en una Reforma que apenas puede llamarse así. Es, por lo pronto, una serie de prudentes, tímidas y poco relevantes aportaciones a la Constitución.

El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, aquella que supuestamente representa a los ciudadanos y de la que debería cuidar a la nación el Senado de acuerdo a discusiones decimonónicas, sólo se refiere al Artículo 35 sobre las prerrogativas o derechos del ciudadano,  al 36 sobre las obligaciones del ciudadano y el 71 sobre el derecho de proponer leyes o decretos. Los demás artículos hacen referencia a temas como el otorgamiento de permisos al presidente, los nombramientos del gabinete, la toma de protesta presidencial, la ausencia del primer mandatario, y otros asuntos que si bien son relevantes, sin duda palidecen ante la expectativa y alcance que se esperaba de los temas mencionados con anterioridad y podrían ayudar a la construcción de un sistema más representativo y con poderes limitados.

La aportación que hace la Cámara de Diputados en el Artículo 35 se concentra en las fracciones II, VI y VII, refiriéndose al derecho del ciudadano para ser votado para cualquier cargo de elección popular y solicitar registro para el proceso electoral de manera independiente, así como presentar iniciativas de ley. En el Artículo 36 únicamente señala el derecho –u obligación- de votar en elecciones y consultas populares. Por último en el Artículo 71 señala el derecho de los ciudadanos a presentar una iniciativa de ley, siempre y cuando ésta cuente con por lo menos el 0.13% de respaldo de acuerdo al padrón electoral. El Artículo 73 otorga facultad al Congreso para legislar sobre iniciativas ciudadanas y/o consultas populares.

Cierto es que falta historia por escribir, a ver qué opina el Senado sobre este dictamen. Algunos Senadores del PAN, el PRD y el PRI han señalado que estas semanas se acercarán con algunos diputados a fin de discutir la Reforma política y rescatar propuestas que la Cámara Alta había impulsado. Veremos pues en qué acaba esta ya muy descafeinada Reforma política.

Los llamados de “unidad” y el autoritarismo democrático en México

Ahora que “las izquierdas” parecen haberse decidido por un candidato de unidad, le corresponde al “centro” y a la “derecha” decidirse por sus abanderados a la extenuante carrera por la presidencia. Y es precisamente la idea “de unidad” la que llama especialmente la atención con respecto a dos temas íntimamente relacionados: la falta de competitividad electoral de “las izquierdas” y la ineficiencia legislativa.

El que las encuestas hayan favorecido a Andrés Manuel López Obrador no es para nada una sorpresa. Es de suponerse que Marcelo Ebrard propuso esta forma de decidir sobre quién lideraría a la izquierda sabiendo que necesitaba casi un milagro para ganarle un López Obrador tan popular (quien también necesita un milagro para quitarse de encima toda su impopularidad). Pero más allá de opinar sobre lo adecuado o no de las encuestas, es importante considerar el resultado: es casi un hecho que López Obrador será el candidato presidencial por segunda vez. Pongámoslo así: el PRD sólo tendrá dos candidatos presidenciales en un periodo de 24 años (entre la formación del Frente Democrático Nacional en 1988 hasta 2012). El que las izquierdas requieran plegarse cada vez más bajo la sombra de un solo líder se debe a su ineficacia electoral. La “unidad”, en este sentido, es parte de una estrategia electoral necesaria a pesar de lo poco democrático del caudillismo.

Por otro lado, la formación de un gobierno de “unidad” que tenga una mayoría legislativa es la mayor preocupación de los priístas. Enrique Peña, por ejemplo, ha insistido en que el “gran tema faltante” de la reforma política en México es la “construcción de mayorías parlamentarias”. No sólo ha sugerido que se instaure una cláusula de gobernabilidad para el congreso federal que replique la que está vigente en el Distrito Federal, también pretende eliminar aquélla que limita la sobrerrepresentación del 8% en la Cámara de Diputados. Su propuesta se ha concentrado en hacer pasar la cláusula de gobernabilidad como un “mecanismo democrático”: “En un contexto plenamente democrático, resulta absurdo poner un freno a la formación de mayorías”, a lo que habría que responder que en un contexto plenamente democrático es absurdo pensar en imponer mayorías que no son directamente electas por los ciudadanos (es decir, anti-democráticas).

La preocupación de Peña es exactamente la misma que expresa Manlio Fabio Beltrones en su ensayo El Futuro es Hoy ¿para qué queremos ganar?: “Lo que nuestro país necesita es impulsar un gobierno de coalición democrática que responda a la cohesión y al acuerdo y no al desencuentro, así como a la representación auténtica de las mayorías y a la participación social, y no a un mecanismo de cuotas electorales y privilegios.” Es decir, los líderes priístas están más preocupados por establecer un instrumento de cohesión y unidad para garantizar gobernabilidad, no democracia. Beltrones ha estado impulsando una reforma constitucional que permita el establecimiento de Gobiernos de Coalición. Esto implicaría que si el partido del presidente en turno no obtiene mayoría legislativa podría optar por negociar una coalición con el partido que se la garantice, acordando sobre las “políticas compartidas que serán de carácter obligatorio para sus partes” y sometiendo la ratificación del nombramiento de los miembros del gabinete a la aprobación por el Senado. Dos problemas importantes se derivan de esta propuesta: 1) es cierto que las políticas acordadas se pondrían sobre la mesa pero eso no significa que los ciudadanos sepamos qué fue lo que se negoció y 2) establecer Gobiernos de Coalición posibilitaría que dos partidos saquen de la jugada de manera cuasi-permanente al resto de las fuerzas políticas. Lo que veríamos es una institucionalización de la llamada concertacesión  y una insistente repetición de acuerdos como aquel torpemente firmado César Nava y Beatriz Paredes cuando presidían sus respectivos partidos y que fue motivo de la renuncia de Fernando Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación. Ese acuerdo pretendía ser un instrumento jurídico pero evidentemente no era vinculante, que es precisamente lo que la propuesta de Beltrones trata de subsanar al hacer el acuerdo obligatorio. A todas luces, la preocupación de Beltrones es “la dificultad del Presidente de la República para llevar a cabo decisiones de autoridad se ha destacado como uno de los temas centrales de la democracia en México. Hemos sido testigos de la imposibilidad de los gobiernos para tomar decisiones eficaces, que sean realmente obedecidas.” Es obediencia y no democracia lo que está al centro de la propuesta; no es una visión al “futuro que es hoy”, sino la añoranza de un pasado autoritario donde el presidente tenía un séquito que legislaba por encargo.

Aunque muy distintos, ninguno de los llamados a la “unidad” y “cohesión” representa un paso adelante para la aún-mal-lograda democracia mexicana. El caso de las izquierdas no sólo evidencia ineficacia electoral sino la terrible falta de formación de cuadros y reconocimiento de nuevos liderazgos. El caso de los líderes priístas representa el peligro de regresar a un sistema autoritario en el que las minorías simplemente no tienen poder político real.

Reseña/Comentario sobre ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana de Carlos Salinas de Gortari (nov. 2011)

El libro publicado este mes por el expresidentes Carlos Salinas es una síntesis de su obra Democracia Republicana publicado el año pasado. No es claro si esta síntesis intenta resanar las pocas ventas que pudo haber tenido el libro en su versión original o si pretende ser un librito de bolsillo y referencia rápida para quienes dirigen la campaña de Enrique Peña Nieto. Lo que es evidente es que la publicación de esta versión resumida tiene la intención de poner el tema del “liberalismo social” sobre la mesa electorera de los próximos meses.

El libro tiene tres ejes principales: el primero es la crítica a los intelectuales orgánicos del neoliberalismo y del neopopulismo en México. Para ello, Salinas hace uso de las nociones de “intelectuales orgánicos” y “lucha de posiciones” de Antonio Gramsci como la columna vertebral del texto. Sería mejor, e incluso honesto, si Salinas hiciera las referencias a ambas categorías desde el principio para saber el origen de ambas nociones tan centrales en su argumento. Sin embargo las referencias cuasi-subliminales proliferan incluyendo el título del libro “¿Qué Hacer?”, que Salinas atribuye a Nikolai Chernishevski, pero que es el mismo título del programa para el partido revolucionario de Lenin, y la primer línea del prólogo “Dos agravios recorren México” que es obviamente una patética paráfrasis de la multicitada frase con la que Karl Marx inicia El Manifiesto Comunista, “Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo.”

En el capítulo sobre intelectuales orgánicos, Salinas se abalanza primero en contra de Enrique Krauze, a quien llama cacique cultural y servicio del régimen en turno, “indigno heredero del legado intelectual” de Octavio Paz y califica su obras de “meros cotilleos sobre incidentes históricos.” Mientras Krauze es descrito como el acomodaticio intelectual orgánico del neoliberalismo, Lorenzo Meyer es tildado de intelectual orgánico neopopulista. Salinas acusa a Meyer de solapador del menosprecio lopezobradorista a las instituciones. Salinas enfila armas también contra tres figuras a las que critica por ser entreguistas o abogados del intervencionismo. A Sergio Aguayo lo acusa de ser un “apóstol del intervencionismo” y, prácticamente, de espionaje por recibir financiamiento y colaborar con la National Endowment for Democracy y en el CISEN. El segundo entreguista es Jorge Castañeda Gutman, por el apoyo al gobierno de los Estados Unidos de América tras los ataques terroristas del 11 de septiembre  de 2001 y por los votos a favor de las resoluciones 1441 y 1511 del Consejo de Seguridad de la ONU. La tercera, un poco de manera sorprendente, es Denise Dresser, a quien acusa de ser un “intelectual «ninguneador»” y de borronear la historia nacional a favor de intereses intervencionistas. Finalmente, Salinas señala y acusa a Miguel Ángel Granados Chapa por publicar “notas sembradas de información falsa, sesgada y, por supuesto, nunca cotejada con los aludidos,” y a Carmen Aristegui por escribir y opinar “por encargo” además de su tendencia a “victimizarse”. Por ser una “incondicional” de Andres Manuel López Obrador, Aristegui es la principal editorialista orgánica del neopopulismo. Pero más allá de sus acusaciones, cabe resaltar que Carlos Salinas menciona a un “intelectual” y a un “periodista” a los cuales no incluye entre los “orgánicos”: Héctor Aguilar Camín y el “destacado periodista Carlos Marín.” Esto nos deja ver el otro lado de las alianzas y fidelidades “intelectuales.”

El segundo eje del texto es la crítica al neoliberalismo que, según Salinas, durante la “década perdida” (1995-2006) ha debilitado “la soberanía y, con ella, el poder; el progreso sustentable; la justicia social y, finalmente la seguridad.” Este es el mismo argumento, ahora más sintético, del libro La década perdida 1995-2006 que Salinas publicó hace cinco años. Esta crítica se complementa a su vez con la ofensiva contra el opuesto ideológico: el neopopulismo lopezobradorista (y que es el mismo argumento que presenta en Neoliberalismo y populismo en México). Salinas divide la historia contemporánea de México y el mundo en tres: una primera etapa que se deriva del desarrollo histórico del régimen mexicano y del PRI a partir de la gran depresión de 1929, en la que el estado interventor no progresó hacia una mayor autonomía ciudadana debido a la batalla ideológica de la guerra fría; la segunda etapa es simplemente su sexenio, en el que el fin de la guerra fría permitió la instauración de un “liberalismo social” que hizo posible hacer uso productivo de la Política Popular de los setenta. Salinas argumenta que el Programa Solidaridad abrió las puertas a la participación ciudadana en la solución de sus problemas más apremiantes a pesar de la reticencia de la nomenklatura en el PRI, y su versión de la revolución paternalista:

“Solidaridad permitió rehabilitar 120 mil escuelas públicas, introducir agua potable en beneficio de 16 millones de personas y llevar electricidad a 22 millones de habitantes. Asimismo, se rescataron 234 hospitales y se edificaron 120 nuevos, al tiempo que se construyeron 1,373 centros de salud y 1,241 unidades médicas? Los colonos, por su parte, se unieron para pavimentar calles y banquetas en casi 10 mil colonias populares.”

Lo que es claro es que Salinas confunde la acción ciudadana que es netamente política con la participación en comunidad que representa “pavimentar calles y banquetas.” Solidaridad sirvió para hacer que los ciudadanos hicieran lo que el gobierno dejó de hacer, para organizar barrios y colonias alrededor de actividades de mejoramiento y creación de los espacios públicos que el gobierno había abandonado. Aunque valiosa, esa participación vecinal no es ningún impulso en la participación política de los mexicanos.

Los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, representan en el imaginario de Salinas el período en el que el entreguismo institucionalizado terminó con la neoliberalización de las políticas públicas en México. En un argumento simplón, por decir lo menos, Salinas acusa a estos dos gobiernos de entregar al país al capital financiero internacional y de socavar la soberanía tomando como prueba el que la palabra soberanía no aparece en los informes presidenciales de Zedillo de 1999 y 2000 ni en ninguno de los de Fox. Evidentemente, el libro está plagado de intentos de convencer al lector que la crisis económica de 1995 fue consecuencia del “error de diciembre” de Zedillo.

No sólo extraña que Carlos Salinas sea el único que no considera que su administración fue neoliberal, también lo hace su mala memoria. Cuando hace referencia a su sexenio como presidente no hace referencia alguna a la grave crisis política en la que se hundió México entre los años 1988 y 1994, que desembocaron en un movimiento armado activo (el EZLN) de impacto considerable que acusaba el aislamiento y pobreza de las comunidades indígenas (aquéllas a las que Solidaridad no tocó), con asesinatos políticos como los de Luis Donaldo Colosio y José Fancisco Ruiz Massieu, y con las convenientes privatizaciones con las que pagó más de un favor. Si algo no extraña es la inconsistencia y simpleza del tercer eje del texto. Carlos Salinas pretende reconstruir una versión maniquea de la filosofía política en la que su “liberalismo social” se encumbra como la cúspide de un liberalismo que combina republicanismo y democracia. Esta reconstrucción resume su incoherencia cuando Salinas afirma: “El republicanismo original es indisociable de la democracia clásica: el gobierno por el pueblo y para el pueblo. De ahí deriva la sentencia actual, varias veces citada en estas páginas: «Nadie hará por el pueblo lo que el pueblo no haga por sí mismo».” Cualquier profesor de Teoría Política 101 diría que como teórico político, Carlos Salinas es un gran economista.

Demoliberalismo: un concepto total, contradictorio y vacío. (Tercera entrega)

La democracia se ha convertido en algo mucho más que un simple forma de gobierno, pero también en mucho menos que eso. Aparece hoy en día, no sólo como la máxima forma de organización política, sino como la única permitida de acuerdo al  Nomos imperante. Cualquier forma que la cuestione, es etiquetada como totalitaria y cualquier cuestionamiento a la universalización de los llamados “valores democráticos”, es igualmente totalitario. Es decir, la democracia con todo y su gran carga valorativa –y en buena medida, justamente por ello- se ha convertido en una democracia totalitaria, por eso, ante el peligro de ser etiquetados como enemigos de la democracia, es que pocos cuestionamientos hay –o en todo caso no los suficientes- en torno a este sistema de gobierno promovido por los Estados Unidos.

Además de perder contenido por su plasticidad, ella –la democracia- presenta una serie de contradicciones –particularmente la liberal- que vale la pena señalar. Ya desde la década de los años veinte del siglo pasado, el jurista y politólogo alemán Carl Schmitt, señalaba que la democracia liberal carece totalmente de contenido, pues la “igualdad”‘ es sólo un presupuesto formal y no real del orden político, pues la pluralidad, no sólo ideológica, sino de clases que en ella se encuentran lo imposibilita.

Por otro lado, afirma que los valores y normas en la vida política no pueden determinarse por medio de un proceso de deliberación racional entre visiones alternativas del mundo, como lo plantea el liberalismo. Esas decisiones son tomadas por la mayoría o por poder. Todo esto, sin mencionar a profundidad la contradicción en la relación liberalismo-democracia, considerando que democracia obedece a formas pre modernas de organización sociopolítica y el liberalismo, es una filosofía moderna que modifica el significado de aquella y la utiliza como catalizadora y legitimadora de su proyecto.

La democracia se ha convertido en la herramienta legitimadora de los llamados Estados liberales modernos, ocultando su carácter clasista por un lado y por otro, su naturaleza expansionista en busca de mercado y control de recursos. La democracia pretende dar orden y cause a las exigencias sociales, pero en realidad las limita y contiene, cuando no las descalifica, además de debilitar a los gobiernos democratizados.

El Estado demoliberal, el pensamiento demoliberal se encuentra expresado tanto en el ámbito económico como el jurídico, el ético y el moral –he ahí la Pax Americana– constituyendo un sistema de métodos hábilmente diseñados para debilitar al Estado en beneficio de la sociedad a través del Mercado. Por ello es que se encuentran eventualmente respuestas nacionalistas que intentan conservar e imponer  la fuerza del Estado y de la unidad nacional mediante sus mitos fundadores frente al pluralismo de los intereses económicos del liberalismo.

La democracia pretende otorgar poder al pueblo para que alcance y determine su gobierno, el liberalismo en cambio sólo logró –y buscó- abrir el espacio de gobierno a la burguesía, utilizando a la democracia sólo como un proceso legitimador, no como una constitución política. El Parlamento terminó siendo un espacio de representación de partidos políticos e intereses económicos, no del Pueblo, ni de sus intereses. El pluralismo, eje de la democracia liberal, sólo es tal en tanto no existan fuerzas políticas que se conciban como universalistas y por ende excluyentes a otras expresiones.

Democracia e igualdad son pilares ideológicos del liberalismo y su despolitización, pero son también dos de las grandes contradicciones del liberalismo burgués. La igualdad es condición sine qua non la democracia es una realidad en la unidad política, por tanto un sistema que enaltezca el valor de las diferencias y las mantenga al interior del Estado –diferencias excluyentes- lejos está de ser verdaderamente democrático y representativo de la nación en su conjunto. En un Estado homogéneo la decisión política, gubernamental, se da por sí sola toda vez que se comparten valores, objetivos, amenazas, etcétera. En un Estado plural esto es imposible, la decisión o el acuerdo al que se llega es en realidad no es más que el dominio de las mayorías, una simple fórmula matemática carente de racionalidad, aunque no de razonabilidad. Pero podría irse más lejos pues en realidad no son las mayorías las que deciden, sino la minorías, la élite, la clase política que manipula y dirige los deseos mismos de las masas.

La pluralidad ideológica puede darse al interior de la unidad política siempre y cuando cumpla dos condiciones; una, que las diferencias no sean sustanciales con respecto a la naturaleza, desarrollo y objetivos del Estado, así como tampoco excluyentes con respecto a otras vertientes ideológicas; y dos, que la fuerza de la facción no amenaze la existencia o constitución de la unidad política. Esta idea de pluralidad es clara en los Estados Unidos, no sólo a partir de la búsqueda de su hegemonía global en los albores del siglo XX, sino desde el nacimiento de la jóven República y el Artículo X de El Federalista.

El sustento jurídico-ideológico de la democracia liberal en expansión, era –y sigue siendo- el Estado de derecho. En él la burguesía expresaba y ampliaba su poder con el argumento de combatir el absolutismo, la subjetividad y discrecionalidad del sistema monárquico y lo hace ahora para combatir el autoritarismo, el nacionalismo o cualquier otro ismo que represente una amenaza a la hegemonía extrarregional estadounidense. En el Estado de derecho las competencias del poder estatal están claramente delimitadas y predeterminadas, por tanto sus actos son impersonales, objetivos y previsibles. Esta constitución de la unidad política, pretende controlar el poder del Estado al limitarlo por el orden legal –la Constitución y las leyes sectoriales- y garantizando la libertad de los individuos, pero particularmente del sector privado, del Mercado. Es ese el objetivo primario de la difusión de la democracia; abrir Mercados y limitar el poder del gobierno.

En el demoliberalismo, “el Estado aparece como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad”,  señala amargamente Schmitt, al ser reducido a un conjunto de normas y procedimientos. La libertad del individuo, anterior a la existencia del Estado, queda como ilimitada frente al limitado poder estatal, derivado de la división o distribución de poderes. El Estado no buscaría ya la gloria o inclusive la armonía ni éxito del pueblo o la nación, sino que quedaría subsumido o subyugado al orden jurídico, al individuo y su libertad, que en realidad tampoco se presenta como algo Real, sino como uno de los sofismas liberales. El individuo como tal no cuenta ni en las democracias liberales, ya que en su momento de expresión política –elecciones o referéndum- pierde su identidad como particular y asume su papel como citoyen o como parte de un grupo con intereses.

El demoliberalismo supone eliminar la dualidad, la relación sociopolítica amo/esclavo, monarca/súbdito –sustento del Nomos anterior- y con ello transformar las diferencias (tensiones políticas, culturales, etcétera) en diversidad, en pluralismo entre actores en igualdad de condiciones bajo la ley, como afirma Sheldon Wolin. Pero en realidad Di Lampedusa fue muy acertado en su Gatopardo al explicar cómo cambiaron las cosas en la península itálica para que todo siguiera igual, cómo los actores se reacomodan, cambian referentes y conceptos, pero el orden que lo sostiene sólo se matiza, no se modifica su estructura.

Las fuerzas que impulsaron las revoluciones liberales en los siglos XVIII, XIX y XX –veremos que pasa en este- modificaron los referentes de las distinciones sociales, políticas y culturales, pero las diferencias se mantienen, las condiciones estructurales de dichas diferencias se han perpetuado. Ciertamente es una sociedad menos desigual, menos injusta e inequitativa, es más abierta y plural, pero eso no elimina los sofismas demoliberales. La relación amo/esclavo fue sustituida por la de patrón/trabajador, que aunque sí establece derechos del último y obligaciones de aquel, mantiene profundas tensiones y contradicciones con respecto a la supuesta libertad y equidad que abandera la democracia liberal.

El demoliberalismo mantiene las diferencias pero disfrazándolos de diversidades y evita la confrontación al hablar de tolerancia en lugar de derechos, de diversidad en lugar de integración; por ello es que se reconocen grupos, pero no son integrados al sistema político. Los enfrentamientos –producto de las diferencias- son ubicados en el ámbito de lo contingente, pero es el Mercado y no el Estado el encargado de combatir o diluir esas diferencias, pues es él quien articula y lima asperezas entre las diversidades. Por ello es que las diferencias no participan del sistema político, irrumpen en él. Las revoluciones, los movimientos sociales tratan precisamente de combatir esas diferencias, de lograr reconocimiento e inclusión real en la vida política; luchan por derechos no por ser tolerados.

Con la perspectiva de desarrollo, de progreso, de tener acceso a condiciones favorables en la Globalización y a fin de evitar medidas más severas por parte de organismo internacionales, una buena parte de los países excluidos ceden a presiones o peticiones externas, más que internas, que abren su sistema político y su economía. Lo que está en el centro de la pugna entre los países excluidos es el lugar en sí entre los desarrollados, de hecho entre los que aspiran a serlo, pues no sólo no hay garantía de acceder a la promesa demoliberal, sino que la fórmula democracia (liberal) y desarrollo no es necesariamente causal; así como aquella entre paz y democracia.

Lo que ha resultado de la expansión de la democracia liberal estadounidense es el resurgimiento del fundamentalismo de derecha y la erosión de verdaderos valores democráticos mediante la marginalización de vastos sectores de la población global. La democracia se ha reducido a un mecanismo no de gobierno, sino de lucha entre élites.

La promoción de la democracia

(Segunda entrega)

El lenguaje político de la posmodernidad se encuentra en el reino de la ambigüedad, de las contradicciones, de los vacíos, del pragmatismo político de alcance global. ¿Cómo explicar entonces si no es con esos adjetivos, el hecho de que una democracia liberal fuera global y excluyente, abierta e inequitativa, libre y proteccionista,  permisiva y autoritaria?

Con el fin del orden bipolar Estados Unidos estaba en condiciones de reestructurar el sistema internacional una vez más; consolidar y ampliar el Nomos, estableciendo las condiciones necesarias para el Segundo siglo americano. La primera transformación fue en la Primera posguerra al criminalizar la guerra y dividir a los países en agresores y justicieros.

La democracia liberal había triunfado, aunque más por las contradicciones y debilidades de su oponente que por su real fortaleza, pero aunque esto si bien ofrecía la posibilidad de ampliar sus zonas de influencia y control geoestratégico, también (re) surgían –o cobraban nueva relevancia- expresiones políticas regionales o locales que significaban una amenaza a sus intereses y un obstáculo a su hegemonía; i. e. fundamentalismos, nacionalismos o simplemente proyectos políticos con su propia visión de la democracia, del Mercado o de la globalización.

Para contrarrestar la resistencia a su hegemonía los Estados Unidos debían aprovechar elmomento democrático e impulsar la democracia liberal en puntos geoestratégicos clave; e. g. la democratización de Europa del Este, los países Bálticos y Europa del Este –hoy en día Medio Oriente y el Noreste africano. Esto se traducía en promover el establecimiento de democracias parlamentarias, la apertura de sus economías y el fortalecimiento de la sociedad civil o su institucionalización [1]; lo que hicieron en Europa del Este, América Latina y han tratado de promover en Asia y Medio Oriente. No obstante, expresiones culturales locales y/o idiosincráticas, así como el historial de la política exterior norteamericana en determinada región han complicado el establecimiento de gobiernos favorables a los intereses de Washington.

La Guía de Planeación de Defensa del Pentágono 1994-1999 – DPG, Pentagon’s Defense Planning Guide– dada a conocer por el New York Times en 1993, establecía como el principal objetivo de la Gran estrategia estadounidense mantener la hegemonía de Washington, evitando la emergencia de un poder rival en Europa y el Este Asiático. Para la consecución de este objetivo la promoción de la democracia no sería suficiente, al menos no sin estar acompañada de cooperación militar o económica, pero sí sería una herramienta de presión y contención a posibles poderes emergentes o amenazas a los intereses estadounidenses, caracterizados por ser regimenes no democráticos, economías cerradas o nacionalistas.

Promover la democracia haría que el mundo fuese menos hostil hacia los Estados Unidos y eliminaría ideologías –y gobiernos, principalmente- que significaran una amenaza almundo de puertas abiertas del cual dependían[2]. Construyendo con eso un mundo estable, pacífico. Sin embargo habría que cuestionar(se) si en efecto con la expansión de la democracia el mundo es pacífico, si las democracias no van a la guerra, si hay la voluntad de compartir el modelo democrático en expansión.

El ímpetu neowilsoniano y su promesa por una paz estable y duradera dio gran legitimidad a la política exterior estadounidense convirtiéndose en un cruzado, ergo su propio basamento –la teoría de la paz democrática- era más un sofisma que una realidad de la política internacional. Las democracias no sólo han ido a la guerra, sino que han tenido conflictos álgidos entre sí, inclusive armados, la razón y el parlamentarismo no siempre han dominado en los desacuerdos.

Ante una crisis con otros Estado las democracias son tan propicias a escalar el conflicto militarmente como otras formas de gobierno no democráticas, liberales o no. De hecho un buen ejemplo de este sofisma del pacifismo democrático son precisamente los Estados Unidos y su política exterior. Y no olvidemos que muchos regimenes antidemocráticos, totalitarios o autoritarios nacieron en sistemas democrático y hasta liberales.

Para algunos autores, como Charles Kupchan, esta cruzada estadounidense por promover la democracia liberal, así como otros valores de la política internacional –el Nomos- es no sólo natural, sino benéfico para la totalidad de actores en el escenario internacional, pues el mundo es inestable y peligroso cuando las potencias luchan por la hegemonía, pero cuando una de ellas puede determinar la estructura internacional y sus valores, los demás actores no tienen opción alguna mas que atenerse a esas condiciones. De hecho la gran mayoría de los actores se ven beneficiados por esto y particularmente por la unipolaridad estadounidense pues ha encabezado acciones con un profundo y benéfico impacto en la política global y local; como la lucha contra el terrorismo o  la promoción de la democracia y de la Globalización misma. Lo que debe preocupar, advierte Kupchan, es el fin de la Era norteamericana[3].

Para que un mundo compuesto en su mayoría –o totalidad- por democracias sea realmente estable y pacífico estas deberían compartir valores, así como entender y aplicar el mismo modelo democrático. La democracia tendría que desarrollarse bajo condiciones muy similares o iguales, pero esto no es así. “Una revisión histórica de 61 países independientes, sólo tres han generado una democracia por creación independiente: Suiza, Suecia e Inglaterra. Los restantes 58 experimentaron diversos grados de influencia externa”[4], a través de sanciones, amenazas o el uso directo de la fuerza. Este es precisamente el papel que ha jugado Estados Unidos con mayor ahínco a partir del fin del orden bipolar.

El mismo trabajo señala que los veinte países que comenzaron un proceso de democratización en 1989 fueron resultado de la Pax Americana. Esto indica que la democratización no es un proceso natural de las unidades políticas y que el modelo que se implanta en alguna de ellas no es en muchos casos de acuerdo a sus condiciones, sino una adaptación –en el mejor de los casos- de la contradictoria democracia estadounidense. Y esto es porque el promotor de la democracia (liberal) está motivado por sus intereses y no por condiciones internas del país que la adopta.

Es pertinente señalar que otro factor importante para la expansión de la democracia liberal es la identificación de países con características o en condiciones similares cuando uno de ellos adopta el modelo demoliberal, pues este genera ciertos beneficios en distintos niveles, particularmente para las elites empresariales y parte de la clase política. En consecuencia poco se preocupan por matizar el modelo, sólo implementarlo esperando los beneficios del promotor pasivo.

A pesar de los conflictos que ha enfrentado Washington al promover la democracia allende cualquier frontera o frontier, este sigue siendo uno de los objetivos más importantes de su política exterior si no es que el de mayor relevancia. Lo que está a debate es la definición del proceso que se utiliza. Un enfoque sostiene que la democracia liberal podrá promoverse sólo mediante una primera etapa de promoción y expansión de los valores culturales estadounidenses, pues de lo contrario surgirán expresiones deformadas de la democracia liberal[5].

En este sentido la democracia debería limitarse a ofrecer ayuda financiera o de cualquier otro tipo a movimientos que pretendan luchar contra el autoritarismo en sus países, los Estados Unidos no deben imponer dicho modelo en donde no hay valores democráticos[6]. El problema con estos argumentos es que el objetivo de la clase política estadounidense, la élite del poder, no es promover valores democráticos per se, sino las ventajas de abrir economías y gobiernos en zonas clave de su geoestrategia. Lo que puede apreciarse al observar que en los documentos oficiales estadounidenses para la promoción de la democracia se encuentran diversas concepciones de democracia y no aclaran cuál será la utilizada para su promoción.

La cruzada estadounidense descanse en un liberalismo intolerante, totalitario que concibe la existencia de cualquier gobierno o ideología no democrático(a) como una amenaza a la seguridad, intereses y valores en –y de- los Estados Unidos. Sin embargo, la promoción de la democracia como sustento de la Gran estrategia de Washington, generó que el mundo se convirtiera en un espacio más inestable debido a las profundas resistencias locales. El excepcionalismo estadounidense que dio origen a un modelo demoliberal único imposibilitaba la exportación de dicho modelo, por lo que éste ha tenido que adecuarse a circunstancias idiosincráticas, culturales, políticas, sociales, religiosas, etcétera, particulares y –en cierta forma, en algunos casos- excepcionales, perdiendo así contenido real de acuerdo al modelo en expansión y casi de cualquier otro limitando su significado a procesos electorales y economías abiertas integradas o en proceso de integrarse a la globalización y poco nacionalistas.


[1] John O’Loughlin, Michael D. Ward, Corey L. Lofdahl, Jordin S. Cohen, David S. Brown, David Reilly, Kristian Gleditsch and Michael Shin, The Diffusion of Democracy 1946-1994, Annals of Association of American Geographers, Vol. 88, No. 4,  December 1998, pp. 545-574.

[2] Resulta fácil considerar que los acontecimientos del 9 de septiembre de 2001 daban la razón a la paranoia estadounidense por lo que resulta necesario democratizar a la mayoría de los países con regímenes inestables y volátiles, a fin de que Occidente y democracias liberales que lo componen estén seguras. No obstante, contrariamente a la teoría huntingtoniana, dichos acontecimientos fueron –en todo caso- un ataque a los Estados Unidos, un blowback por su política exterior en Medio Oriente y no una expresión de la animadversión del entorno contra la democracia liberal norteamericana.

[3] Charles A. Kupchan, The End of the American Era, US Foreign Policy and the Geopolitics on the Twenty-First Century, Council on Foreign Relations-Alfred A. Knopf, New York 2002, pp. 57-59.

[4] John O’Loughlin, Michael D. Ward et al, The Diffusion of Democracy 1946-1994, p. 9.

[5] Francis Fukuyama & Michael McFaul, Should Democracy Be Promoted or Demoted, Bridging the Foreign Policy Divide, The Stanley Foundation, June 2007, pp. 2-3.

[6] Larry Diamond, op cit, p. 27.